Aunque le negaron el permiso, Victorero ordenó construir en la casona usurpada de Belgrano y San Lorenzo
El sindicalista es uno de los que asegura tener derechos posesorios sobre la casona de la familia Simonini Sarmiento que el Estado local reclama como propia tras “redescubrir” un decreto del año 82 que la expropió a favor del municipio. En el lugar hay materiales para construir una casa y los trabajos ya están en marcha, a pesar de que en Obras Públicas le denegaron la autorización que fue a solicitar. Aun así, Coopser le instaló el medidor en la obra.
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El lunes al mediodía La Opinión certificó que la obra en construcción que se sospechaba comenzaría pronto en la esquina de Belgrano y San Lorenzo, donde está ubicada la casona de la familia Simonini Sarmiento estaba en marcha. Ladrillos, arena, cemento y otros materiales, junto al personal daban cuentas de que allí hay una obra.
Más tarde, este semanario supo que se trata de una casa que ordenó construir el extitular del sindicato Luz y Fuerza y de la CGT local Miguel Victorero, uno de los que aseguró haber comprado derechos posesorios sobre ese inmueble, que se encuentra en litigio en el marco de una causa por usurpación que inició el propio municipio cuando en abril pasado quiso ir a tomar posesión de la casa tras “redescrubrir” que hay documentación que avala la propiedad estatal.
Victorero contrató albañiles y la Coopser le puso un medidor de electricidad para que pueda desarrollar los trabajos, que están en el estado en que las imágenes publicadas en esta edición muestran. Lo que no hay es expediente municipal de obra. Ni más ni menos que porque no está autorizada y no sólo eso: el Gobierno rechazó el permiso solicitado por el sindicalista.
“El que avisa no traiciona”
Miguel Victorero presentó un escrito personalmente en Obras Públicas para solicitar la apertura del expediente y el permiso de obra, con planos confeccionados por un arquitecto al que contrató para tal fin.
En la subsecretaría que conduce Carlos Codern notaron al instante que se trataba del inmueble reclamado en abril, por lo que solicitaron un informe al Director de Asesoría Letrada José Macchia, cuya respuesta fue taxativa: ese predio es municipal y hay una causa judicial para reclamar la restitución porque se considera usurpado.
Con el informe de Letrada en la Mano, Obras Públicas le respondió a Victorero para denegarle la autorización. “Se lo notificó que no se le puede habilitar el inicio de obra ni hacer expediente porque se trata de un inmueble municipal”, informaron desde la Subsecretaría.
Por lo visto, a Victorero le importó bastante poco la negativa y prosiguió. Contrató un albañil y consiguió el medidor, no se sabe si por sus buenos contactos o porque no le pidieron toda la documentación, ya que el plano de obra firmado por la Municipalidad es uno de los requisitos, llevó los materiales y comenzó la obra, cuyo destino es, por lo menos, la clausura.
Cuando este semanario consultó a quienes estuvieron cerca de la denegación del expediente, el relato en “off the record” fue coincidente: “El muy caradura vino a buscar el permiso municipal. Ahora, más caradura todavía, se pone a construir aunque se lo negaron”.
Usucapir, un verbo conocido
La casona Simonini Sarmiento fue expropiada junto a otros inmuebles por el intendente de facto Luis Eduardo Donatti, quien firma el decreto junto a su entonces secretario de Gobierno Pascual Vitale, el escribano Hugo Olivieri y una funcionaria del Registro de la Propiedad de nombre Ana María Di Conno.
En 2002, el Gobierno de Barbieri encontró esa documentación y la familia Simonini Sarmiento pidió una revocación del decreto original. Pasaron los años y el Foro de Seguridad recordó la condición de propiedad municipal del inmueble. Tras ello, el Gobierno de Giovanettoni quiso tomar posesión y se encontró con una familia adentro.
Se trata de la familia de un conocido imprentero, quien dice haber comprado los derechos posesorios por “60 mil pesos y un local en el barrio La Providencia”, local que por cierto tampoco le pertenecía.
El otro que compró derechos posesorios es Miguel Victorero, quien dejó asentada esa operación en la escribanía de María Gabriela Botta de Ramanzini.
Cuando La Opinión lo consultó en abril pasado, dijo que iba a iniciar el proceso judicial para usucapir el bien, es decir hacer valer la posesión veinteañal para reclamar el inmueble.
En ese momento, cerca suyo dijeron que había comprado “de buena fe” y “como marca la ley”, aunque a un precio irrisorio para tamaña propiedad en un lugar privilegiado.
Su plan siempre fue usucapir bajo el argumento de que la Municipalidad nunca hizo nada después de firmar el famoso decreto del 82 y que además ese instrumento administrativo fue rubricado por un gobierno de facto, lo que implica que puede discutirse su validez.
Lo que nunca dijo es que no esperaría a que la Justicia le diera la razón para empezar a construir. El Gobierno tiene la potestad de ir a clausurarle la obra pero está en duda si puede tirar abajo lo que construya. Comienza otra etapa que deberá dirimir el Poder Judicial, en una ciudad donde la impunidad inmobiliaria es moneda corriente.
