Bajada al Puerto: una historia de medidas para beneficiar a un privado
La polémica instalada por la insólita decisión del Juzgado de Faltas de desalojar y demoler las viviendas ubicadas al pie de barranca debajo de la construcción del hotel Azahar Spa tiene una larga historia de decisiones políticas que no tuvieron en cuenta a los habitantes históricos de la zona, a la belleza natural de la ciudad ni a la legislación provincial vigente. El “interés superior”, el “progreso” y las “fuentes laborales”, las razones que prevalecieron.
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Los vecinos de la Bajada al Puerto que fueron notificados por el Juzgado de Faltas para desalojar sus viviendas antes de que sean demolidas porque están son “construcciones no permitidas en zona de alto riesgo por peligro de amenaza a la seguridad de personas y propiedades” apelaron la decisión que Fabián Rodríguez tomó luego de que el Gobierno municipal enviara a un inspector de obras a constatar que en ese lugar había casas que no debían estar, justo cuando el hotel que se construye arriba de la barranca comienza la última etapa de la obra de la planta depuradora prevista.
Mientras tanto, la empresa continúa con las tareas. Hay máquinas que mueven suelo al pie de la barranca, más allá del alambrado que separa al Hotel de las viviendas que pretenden demoler.
De la misma manera, hay movimientos, con laacumulación de tierra por encima de la casas, lo que los vecinos denuncian desde que comenzó la obra hace casi diez años, porque esas labores provocaron deslave y derrumbes que afectaron sus hogares.
El lunes, el accionar de las máquinas rompió un caño y el barro comenzó a bajar hacia el predio en disputa, con las consecuentes quejas de los vecinos. La reparación fue inmediata y calificada como un accidente.
Apelar y resistir
La apelación demora la decisión del Juez de Faltas, mientras los vecinos buscan agotar instancias de negociación. La semana pasada fueron recibidos por el Secretario de Gobierno Silvio Corti, quien les habló como si el Juez de Faltas perteneciera a un poder independiente y como si no hubiese sido el propio gobierno que representa el que envió al inspector a labrar las actas de infracción, que ni siquiera hicieron firmar a los habitantes de cada vivienda.
“No consta ningún tipo de informe técnico que determine riesgo de desmonoramiento”, señalaron en la apelación presentada con asistencia del concejal del Frente Renovador Ariel Ramanzini, quien se mostró muy preocupado por los derechos de los vecinos aunque su historial de actuación política de casos en los que está el interés particular privado lo ha visto más veces del lado de los empresarios y de la pretendida “seguridad jurídica” para las inversiones.
La apelación también advierte que la decisión del Juez de Faltas no “pondera la situación y crisis actual y pone en riesgo la paz social de los vecinos que habitan el lugar, quienes no poseen otro medio para vivir ni para trabajar”.
Como sucedió con todos los que analizaron el tema, el texto dice que “llama poderosamente la atención que solamente haya habido inspeccionesen nuestras casas cuando la realidad es que toda la zona de barrancas se encuentra en igualdad de condiciones”.
En la apelación no se privaron de cuestionar al gobierno de Cecilio Salazar. “La continuidad de decisiones políticas desacertadas y la improvisación constante y carente de sensibilidad social nos lleva a la desesperada situación que estamos pasando. No se tiene en cuenta al ser humano, al trabajador, al que toda la vida estuvo en el lugar y puede probarlo, y por sobre todas las cosas la descarada mentira de que todas las construcciones se encuentran en riesgo”, finaliza.
Voces contra una decisión polémica
La resolución del Juez de Faltas provocó que diversas voces se levantaran en contra en diversos ámbitos. Llamó la atención que aunque el concejal Ramanzini asistió a los vecinos –hasta se comprometió a viajar a La Plata para ver en Catastro la situación de los terrenos– no hubo debate en la sesión del jueves pasado en relación al tema.
Eso sí, en off todos hablan. Desde los concejales de la oposición –con extraña tendencia a cuestionar con dureza al gobierno en privado pero con un discurso que va del silencio a la tibieza en público– hasta exfuncionarios que formaron parte del Ejecutivo o del Concejo en tiempos en los que se firmaron y aprobaron en sesión, con sendas modificaciones a la legislación vigente para favorecer el desarrollo del proyecto.
Uno de los hombres que más cerca estuvo de las negociaciones primigenias con la empresa Polo Industrial S. A. del Grupo Maxiconsumo dijo que “hay dos opciones” en la decisión del Juez de Faltas: “O desconoce absolutamente todo o bien es parte de una estrategia que desconocemos, pero su resolución es improcedente e impracticable, la gente no se va a ir y no la van a poder sacar por la fuerza, sería un escándalo”.
