El próximo 11 de agosto se cumple un año de la detención del abogado sampedrino Patricio Serjal, exfiscal regional de Rosario, cuya causa atravesó distintos períodos pero siempre bajo la misma figura judicial y con el imputado apresado. Durante la instrucción al abogado se le renovó la prisión preventiva en cuatro oportunidades, una situación que no guarda muchos precedentes, aunque ante cada una su defensa, en ese momento a cargo del estudio Lima, efectuó diversas presentaciones que causaron efecto.
El pasado 8 de julio, cuando la jueza de primera instancia Eleonora Verón resolvió ampliar la prisión preventiva de Serjal por 90 días más, a la vez, hizo lugar a una secuencias de beneficios que están relacionados a la salud del abogado procesado quien desde hace tres meses venía cumpliendo con una medida de arresto domiciliario monitoreado con una pulsera electrónica.
el juzgado habilitó al letrado sampedrino para que tenga dos salidas recreativas por semana
Ahora, no solo que se reafirmó la decisión de mantener el pedido de la defensa de Serjal sino que se le amplió en distintos aspectos, pero con el mismo propósito. Desde esta semana el juzgado habilitó al letrado sampedrino dos salidas recreativas por semana y por un tiempo de dos horas y medias. Por otra parte, se le agregó un tercer día para que pueda continuar con su tratamiento de salud en forma presencial y no virtual como lo venía haciendo hasta la semana anterior.
La otra medida que se incorporó a las solicitudes del acusado tiene que ver con la extensión de la pulsera electrónica para poder trasladarse hasta la puerta de entrada del edificio en el que vive sin límite horario, cuando anteriormente no podía salir de su propio departamento.
La Justica santafesina fijó fecha de la próxima audiencia para el 6 de octubre del corriente año.
Serjal permanece detenido con arresto domiciliario desde febrero cuando el juzgado hizo lugar a su pedido. En esa oportunidad un equipo médico evaluó el estado de salud del abogado, quien cumplía con el arresto en una penitenciaría de la ciudad y con el visto bueno de los profesionales de la salud se lo autorizó a que inicie un tratamiento desde su casa.
La causa tiene a siete personas imputadas y el sampedrino está acusado de ser parte de una asociación ilícita que regenteaba salas de juego ilegal en la provincia de Santa Fe, donde presuntamente cobraban coimas para proteger a los empresarios que ejercían esa actividad ilegal.
