Asegurados de El Progreso reciben devoluciones tras advertir que irían a la Justicia
Ante la amenaza de una catarata de denuncias penales por estafa, el productor Jorge Rodríguez comenzó a devolver los montos que sus asegurados abonaron pero nunca habían llegado a la casa central porque no depositaba el dinero que le entregaban. Además hubo presentaciones en Defensa del Consumidor.
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La difusión del caso de los asegurados que pagaron las cuotas de sus pólizas pero no tenían cobertura porque el productor local no remitía el dinero a la casa central provocó que una gran cantidad de damnificados se dieran cuenta de la situación, reclamaran a la compañía El Progreso S. A. y al representante sampedrino Jorge Rodríguez, quien comenzó a devolver la plata a sus clientes.
Hoy se cumplen 12 días desde que este semanario hizo públicos los primeros casos. Desde entonces, pasó de todo: la compañía dio de baja más de 100 pólizas que no tenían cobertura por falta de pago; hubo presentaciones en Defensa del Consumidor; consultas con abogados para denunciar en la Justicia lo que puede ser considerado como un delito de estafa; y promesas del productor de que les devolvería el dinero.
Comenzó la devolución
Algunos tuvieron una charla más amena que otros, que tuvieron que golpear escritorios, proferir insultos y hasta hacer alguna advertencia subida de tono. Pero en general, buena parte de los asegurados empezó a ver cumplida la promesa de devolución.
Hay quienes recibieron como excusa que los pagos que hacían mes a mes no fueran elevados a la central porque hubo algún problema con una empleada, aunque por lo que pudieron contarle a La Opinión esos clientes, Rodríguez no fue preciso al respecto.
Lo cierto es que el productor asumió el compromiso de devolver el dinero y está cumpliendo. Sobre todo porque los reclamos comenzaron a formalizarse, algunos llegaron a la Oficina de Defensa del Consumidor y otros hicieron consultas con abogados para llevar el tema a la Justicia, que en casos similares en otras ciudades ordenó allanamientos y hasta detenciones.
El hecho de que los clientes que fueron a reclamarle a las cerradas oficinas de Libertad 85 hayan comenzado a recuperar los montos abonados hizo que otros que iban a presentar denuncias en la Omic o en la Justicia prefirieran ir por el camino informal.
“Lo encontré y le pegué una apurada. Me pidió por favor que lo esperara y me trajo la plata. Vino y me devolvió todo. Tenía un susto bárbaro”, contó uno de sus clientes.
Caminos formales
En Defensa del Consumidor preparan las intimaciones y tendrán como destinatario no sólo a Rodríguez sino también a la compañía, ya que los abogados que trabajan en ese organismo consideran que El Progreso es “responsable solidario” de la situación, aunque quieran endilgar toda la responsabilidad en el productor local.
Vamos a intimar al asegurador pero también a la compañía, porque son responsables.
Es que el productor asesor local, denominado en la jerga de la legislación relacionada con los seguros como “agente institorio”, tiene “mandato para comercializar” otorgado por las propias compañías.
Es decir que actúa en nombre de la empresa y oficia como intermediario en un contrato que el asegurado firma a través suyo con la casa central. Hay un incumplimiento contractual por la no prestación de un servicio que fue abonado. Como en cualquier instancia donde hay intermediarios, la compañía tiene un grado de responsabilidad”, explicaron desde la Omic.
Los reclamos de aquellos que se encontraron con que habían pagado pero no tenían cobertura pueden elevarse a la Superintendencia de Seguros (SSN). Allí también podría ir El Progreso, contra Rodríguez.
“Lo que puede pensar es que hay que ir a la Justicia penal, a la Superintendencia, pero son decisiones que tomará el Directorio con los abogados. Él está notificado de la ruptura de la relación comercial, por carta documento”, dijeron desde la compañía.
En la SSN, Jorge Rodríguez aparece registrado bajo la matrícula 54287, por la que debe pagarse un derecho anual de inscripción de los que obran registros de los años 2003 a 2012.
El pago de ese derecho debe hacerse en abril de cada año. De lo contrario, hay que pagar un 50 por ciento de recargo. En el caso de Rodríguez, sólo pagó a término cinco de los diez años que aparecen abonados.
