Asentamientos: Quince años “mirando para otro lado”

Palos, lonas, chapas, sogas, elementos elegidos por más de una generación para acceder al derecho a la vivienda al que no todos pueden llegar y que se ha transformado en uno de los mayores problemas que tiene el común de la gente en San Pedro, donde el boom inmobiliario se reproduce a la par de las viviendas sociales, los asentamientos precarios, la inestabilidad laboral y la vulnerabilidad social.
El paisaje es desolador por donde se lo mire y los antecedentes son penosos. Desde la creación de El Caserito, uno de los primeros asentamientos que derivaron en un barrio en la ciudad, las cosas no han cambiado demasiado. Las políticas sociales tienen una responsabilidad insoslayable en una problemática que corresponde al Estado resolver, en la que debe intervenir y en la que se hace el distraído después de cada elección como si vivienda, salud y educación fueran cuestiones menores a la hora de tomar decisiones estratégicas para el crecimiento conjunto y armónico del tejido social. El diagnóstico está hecho desde hace tiempo, las resoluciones sin embargo son palabra escrita, expresiones de deseos, manifestaciones de trasnochados, o como en la actualidad: miserables manotazos de ahogado.
Quien se acerque al barrio donde se produjeron las tomas masivas se preguntará necesariamente dónde estuvo el Estado. Dónde la contención, el desarrollo, los planes de integración, la planificación urbana, la voluntad política de pensar un futuro donde la proyección sea mitigar al menos –y ya no “terminar con” – la pobreza, la exclusión, la violencia.
Quien se acerque verá adolescentes madres de varios hijos, niños de todas las edades, hombres y mujeres que no recuerdan cuándo fue su último trabajo, que no entienden el concepto de seguridad social, de aportes previsionales, vacaciones pagas, aguinaldo, sábado inglés… pero conocen la lamentable lógica del “punterismo”, el perverso sistema “clientelar” establecido cada dos años y en calendario electoral. Saben de la extorsión y el momento preciso para tirar las riendas de una dirigencia que sólo los tiene en cuenta para hostigarlos cuando le hablan a la clase media y alta y utilizarlos cuando los necesita.
Si usted va hasta ese barrio verá vecinos cuya historia tiene todos los componentes de la marginalidad, que no sólo es del sistema económico y cultural, sino que también lo es de la Justicia. Para muchos de los que están allí Justicia es la que los persigue porque robaron o protagonizaron actos de violencia.
Sorprende ver entre los nombres que figuran en el relevamiento que hizo la Secretaría de Desarrollo Humano –tarde, tal vez mal– los mismos que estaban en el censo realizado en 2007 ante la toma del barrio San Francisco. Son los mismos o casi los mismos.
Sorprende que muchos de ellos ya no estén allí porque vendieron la casa que usurparon en ese momento; que volvieron a vivir en la precariedad mayor, amontonados con familiares o de prestado y que vuelvan a usurpar como si tal cosa.
Sorprenden las edades de las parejas, al punto de que hay una en la que él tiene 17 y ella 13; pero hay de 15, 16, 17, y también 20, 22, 25; y también 40, 45… Sorprende que haya relevadas 103 familias, distribuidas 59 en un terreno, 27 en otro, 10 en otro y 7 en el restante.
Otras cosas asustan. Como el hecho de que ante la consulta sobre si fueron asistidos con la mínima política de salud reproductiva responsable –en términos claros: pastillas anticonceptivas, educación sexual, ¿sabés cómo cuidarte, que los tratamientos son gratuitos, que es tu derecho y la responsabilidad del Estado? – la respuesta sea un rotundo “no”, a coro.
Asusta la ghetización. Que esos terrenos tengan en el mercado un valor hasta veinte veces menor que en otro sector de la ciudad. La estigmatización, el “que se maten entre ellos”.
Asusta la devastación de la cultura del trabajo, el pedir como forma de vida, el clientelismo exacerbado como forma de reproducción de la red política que transforma en cautivos a quienes no pueden ver otra posibilidad para nada menos que comer que el hecho de ir a golpearle la puerta al funcionario de turno para recibir una bolsita de mercadería, el pago de una garrafa o una factura de luz, el guiño de “no te olvides que el año que viene hay elecciones”.
Da pena que un pre candidato a Presidente de la Nación visite la ciudad, sepa que hubo usurpaciones y que le haya llegado la noticia de que se produjeron “en el Gran San Pedro, en la zona de quintas”, como si los barrios San Miguel, San Francisco, 291 viviendas, El Caserito, Arco Iris, Upcn estuvieran en otro lado, no en San Pedro, sino en una especie de “segundo cordón” de la ciudad, fuera de la “civilización”, del “mundo de uno, viste”.
