Avances en la denuncia por “las casitas de Barbieri”
La Corte Suprema de Justicia elevó el informe de peritaje contable y arquitectónico sobre la construcción del barrio San Francisco. Considera que “la calidad de las viviendas no se condice con la asignación atribuida” a cada casa. El Fiscal Murray estudia la posibilidad de imputaciones por “fraude a la administración pública”.
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El barrio San Francisco cumple por estos días dos años de su toma masiva, antes de las elecciones de 2007. Mientras esa causa sigue su curso y está estancada en la apelación sobre el dictamen de la Justicia que considera que “no hay delito de usurpación”, avanza la denuncia que el bloque de Concejales Justicialistas realizara ante la Justicia Federal a raíz de los reclamos de vecinos –muchos de ellos adjudicatarios– sobre las malas condiciones de construcción de las viviendas.
Las 309 unidades –288 en la zona de la ex quinta Picagli y 21 en cercanías al Club Los Andes– se construyeron bajo el Plan Federal, que otorgó unos 15 millones de pesos para su desarrollo. El total asignado a cada unidad asciende así a unos 50.000 pesos. El bloque Justicialistas consideró en su denuncia que en realidad “no tendrían un costo mayor a 30.000 pesos cada una” y estarían faltando “unos seis millones de pesos”, según expresó en su oportunidad el Concejal Sualdea.
La denuncia se formuló en julio de 2008 y a partir de allí la Municipalidad fue allanada en varias oportunidades para secuestrar documentación. También hubo peritajes por parte de un arquitecto de la Corte Suprema de Justicia, cuyo informe junto al de los contadores y tasadores de ese organismo fue elevado esta semana al Fiscal Federal Juan Patricio Murray.
El informe es lapidario con Barbieri y Peiró. En su párrafo final es elocuente respecto de la consideración que los responsables de la investigación hicieron sobre el proceso de construcción de las viviendas del San Francisco: “La calidad de las viviendas no se condice con la asignación atribuida a cada unidad en el marco del Plan Federal”.
Murrray, que tiene a su cargo la investigación en el fuero Federal, informó a La Opinión que está “evaluando el informe, para saber si existen méritos para definir imputaciones o no; en el caso de que haya, ver los responsables del ilícito y elevar la causa a la Justicia Federal, bajo la hipótesis de fraude a la administración pública nacional”. Los que están en el eje de la investigación son el Municipio, el Instituto para la Vivienda provincial y la empresa Giribaldi Hnos., que tuvo a su cargo la construcción del barrio cuyas unidades quedaron sin terminar a raíz de la toma.
Los Concejales Justicialistas se mostraron herméticos ante los requerimientos de la prensa y anunciaron que realizarán una conferencia de prensa para comunicar sobre los pasos a seguir tras el informe. Sólo dijeron que el texto “es lapidario con Barbieri y Peiró” y confirmaron lo expuesto sobre la mala calidad de las viviendas que aduce el peritaje.
Dos años en veremos
La toma masiva del barrio San Francisco se produjo días antes de las elecciones de 2007. Desde entonces, la problemática sobre esas viviendas sigue sin resolverse.
En principio, la Jueza de Garantías María Laura Vázquezm dictaminó el desalojo, pero con reservas, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad social de muchas de las familias en situación de toma. Aun así, la orden era desalojar, al menos las 24 casas que tenían adjudicatarios. El resto de las viviendas quedaría en espera, con la posibilidad de que los ocupantes pudieran ser adjudicados en la medida en que cumplieran con los requisitos del Plan Federal.
La causa está sin movimiento desde Mayo. El dictamen de Vázquez fe apelado por Ganón y la Cámara revocó la sentencia y dicataminó que “no hubo usurpación”, es decir no hay delito. EL Dr. Xavier López, a quien la Municipalidad le paga 2.000 pesos por mes para que siga la causa, analizaba la posibilidad de ir a la Cámara de Casación, aunque los antecedentes del caso dan lugar para que Casación se expida en el mismo sentido de la Cámara de Apelaciones. “Si no podés acreditar ingreso por la fuerza, no hay usurpación, por eso la cámara revoca el fallo”, explicó la Asesora Letrada municipal Paola Basso.
Por lo tanto, la causa penal podría no avanzar mucho más. Lo que sí puede haber son demandas civiles por parte de los beneficiarios, aunque muchos manifestaron que no lo harán, porque no quieren ir a vivir a un barrio que se transformó en uno de los más conflictivos de la ciudad.
