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martes, mayo 17, 2022
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Aumentaron las tasas pero los concejales no bajaron sus dietas

 

El jueves quedó aprobado el presupuesto, la ordenanza fiscal impositiva que convalidó el aumento de casi todas las tasas municipales y la adhesión al pacto fiscal que obliga a la comuna a ajustar sus cuentas para poder percibir fondos derivados de la gobernación. El debate por el “ajuste de la política” no incluyó las dietas de los concejales que están fijadas en el máximo que permite la ley.

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El “ajuste de la política” no tuvo consenso en el Concejo Deliberante ni siquiera tras las sugerencias en la reunión que con el oficialismo de Cambiemos mantuvo el Intendente Salazar para expresar su preocupación y decisión de ahorrar lo máximo posible.

Con mayoría calificada propia, el bloque que responde a la gestión al que cada vez parece sumarse más el justicialista Damián Mosquera, tienen posibilidades de replantear sus haberes y morigerar el impacto que tienen en lo económico para mejorar la consideración política del cuerpo.

El gobierno nacional y especialmente el de la Provincia de Buenos Aires, ya han recomendado la austeridad e incluso han solicitado que se revean los mecanismos de liquidación de jubilaciones de privilegio con la que también se benefician los ediles.

El pacto fiscal bonaerense tiene tres puntos básicos insoslayables sin cuyo cumplimiento no habrá asistencia financiera: la planta de personal no debe crecer más que la población del distrito; la deuda municipal debe estar por debajo del 10 por ciento de los gastos corrientes; y el último semestre del mandato debe tener absoluto control en materia de gastos.

Cuando aprobaron el anteproyecto de su propio presupuesto, los concejales votaron seguir cobrando el máximo sueldo posible: tres veces y medio el sueldo de un ingresante con 40 horas. Su dieta pura será entonces de 49,401.32 pesos. A ella se le suman cargas sociales, vacaciones, aguinaldo y costos de funcionamiento que hacen que el cuerpo resulte sumamente oneroso en relación al escaso
debate que promueven y la falta de proyectos que presentan.

En síntesis, el pasado jueves despejó todas las dudas respecto a que “mejor que hacer es decir y prometer que realizar”, exactamente al revés de una de las máximas del justicialismo. Durante el debate, hubo voces encendidas en defensa del ahorro, la honestidad, la austeridad, la buena administración, las críticas a la gestión anterior, la condena al despilfarro y la “necesidad de un nuevo esfuerzo de la sociedad” para volver a eludir el tema de mostrar con el ejemplo, cómo se puede vivir con el sueldo de un jubilado, e incluso seguir gozando de beneficios que los abuelos no tienen como los refrigerios, las tablets o los beneficios de una obra social que siempre funciona a medias.

“Los únicos preocupados por las dietas son ustedes, no hay nadie que nos pregunte”, dijo el martes un edil oficialista a La Opinión. Tal vez sea esa la convicción que predomina ante la falta de interés que despierta la labor de un cuerpo con 18 representantes sobre el que la ciudadanía no exige resultados.

Tasas más caras y 890 millones para el 2018

El presupuesto con el que contará Cecilio Salazar para 2018 asciende a 890.666.873,74 pesos. El Gobierno aspira a regularizar y optimizar los “recursos económicos y humanos de manera gradual, al tiempo de que se proyecta la concreción de diversas líneas de trabajo”. El encomillado se traduce, ni más ni menos que en los recortes de sueldos de funcionarios políticos del gabinete que quedaron refrendados en el decreto que lleva el número 1342 de 2017 y cuya vigencia se puso en marcha del 2 de enero de 2018, tras la publicación en la página del Boletín Oficial Municipal.

“Queremos recuperar la productividad de la Municipalidad”, remarcó el concejal electo en la lista de Cambiemos, Martín Pando, ahora vocero indiscutido de su bloque. Con saludable lenguaje sentó el debate nuevamente en el recinto y despertó a la oposición que en la voz de Rodolfo “Titín” Trelles le llevó a recordar el verdadero significado del término “superávit” que en otras gestiones, incluidas las de Barbieri y Pángaro, pudieron disfrutarse en obras o adquisición de tierras y edificios que hoy forman parte del patrimonio municipal.

Entre las facultades que los legisladores locales confirieron al poder ejecutivo está la de disponer de hasta sesenta millones de los denominados fondos afectados para gastos corrientes. Poco apegados a la memoria y a la legalidad, se traduce en que dinero, por ejemplo, del Fondo Educativo podría ser utilizado transitoriamente para pagar sueldos o proveedores.

En cuanto al aumento de tasas para el que era necesaria la aprobación de los Mayores Contribuyentes, se levantaron trece manos. Las doce del oficialismo a las que se sumó la de Damián Mosquera, del monobloque del Partido Justicialista. Los miembros del Frente para la Victoria junto a José Luis Tirelli, por el Frente Renovador,  votaron en contra. El porcentaje va desde el 33 al 50% que se suman a los dos incrementos de 2016 y 2017.

Entre los Mayores Contribuyentes, hubo sólo un voto negativo, el del jubilado Alverico Cabrera, que además hizo uso de la palabra. “No sé cómo voy a pagar las tasas con los 14.000 pesos de jubilación que entran en mi casa”, lamentó. 

Eduardo Birador, Gustavo Calvet, Cristina Curra, Adriana Fanelli, Ernesto Gordillo, Carlos Jaime, Fernando Juan Bennazar, Norberto Mitelsky,  Agustín Olivera, Daniel Sánchez, Bruno Sciarra, Roberto Taurizano y Juan Cruz Tonelli votaron a favor. Roque Díaz se abstuvo. 

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