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Edición 1448
Publicado el: Miércoles, Enero 8, 2020 - 11:17

Aumentaron las tasas pero los concejales no se bajaron las dietas, “congelaron” por seis meses en el máximo permitido por ley

El gobierno de Cecilio Salazar contará con 1.747 millones de pesos para administrar durante 2020. Representan más de 74.000 dólares por día para toda la administración municipal con recursos de coparticipación, fondos especiales y recaudación propia.

Según reconoció la gestión, el 2019 terminó con un déficit superior a los cincuenta millones de pesos. La novedad fue comunicada por el propio Secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez, tras zanjar la discusión que se produjo con la devolución del cálculo de recursos para el ejercicio 2020 por “los groseros errores” en los que incurrieron para su elaboración. Sucedió a horas de la sesión en la que debía aprobarse el aumento de tasas y en el seno de la Comisión de Presupuesto que lideran los ediles oficialistas Iván Paz, Juan Pablo Ruozi y Martín Pando, en la que además ofreció explicaciones sobre la creación de una nueva tasa que también había sido observada por la oposición y que formó parte del debate en el recinto porque aún no está claro el modo en que podría aplicarse un canon a los autos que circulan por el peaje de Ruta 9 en compensación por los servicios de emergencia en salud que prestan las comunas como la de San Pedro.

Cómo y quiénes aprobaron el aumento de tasas
El último viernes de diciembre la asamblea de concejales y mayores contribuyentes trató la ordenanza impositiva, que incluye aumentos de tasas para 2020 del orden del 39 por ciento en los principales gravámenes, y fue aprobada por un total de 21 votos contra 11.

Los 12 concejales del oficialismo y nueve de los 14 mayores contribuyentes levantaron la mano para acompañar el aumento, que generó una confrontación con el bloque opositor y con los vecinos que formaron parte de la asamblea y sufragaron en contra.

Una de esas voluntarias fue Liliana Montero, la profesora de historia que es también vocera del grupo “La Vecindad” y recibió el tristemente famoso mote de “4 de copas”. La docente hizo referencia a la cantidad de contribuyentes que sostienen, con el pago de sus tasas, el funcionamiento del Estado local, y señaló que "hay quienes no pagan porque no pueden" pero también quienes "especulan" o no pagan "porque no quieren".

El más aplaudido fue Carlos Collaretti, otro que se inscribió sin “padrinazgo partidario” y se quejó por el "costo de la política". Con un notable tono de cansancio e indignación logró hacer resonar el concepto de “ética” que en otros tiempos le era muy familiar a los radicales cuando cobraban un peso simbólico o un sueldo similar al de un empleado municipal: "Hablamos habitualmente del costo laboral de una persona que cobra 25, 30 mil pesos, por trabajar ocho horas”, ilustró en principio para comenzar la comparación con la labor de los ediles y disparó: "¿Es ético que ustedes nos apliquen este 39 % de aumento cuando no están dispuesto a hacer el más mínimo sacrificio? Les pido que analicen sus conciencias, porque es vergonzoso y no hay grieta que valga, mientras los ‘cuatro de copas’ mañana seguimos trabajando".

En otro tramo de su intervención dirigió su mirada a las bancas de oficialistas y opositores para decir: "El aumento que se está proponiendo es una propuesta del intendente Salazar, que baja a este recinto para que los concejales lo aprueben, pero nada dicen de que el sacrificio que le piden a la gente lo van a acompañar el intendente, los funcionarios del gabinete y los ediles que tengo a mi derecha y a mi izquierda". Sus palabras fueron poco antes de que la presidenta del cuerpo anunciara que el Jefe Comunal y su gabinete habían resuelto congelarse por seis meses sus sueldos, gesto que imitó el Concejo Deliberante y que La Opinión ya advirtió que fue planteado de manera engañosa puesto que seguirán percibiendo el máximo permitido por ley con un costo base de 114.000 pesos por edil tal como está fijado en el presupuesto que votaron en aquellos famosos 28 segundos y sin debate oficialistas y opositores.

Además de Montero, Collare-tti y Valentín Mastrángelo que aprovechó para destacar varias irregularidades en la administración de los dineros públicos, también votaron en contra los mayores contribuyentes Roque y Miguel Ángel Díaz. A favor, levantaron la mano para aprobar el aumento de tasas Verónica Almada, Daniel Gordillo, Eduardo Birador, Miguel Bonetti, Sergio Ferragut, Jorge D'Andrea, Héctor Díaz y Fernando Panciroli.