“Tenemos que ver la tierra de quien es, quien tiene el dominio. Si es el estado provincial, nacional o municipal. Es gente que esta hace más de 50 años viviendo ahí y los notifican de que construyeron sin permiso, es una barbaridad”, opinó la abogada Mirta Cardoso, otra de las voces que se alzaron contra la resolución.
Por su parte, el exconcejal Matías Velo, quien en su momento propuso suspender las excepciones a la ordenanza San Pedro 200, consideró: “Evidentemente para San Pedro hay usurpadores de primera, a los que no se los puede tocar, y de segunda, a los que dejan en estado de ‘vulnerabilidad’.Juro que me da vergüenza ajena leer noticias de estas características y peor aún en boca de un abogado (por el Juez de Faltas),le están errando feo”.
Una historia de beneficios
La primera medida legislativa para modificar las condiciones del terreno donde se emplaza la construcción del hotel data del año 2005, cuando el Concejo Deliberante aprobó una modificación a la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la denominada San Pedro 2000, a pedido del Automóvil Club, que procuraba vender ese inmueble para construir un autódromo.
Los terrenos estaban en una zona denominada “Residencial Paisajístico”, por lo que se necesitaba hacer una excepción para el destino del predio. El Gobierno de Barbieri dictaminó que la reforma no afectaba el sentido de la norma y ponderó que la obra venía a reforzar una “demanda insatisfecha” respecto de la capacidad hotelera y las “posibilidades de empleo” que implicaba.
El argumento del “bien común” decía que de no permitir la obra se tendería a “inmovilizar los patrimonios en juego y a desalentar la acción del progreso”.
La segunda medida fue desafectar del uso público la calle 36, entre 9 de Julio y Máximo Millán, y cerrarla para la unificación de las manzanas que utilizaría el hotel. En esa misma ordenanza autorizaron construir por 15 metros, ocho más de lo permitido. Luego modificaron ese artículo para elevarlo a 19,4 m, que es lo que mide el lobby de acceso.
Para justificar esta decisión, el gobierno de entonces señaló que para lograr la cobertura de todos los servicios planificados, la empresa necesitaba construir un subsuelo, planta baja y tres pisos.
El argumento, una vez más, fue que el emprendimiento “colocaría a San Pedro como una alternativa sumamente interesante” y que mejoraría “considerablemente el turismo”.
Además, señalaban que la construcción“daría trabajo temporal amás de 200 personas y no menos de 70 puestos de trabajo efectivo para el funcionamientocotidiano” del hotel.
La “recuperación de barrancas” implicaría “un marco de altísimo nivel arquitectónico agregaban”. La remoción de tierra del corazón de la barranca fue motivo de numerosas críticas y nunca fue expuesto públicamente el estudio de impacto ambiental necesario para una obra de esas características.
Con la tierra removida para lo que hoy es el subsuelo, rellenaron la cresta de barranca, por lo que ampliaron el terreno, cuya superficie no está informada en la ordenanza de cesión, donde sólo aparece la nomenclatura catastral. Ese avance es uno de los motivos por los que las viviendas ubicadas al pie comenzaron a recibir barro ante las lluvias, algo que no les había sucedido en 50 años.
La última ordenanza fue la de concesión del espacio público municipal, que implicaba el desalojo de las viviendas ubicadas “en el borde de las barrancas en una zonadeclarada de emergencia”, tal como dice la norma aprobada.
El canon por esa concesión fue de 400 mil pesos pagaderos en diez cuotas para “solventar la construcción de 15 viviendas”, las que hoy forman el barrio San Julián, denominado así por el nombre que llevaba el hotel en construcción hasta que lo cambiaron a Azahar Spa.
“Un emprendimiento de estas características provocaría un importante crecimiento en una zona que hoy no forma parte todavía del valor turístico de San Pedro”, decían los considerandos, que una vez más destacaban “los trabajos de mejoramiento de las barrancas”.
La concesión, escribieron los impulsores de la ordenanza, permitirían que las familias que se encontraban en el sector solucionaran“definitivamente su problema habitacional” y que la empresa pudiera“invertir aún más en el proyecto hotelero ya aprobado”.
Esa ordenanza habla de viviendas ubicadas sobre la barranca “construidas en forma muy precaria y muchas de ellas en ruinosa situación”, pero nada dice de las del pie, que de todas maneras fueron incluidas, al punto de que la empresa alguna vez quiso alambrar con la gente adentro.
La última decisión de las autoridades fue la que promovió el gobierno de Cecilio Salazar, cuya Secretaría de Obras Públicas envió a un inspector a constatar la existencia de las viviendas en el pie de barrancas y labrar un acta de infracción con la que el Juez Fabián Rodríguez aplicó el Código de Faltas municipal y decidió la demolición.
