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miércoles, enero 26, 2022
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Barbieri, Peiró y Giribaldi, a indagatoria por la causa San Francisco

La Justicia ordenó a la Fiscala Viviana Ramos que dé “agilidad” y “celeridad” a la causa. En ese marco, el Fiscal General señaló que los tres imputados deben ejercer su derecho a la defensa y pidió a la titular de la UFI 11 que les tome declaración indagatoria.

 

El Fiscal General Héctor Tanús dio un paso más para que la causa por la construcción del barrio San Francisco avance, luego de que el Tribunal de Casación rechazara el último recurso de los imputados Mario Barbieri, Flavio Peiró y Alejandra Giribaldi de evitar la investigación de los hechos denunciados por el bloque del PJ en 2008 en relación a las viviendas que un año antes habían sido ocupadas de manera masiva a semanas de las elecciones.

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Tanús resolvió ordenar que “se imprima mayor celeridad” a la instrucción y pidió a la Fiscala Viviana Ramos, quien recibió la causa en diciembre de 2014, que en el término de 40 días hábiles desde su regreso tras licencia por vacaciones llame a declaración indagatoria a los acusados.

No más dilaciones

Tanús entiende que la gravedad de los hechos denunciados, la cantidad de damnificados, el daño presuntamente causado, la trascendencia pública del evento y el interés público en juego “repugnan y reclaman el peso de la Justicia”.

Las palabras del Fiscal General parecen imbuidas del espíritu “justiciero” que desde el cambio de gobierno existe en el ámbito nacional, que ayer se sorprendió con la detención del segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, a la sazón, ministro responsable del financiamiento de las obras cuestionadas en el expediente.

En la resolución, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás considera que la instrucción de la causa debe ser profunda y eficaz, y que por el contrario ha sido lenta, lo que no garantiza el debido proceso de los acusados, que hace ocho años que están sospechados sin que siquiera se haya podido cumplir con ese acto básico de la defensa: la declaración indagatoria.

Claro está que primero las excusaciones de los imputados y luego las dilaciones que interpuso su abogado defensor Benito Aldazábal demoraron bastante el proceso. Aun así, Tanús cargó contra el Fiscal Marcelo Manso –quien tuvo a su cargo el expediente durante 2011 y 2014– y consideró que “no avanzó” por “demasiado” tiempo en la investigación, a pesar de “la gravedad del hecho”.

“Es notoria y tremenda” la “elongación del tiempo”, dice en los considerandos de la resolución del Fiscal General, quien reafirma que Barbieri, Peiró y Giribaldi tienen “el derecho” a “ser juzgados en tiempo razonable”.

Una denuncia “política”

La causa comenzó con una denuncia del bloque del PJ en 2008 y tiene como imputados al exintendente y actual presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri, a su exdirector de Viviendas Flavio Peiró y a la presidenta de la empresa constructora Giribaldi Hermanos, María Alejandra Giribaldi.

Los tres están acusados del desvío de los fondos aportados por el Gobierno nacional para la construcción en 2007 de 288 viviendas en el usurpado barrio San Francisco y 21 en el barrio Los Andes.

El mes pasado, La Opinión dio a conocer un fallo del Tribunal de Casación que rechazó el recurso presentado por la Defensa para que la causa fuera declarada prescripta, lo que le dio nuevo impulso a la investigación, que ahora tiene una medida que pide “celeridad”.

Para el Fiscal General, la gravedad de la denuncia -que Barbieri siempre calificó de “política”- obliga a que la Justicia trabaje con agilidad sobre el tema con el objetivo de llegar al juicio oral, puesto que es allí donde se establecerán o deslindarán las responsabilidades que le pudieran caber a los acusados.

A través de los abogados Nicolás Macchia y Valentín Mastrángello –ambos referentes locales del kirchnerismo de paladar negro–, la Comisión de Fomento del barrio tomado pidió la elevación a juicio de la causa y acusó a la “Empresa Constructora Giribaldi Hnos. recibió pagos por trabajos no realizados y por otros realizados defectuosamente y es evidente que debió haber una retribución hacia los funcionarios públicos que certificaron las obras y las pagaron”.

Para esa afirmación se apoyaron en el informe del Perito Tasador Oficial de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Eduardo Fuchs, que estableció que en las viviendas existen una serie de modificaciones y quitas que no fueron especificadas a lo largo del proceso de construcción de cada etapa de la obra. “Se ignora cuáles fueron los motivos que originaron los cambios introducidos y la eliminación, toda vez que no fue hallada entre la documental disponible”, afirmó.

Todas esas falencias “definen de manera taxativa tanto la falta de aptitud técnica como la escasa calidad e insuficientes condiciones de confort de las viviendas que, sin perder de vista el carácter económico con el que han sido concebidas, se puede concluir que no cumplen con los estándares de calidad, ya que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para viviendas de interés social”, señaló el perito sobre la obra, cuyo costo final fue de 15.502.311,74 pesos.

Fuchs concluyó en su informe que “la calidad de las viviendas en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad”. Es decir que faltó plata.

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