Desde fines de septiembre del año pasado, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio están en alerta ante las intenciones de una empresa denominada San Marcos Trading, cuya cara visible es el Santiago Lawson, de instalar una arenera en el predio que Arcor posee frente a sus viviendas en esa zona.

Esta semana, el Gobierno respondió una solicitud de información que hicieron desde la comisión de fomento que representa a ambos barrios, en la que pidieron respuesta oficial y por escrito acerca de una serie de puntos que habían elevado amparados en el derecho al acceso a la iformaciòn ambiental.

En una reunión con representantes de Arcor, les ratificaron las intenciones de disponer una planta de acopio de ese mineral y, tras ello, los vecinos volvieron a exponer ante el intendente su oposición a ese plan y la propuesta del barrio de que ese predio se convierta en un espacio público para el disfrute de sampedrinos y turistas.

La respuesta del Gobierno que recibieron los vecinos provino de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Javier Silva, donde la empresa San Marcos Trading se presentó en dos oportunidades para poner en conocimiento del Estado local sus intenciones de instalar una arenera en ese predio, aunque nunca hizo la presentación formal para solicitar autorización.

Lo que hizo, señala el informe y coincide con lo que La Opinión reveló el año pasado, fue elevar en julio de 2022 una solicitud de “prefactibilidad de conformidad de uso de suelo” respecto del terreno. Es decir una consulta sobre qué se puede y qué no se puede hacer en esa zona.

La respuesta en ese momento fue que la San Pedro 2000 establece que ese espacio está dentro de una zona de reserva para la expansión industrial o cortinas forestales, lo que implica que ante la posibilidad de un proyecto de cualquier característica, primero los concejales deberán definir por una u otra posibilidad.

El segundo expediente fue presentado meses después, con un plano del anteproyecto, el plan de manejo de arena y copia de las escrituras que certifican la propiedad de Arcor sobre esos terrenos costeros.

En el informe que Silva elevó a la Secretaría Legal y Técnica, que luego trasladó a los vecinos, Obras Públicas indica que esa área “no conoce ni ha sido presentada en este municipio ninguna evaluación de imapcto ambiental o estudio que se le asemeje. Igual consideración merece respecto a la existencia del pedido de certificación de aptitud ambiental para el proyecto que se pretende”.

Además, ante la consulta de los vecinos respecto de la demaración de la línea de ribera, señala que “no es competencia de los municipios establecer la demarcación de las vías fluviales ni son los entes involucrados en los pedidos de las mismas”.