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Publicado el: Viernes, Julio 13, 2018 - 07:26

Barbieri, Peiró y Giribaldi, a juicio por la causa San Francisco

El exintendente, su exdirector de Viviendas y la titular de la empresa que construyó las casas de ese barrio, a través del Plan Federal, serán sometidos a juicio por malversación de caudales públicos. La Fiscala Ramos elevó el expediente y una vez que haya Juzgado designado, se dispondrá la fecha. A pesar de los intentos de declarar nulo el proceso, los imputados irán al banquillo. La pericia de la Corte Suprema, elemento fundamental de la causa.

A once años de la toma masiva del barrio San Francisco de Asís y a diez de la denuncia penal presentada por los concejales de la oposición al gobierno de Barbieri por las deficiencias en la construcción de esas viviendas, el caso llega a juicio.

El exintendente Mario Barbieri; su exdirector de Vivendas y Escuelas. Flavio Peiró; y la propietaria de la empresa constructora Giribaldi Hermanos, María Alejandra Giribaldi, enfrentarán al Tribunal en la causa caratulada "malversación de caudales públicos".

La Fiscala Viviana Ramos cerró la instrucción y elevó la causa a juicio hace más de un mes. Luego, el abogado defensor de los tres imputados, el fallecido Benito Aldazabal, intentó un último recurso para pedir la nulidad de lo actuado. Como a lo largo de todo el proceso, su pedido fue rechazado, una vez más.

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Ahora, el Juzgado de Garantías N° 1 tiene el expediente en su poder para resolver la elevación a juicio y que se asigne a los jueces que tendrán competencia en el caso, que tiene destino de debate oral y público en los Tribunales de San Nicolás.

Todos los planteos de sobreseimiento y de nulidad presentados por los imputados durante estos nueve años fueron rechazados. Para los abogados de la Comisión de Fomento, cuyos integrantes son particulares damnificados en la causa, lo que hicieron fue intentar "dilatar" el proceso.

Para que el Poder Judicial disponga fecha todavía faltan algunos pasos. La causa contiene una gran cantidad de cuerpos con documentación y testimonios, y además conlleva un planteo de acción civil en el proyecto penal, algo contemplado en el Código pero no habitual. Ello significa que el Juzgado actuante tendrá una especie de doble trabajo.

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"Cerré la imputación con los decretos con los que se movían y el control que la auditoría de Buenos Aires tenía que hacer y los pagos hechos, aún con estos daños que presentan las viviendas", explicó Ramos a La Opinión respecto de la elevación a juicio.

La Fiscala consideró, una vez más, que la pericia de la Corte Suprema firmada por el arquitecto Carlos Fuchs "es contundente" y que es "lo medular" de acusación, ya que, explicó, "marca los daños que había, que hicieron modificaciones no autorizadas, además de que el daño es palpable en las viviendas".

"Los imputados dicen que aplicaron un paquete cerrado, pero no: hicieron modificaciones", aseguró Ramos, quien confirmó que la defensa de Barbieri, Peiró y Giribaldi buscó "declarar nula esa pericia, pero sigue vigente porque no ha sido rebatida por una pericia de parte, que no existe".

En su informpe pericial, Fuchs estableció que “la calidad de las viviendas objeto del presente estudio pericial, en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas”.

"En un caso de estas características, esas cuestiones técnicas son muy importantes. Si bien ese informe no es vinculante, sí es determinante", señaló Ramos. El arquitecto de la Corte Suprema deberá declarar como testigo en el juicio, para explicar esa pericia.

Ante el fallecimiento de Benito Aldazabal, los imputados deberán informar quién será su abogado defensor particular o si irán a juicio con un defensor oficial. En el debate oral y público —que pidan juicio abreviado para evitarlo es una posibilidad, aunque en Fiscalía entienden queno lo harán— habrá un verdadero desfile de testigos.

La causa comenzó con una denuncia del bloque del PJ en 2008. Los tres imputados están acusados del desvío de los fondos aportados por el Gobierno nacional para la construcción en 2007 de 288 viviendas en el usurpado barrio San Francisco y 21 en el barrio Los Andes.

Desde el primer día, la defensa sostuvo que se trata de "una causa política" y que "revive cada vez que hay elecciones". Cada vez que se lo consultó, Barbieri repitió: "Yo sigo pensando de la misma manera: esto forma parte de la intencionalidad política que se evidencia desde el primer día de la causa".

“La Empresa Constructora Giribaldi Hnos. recibió pagos por trabajos no realizados y por otros realizados defectuosamente y es evidente que debió haber una retribución hacia los funcionarios públicos que certificaron las obras y las pagaron” sostuvieron los abogados de la querella, ambos reconocidos dirigentes kirchneristas, Valentín Mastrángelo y Nicolás Macchia.

Barbieri prestó declaración indagatoria —que en términos jurídicos es el primer gran momento de defensa para un imputado— recién en 2016, tras varios intentos de su abogado por evitarlo, aunque el exintendente aseguraba estar "ávido" por declarar.

Allí recordó la usurpación de viviendas —cuya causa, iniciada por la Municipalidad, fue archivada—, habló de las intencionalidades políticas de la denuncia y cuestionó al exfiscal Federal Juan Patricio Murray, quien tuvo a su cargo el expediente al principio, a quien acusó de tener "ensañamiento político" con él.

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