Ashira presta el servicio con nuevo contrato, sin barrido mecánico y en 48 cuadras menos
La empresa seguirá el frente por dos años, con servicio reducido. En sesión, los opositores plantearon serias dudas sobre el contrato. El oficialismo destacó el acuerdo por la deuda.
La semana pasada, el Gobierno de Cecilio Salazar logró en el Concejo Deliberante la convalidación de los tres convenios que firmó con la empresa de recolección de residuos Ashira.
Se trata de un acuerdo para el pago de una deuda por 19 millones de pesos en 120 cuotas de alrededor de 420 mil pesos –ajustable según tasa Badlar más tres puntos–; y otro por deuda de intereses por más de 11.700.000 pesos de los cuales el municipio pagará 3.900.000 en dos cuotas iguales, a partir de una quita de casi 8 millones.
El tercero de los expedientes fue el que más polémica generó, aunque los votos le alcanzaron al oficialismo para aprobarlo. Se trata de un contrato directo por dos años con opción a otros dos, sin llamar a licitación y con cambios en relación al pliego que estaba vigente tras sucesivas prórrogas, que implica reducción de servicios.
Sin problemas con el número
Mónica Otero fue la vocera del oficialismo, que desde antes de ingresar al recinto contaba con la mayoría absoluta para aprobar los expedientes, sobre todo el polémico contrato directo. Además de los 10 votos propios de Cambiemos y los dos del ahora también oficialista dúo Rocca-Butti, Américo Quintana votaba a favor.
Además del argumento del Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete acerca de que este fue “el mejor acuerdo que se pudo hacer” en el complicado contexto de la relación con Ashira, Otero citó doctrina del Tribunal de Cuentas relacionada con un caso de conflicto con recolección de residuos en la ciudad de Quilmes.ria de estas características reviste la forma de una “locación de servicios” y no necesariamente una concesión.
Las críticas de la oposición
Fueron los concejales del Frente Renovador Ariel Ramanzini y del Frente parala Victoria Florencia Sánchez quienes hicieron consideraciones contra los convenios firmados con Ashira.
El FpV acompañó los dos acuerdos para saldar parte de la deuda con la empresa –hay un porcentaje en la Justicia–, aunque tuvo algunos reparos.
La ausencia de varios puntos del contrato en comparación con el pliego de 2008, que es el que estaba vigente y había sido prorrogado en varias ocasiones, hasta marzo, fue blanco de las críticas.
Entre ellos se cuentan detalles de las penalidades, el control municipal, el equipamiento obligatorio para la prestación del servicio y otros puntos que aparecen de manera precisa en el contrato original y en el pliego de licitación de 2015, que quedó desierta cuando Ashira presentó, como único oferente, una propuesta que superaba el presupuesto asignado.
La objeción fundamental fue la decisión de firmar un contrato directo sin llamar a licitación y por un período tan extenso, aun cuando el propio Ejecutivo reconoció en el proyecto que “resulta necesario efectuar un nuevo llamado a licitación”, algo que “aún no se ha decidido”, según el mismo texto, “atento la gran deuda” con a empresa y a “la dificultad que ocasionaría el cambio de concesionario”, la que no describieron.
En los considerandos, la justificación para la firma del contrato directo fue haber alcanzado un punto de negociación respecto del pago de parte de la deuda que resultó beneficioso. Es decir un intercambio entre partes: cedo esto, me das aquello.
Los cambios en el servicio
El contrato aprobado prevé reducción de servicios. Por un lado, desaparece el barrido mecánico que estaba previsto en el pliego. El oficialismo dijo que era algo que no se prestaba como correspondía. Tras 15 meses de gestión, en lugar de controlar decidieron eliminar la prestación.
Además hay menos cuadras del centro para la recolección de residuos diarios y para el barrido manual. La comparación entre el nuevo contrato y el que estaba vigente arroja una reducción de 48 cuadras.
La recolección diaria especial pasó de 193 a 145 cuadras y en el barrido manual faltan dos rutas, las BMA 9 y 10, de 24 cuadras cada unas.
El convenio también permite al Gobierno reducir hasta un 30 por ciento “las áreas o frecuencias de cualquiera de los servicios” y establece que se pagará “conforme la modificación, aplicándose sobre el precio vigente”, lo que significa que en caso de no poder hacer frente a un aumento, la empresa podrá acordar nuevas reducciones.