Da pena que el Secretario General de la Presidencia sólo diga tres palabras al ser consultado “estamos al tanto” y luego se ponga a mirar cuál es el mejor césped que puede pisar la presidenta cuando venga a inaugurar un monumento en un paraje que fue olvidado durante décadas por todos los gobiernos y que hoy se pone de moda porque la “soberanía” reditúa.
Da pena el silencio del Diputado Nacional y ex Intendente Barbieri frente a una responsabilidad que tuvo y tiene porque la mayor parte de su “aparato electoral” se cimentó en el doble discurso que destinaba a la clase media mientras mandaba a su segunda línea a contratar punteros y pastores.
Da pena presenciar la disputa mediática y judicial caprichosa de este y los anteriores miembros del Concejo Deliberante que parecen descubrir su propio pueblo sólo cuando su capital político está en juego.
Da pena escuchar al Intendente Guacone decir “agua va” cuando aduce públicamente que con la usurpación de los terrenos privados “no pueden hacer nada”, porque pudiendo hacer todo se resigna antes de empezar y con un equipo que lo adula mientras a sus espaldas lo sigue calificando como “un pintor”.
Y más pena da aún ser parte de una ciudadanía “acostumbrada a la mansedumbre” frente a la obscenidad de la pobreza que asola sin piedad a uno de los territorios más ricos de la provincia de Buenos Aires.
El tiempo pasa, la ciudad crece, muta, mira hacia el futuro pero no puede sacarse el peso de un pasado sobre el que nadie parece querer hacerse cargo, decir “me corresponde”, “tengo una cuota de responsabilidad”.
En los últimos quince años asistimos en la ciudad a la profundización de un modelo del dejar hacer, dejar pasar, dejar que se reproduzcan hábitos y procesos simbólicos y culturales que, total, están lejos, allá, en su mundo, en esa total ajenidad para el que no pertenece y, peor, para los que gobiernan, los que se llenan el discurso con “nuestro querido pueblo”.
Hubo de todo. Pero prevaleció el mirar para otro lado. Y no pareciera que alguien fuese a exigir que ello se modifique, salvo la parodia mediática montada para intentar ver quien “la tiene más grande”. La rosca se lo lleva todo. Las denuncias cruzadas, las acusaciones, la chicana, el fuiste vos, fue aquél, ya vas a ver.
Da la sensación de que nadie se percata que en los ojos tristes dibujados en el rostro lleno de tierra de un chico que se come los mocos mientras el viento se cuela por las chapas y las lonas le silba en la espalda son de verdad, están en un cuerpo que late, que crece todos los días mirando cómo el mundo se cae a pedazos a su alrededor. Y aprende. Aprende la lógica del “yo le dije a Peiró que si no me daba una casa lo iba a mandar al frente” y la lógica del “favor”.
Mientras el Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz dice que le mandaron un mail y lo llamaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ponerse a su disposición para lo que necesite a fin de hallar un camino que permita darle cauce a la problemática, allegados a la cartera que conduce Alicia Kirchner sostienen que Díaz habría pedido “chapas para los usurpadores”.
Mientras el Fiscal Manso recibe “exposiciones” de presuntas instigaciones, algunas referidas por personas que con su solo testimonio están acusándose a sí mismos de un delito, no pareciera tener mucho ímpetu para ir a certificar quiénes son los que están en situación de toma.
La Justicia, por lo general en casos como estos, tiende a sacarse el sayo de encima y determinar que “es un problema político” y que le corresponde a los otros poderes del Estado hacerse cargo.
Con ello, los Jueces que intervienen dictaminan desalojos que no se pueden llevar a cabo porque ponen condiciones que ningún gobierno tiene posibilidades materiales de cumplir; u obligan a resolver la problemática social antes de emitir opinión sobre las usurpaciones en sí, lo que provoca una dilatación infinita, como en el caso del San Francisco, donde el Estado local fue sólo a título de “contener el malón”; con un Director de Viviendas que durante esos días decía que él “sólo pone ladrillos” y que no sabía si podría “garantizar la integridad física” de la gente; con una Secretaría de Desarrollo Humano que, una vez más, corrió detrás de los problemas e hizo de la “asistencia” su leit motiv de gestión.
Ahora, el futuro ya llegó y las situaciones siguen siendo las mismas. Los actores son otros, pero las respuestas aparecen similares.
En la futura plaza frente al CIC dos chicos miraban cómo una topadora se llevaba eso que parecía sería su próximo hogar. Quién sabe lo que verán en unos años allí esos mismos ojos o los de sus propios hijos, ya que parecen condenados a ser padres antes de terminar la prematura adolescencia.

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