"Pasan los años, los gobiernos, los concejos y los grandes temas siguen sin tratarse, nadie habla de eso, mientras tanto los ciudadanos que cumplimos estoicamente seguimos haciendo el esfuerzo", había dicho Collaretti como corolario de esas calurosas horas que pasaron con aire acondicionado en el recinto en la misma jornada en que los jubilados que perciben la mínima esperaban bajo el rayo del sol el bono de 5000 pesos que otorgó el Anses para sobrellevar la durísima crisis a las que están sometidos los abuelos.

Sueldos congelados
El gobierno municipal decidió congelar los sueldos del intendente y de los funcionarios del gabinete por seis meses, en el marco de la emergencia económica nacional, una decisión que ya tomaron varios jefes comunales de la provincia de Buenos Aires de diversos signos políticos.

Los haberes que perciben secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y coordinadores serán desacoplados de los incrementos que en el transcurso del primer semestre del año obtengan los empleados municipales.

Los sueldos del gabinete quedarán, entonces, por seis meses en los siguientes valores brutos: $ 106 mil los secretarios; 92.600 los subsecretarios; $ 79.500 los directores; 66.900 los subdirectores; 48.000 los coordinadores. En cada caso hay que deducir las retenciones de ley para calcular lo que perciben de bolsillo.

La medida incluye el sueldo del jefe comunal, que está fijado por ley y aparece en el Presupuesto 2020 que el Concejo Deliberante aprobó e 27 de diciembre. El mismo día en el que se evitó que trascienda un importante robo de recaudación a una empleada municipal (ver página 6).

Según ese cálculo de recursos y gastos, en enero el sueldo del intendente superará los 390 mil pesos. El monto surge de sumar el sueldo fijado por el presupuesto y gastos, de casi $ 355 mil más el 10 por ciento que fue dispuesto como "gastos de representación".

El importe del sueldo básico del intendente se fija de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades, que indica que los intendentes como el de San Pedro, con 18 ediles, percibirán 14 veces el sueldo mínimo de un trabajador ingresante del escalafón administrativo.

Ese monto, con el que también se calculan las dietas puras de los concejales —que además cobran una bonificación que perciben los empleados municipales y la antigüedad en el Estado que cada uno pueda demostrar—, es de poco más de 24.600 pesos.

Según la última liquidación de sueldos, correspondiente a noviembre, el intendente Cecilio Salazar cobró de bolsillo $ 202.666,21, puesto que al sueldo bruto de $ 376.433,09 que le corresponde por ley le retuvieron, por todo concepto, $ 173.766,88.

En la provincia de Buenos Aires, con Salazar, ya son al menos siete los intendentes que decidieron tener un gesto de austeridad para con su comunidad y congelaron, redujeron o dejaron sin efecto sus sueldos para contribuir a enfrentar la crisis que afecta al país, la provincia y los municipios.

En Chivilcoy, el excomisario de San Pedro y jefe comunal Guillermo Britos congeló su sueldo y el de sus funcionarios hasta el 30 de junio próximo para "dar el ejemplo de arriba hacia abajo". "Si todos los que tienen menores ingresos están en emergencia, claramente nosotros tenemos que dar el ejemplo", señaló. Dijo que su sueldo es de 130 mil pesos por mes y además cobra su jubilación como retirado de la policía.

En Las Flores, el intendente Alberto Gelené, del Frente de Todos, renunció a su remuneración como jefe comunal y sólo seguirá percibiendo sus haberes jubilatorios. Cobraba 170 mil pesos por mes.

En Coronel Suárez, el mandatario municipal Ricardo Moccero admitió en conferencia de prensa que su municipio está inmerso en una profunda crisis y congeló, a partir de enero, los sueldos de todos los funcionarios políticos.

En San Pedro, al inicio de su gestión en 2015, el intendente Salazar había reducido su propio salario y el de los funcionarios del gabinete. El Tribunal de Cuentas le llamó la atención porque no podía modificar por decreto lo que, en su caso, indica la ley.

Respecto de los sueldos de los miembros del gabinete, en agosto, y sin publicar los decretos correspondientes —lo hicieron luego de que La Opinión revelara el incremento—, el gobierno aumentó a casi el doble a sus funcionarios y, desde entonces, siguieron percibiendo incrementos ante cada paritaria.

En el último movimiento de funcionarios que hizo Salazar, lejos de reducir los sueldos políticos los incrementó: la exsecretaria de Desarrollo Humano Karina Chiarella fue reemplazada por tres funcionarios: el secretario Walter Sánchez; la subsecretaria, Laura Monfasani; y el director de Asistencia Directa, José Franchini. Chiarella tenía, como todos los secretarios, un sueldo bruto de $ 105.915,53. Entre los tres funcionarios designados para reemplazar su tarea suman ahora más de 280 mil pesos en salarios brutos.

