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sábado, marzo 6, 2021

Asuntos Internos investiga a la DDI por el testigo del caso Gomila

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Mientras se espera la fecha del juicio por el asesinato del viverista Ariel Lido Gomila, que tiene como único imputado a Ulises Fernández –que además será juzgado por vender drogas junto a su expareja, la exconsejera escolar de Cambiemos Silvina Sampol– un extraño episodio que tuvo lugar en el puesto de trabajo del testigo clave de la causa obligó a la intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que puso la mira en la Dirección Distrital de Investigaciones de la policía (DDI).
La semana pasada, la Justicia dispuso que personal de Prefectura Naval Argentina custodie de manera permanente a Fernando “Mafia” Olmos, el único testigo que coloca a Ulises Fernández en la escena del crimen, luego de que denunciara amenazas. Dos efectivos lo acompañan a todas partes y le brindan protección en su casa y en su lugar de trabajo.
Olmos es empleado municipal y se desempeña en el buque museo General Irigoyen. Allí llegó un móvil de la DDI que, sin identificación, ingresó a toda velocidad a la explanada y estacionó para que dos efectivos de civil se abalanzaran casi a la carrera hacia el ingreso al barco, amarrado en la costa.
Los prefecturianos les impidieron el paso. “Venimos a ver a Olmos, somos de la DDI”, les habrían dicho. La respuesta fue que no podían pasar, que ellos estaban ahí para custodiar al testigo y que nadie podía acceder a él sin autorización.
Esa manifiesta irregularidad llevó aparejada otra, que investigan Asuntos Internos y la Justicia. Los policías de la DDI llegaron al buque museo en una camioneta que no llevaba la chapa patente puesta y, lo que es peor aún, la patente con la que estaría registrada pertenece a un móvil asignado a la comisaría que fue desafectado definitivamente del servicio. Eso fueron a corroborar quienes el lunes llegaron a las dependencias ubicadas en la terminal de ómnibus donde trabajaba un periodista de La Opinión registrando imágenes. La camioneta exhibía en la parte trasera la chapa de identificación JUZ 699.
En la investigación se abren dos posibilidades para una eventual sanción: o bien dieron de alta el patrullero, lo pasaron a la DDI y no lo informaron, lo que es una falta administrativa; o bien estarían “blanqueando” otro vehículo, que no se sabría cuál es.
Aunque los efectivos les dijeron a los agentes de Prefectura que querían hablar con Olmos, la versión que surgió luego fue que, como se trata de policías nuevos en San Pedro, habían ido al lugar con intenciones de conocer el buque museo. Ello, empero, también sería una falta, puesto que habrían ido en plan recreativo turístico en horario de servicio y con un móvil de la dependencia.

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