Tanto en el caso del intendente como en el de los funcionarios de su gabinete y los concejales, sus sueldos suben en el mismo porcentaje en el que lo hacen los de los empleados municipales. Los sindicatos que representan a los trabajadores ya comenzaron a pedir aumento salarial para 2020 y en las reuniones les informaron que dependerán de fondos extra que envíe el gobernador Axel Kicillof para hacer frente a esa erogación.

Luego de que el Ejecutivo anunciara el congelamiento, los concejales también se sumaron a la ola de "gestos de austeridad" ante la crisis. A pocas horas de la sesión en la que trataron el aumento de tasas y el Presupuesto 2020, ingresó un proyecto de decreto para que sus "indemnizaciones" queden igual a como serán desde enero, cuando se aplique el último porcentaje de aumento a los municipales. Ello ratifica el presupuesto del cuerpo votado en septiembre, confeccionado con el máximo posible de dietas y con un cálculo que establece un costo promedio de 114 mil pesos por dieta por edil.

El sueldo mínimo de un municipal con el que se calculan las dietas es, según la planilla de sueldos para enero, cuando la última cuota del aumento 2019 ya esté liquidada, de 24.624,73. Los ediles, por decisión propia, tienen como dieta pura 3,5 veces ese sueldo con bonificación remunerativa de $ 731, que hay que multiplicar por la misma cifra.

Así, la dieta pura queda en 88.745 pesos por cada concejal, de lo que se deducirán cargas sociales, retenciones por impuesto a las ganancias, etc. Además, cada uno tiene su antigüedad en el Estado, lo que también se paga. En algunos casos hay quienes cobran muchos años.

El promedio del costo de las dietas es de 114 mil por concejal, sumados todos los conceptos que forman parte de las "indemnizaciones" que cuestan por su tarea en el Concejo Deliberante y es un cálculo que se desprende de la manera en la que confeccionaron el presupuesto: con la máxima dieta posible más el 50 por ciento.

El reclamo de "ajuste de la política" que hicieron desde el Centro de Comercio y la Banca Abierta que les pidió "que se bajen las dietas" pedía otra cosa: que dejaran de cobrar el máximo posible de la dieta, no que se congelen ese mismo monto cuestionado.

Una pena

Los nuevos y, en muchos casos, jóvenes ediles que asumieron el 9 de diciembre no pronunciaron palabra respecto del máximo de sueldo que percibirán a consecuencia de la aprobación del presupuesto y el “congelamiento” por seis meses de esas dietas. Es una pena que ni en nombre del progresismo, la solidaridad con los más necesitados, el compromiso con la patria y la militancia, la vocación política y la representación directa más loable en la base de la pirámide de la decisión popular se hayan sumado a la corporación que con promesas de austeridad y la bandera del esfuerzo llegó a la mayoría en el Concejo Deliberante de la mano de Cambiemos. Aún en aquellos tiempos del “ajuste de la política” que propuso María Eugenia Vidal, los representantes de los sampedrinos lograron continuar con su práctica de saqueo al erario público a cambio de la nada misma. Ni un solo proyecto, análisis, investigación o propuesta fue presentado durante todo el 2019 por iniciativa de un edil tal como lo prueba el resumen anual que es de dominio público en la página web del poder legislativo.

“Esa es tu opinión”, le dijo un concejal de Cambiemos a Lilí Berardi hace pocos días cuando lo consultó por “la peor gestión de las últimas décadas”. La respuesta no se hizo esperar: “No es una opinión, es una estadística”, dijo la directora de este medio que desde 1992 desnuda anualmente como se administran los recursos públicos y que sostiene editorialmente el carácter de “honorable” que debería ostentar aquel que resulta electo ni más ni menos que por voluntad de sus vecinos y no por una lista sábana que depende del grado de sumisión o conveniencia de cercanía al poder que al fin de cuentas se ha transformado en una agencia de empleos en la que no se requieren antecedentes ni examen de ingreso o “saber leer y escribir”, como bien apuntó la docente Liliana Montero en aquella memorable sesión en la que un concejal calificó como “cuatro de copas” a los ciudadanos que osaron cuestionar los montos que mes a mes y con aguinaldo incluido se llevan para sumar a los que deberían percibir por sus actividades privadas.

EDICION IMPRESA #1461
Lunes 13 Abril 2020

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