Arenagate: la Justicia archivó la causa contra Mariano Veiga porque no encontró delitos
A tres años de la denuncia que presentaron los sindicalistas portuarios Matías Franco y Eliseo Almada, hoy concejal de Cambiemos y nuevo presidente del Consorcio del Puerto, el fiscal Marcelo Manso decidió hacer lugar al pedido del abogado del extitular de ese organismo y remitió a archivo la causa, por carecer de elementos que permitieran corroborar las maniobras fraudulentas denunciadas.
Finalmente, y tal como lo advirtió La Opinión el año pasado, la causa contra el expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Mariano Veiga, fue remitida a archivo porque la Justicia no encontró elementos para configurar delito en los hechos que investigaba.
Mauricio Gugger, abogado del ahora funcionario del gobierno de Ramallo, había pedido el pase a archivo del expediente y había advertido las dificultades con las que el fiscal Marcelo Manso se encontraba para establecer la existencia de maniobras fraudulentas en el movimiento diario de refulado de arena.
La denuncia había sido presentada en 2015 en plena campaña electoral, cuando Veiga además de funcionario del entonces gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli era presidente del Partido Justicialista de San Pedro.
Los sindicalistas portuarios Matías Franco, hoy concejal de Cambiemos, y Eliseo Almada, ex subsecretario legislativo y recientemente designado nuevo presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, aseguraron en su denuncia que había “hechos sospechosos en cuanto al manejo de la arena dentro de las instalaciones portuarias”.
Además del responsable político del puerto, Mariano Veiga, estaba investigado el subgerente operativo Carlos Modesto Arrieta, quien tenía a cargo las planillas en las que se carga el movimiento de camiones diarios, cuyas copias en papel eran destruidas tras ser volcadas en el sistema informático.
Franco y Almada los acusaron de maniobras que podrían generar perjuicio económico contra el Puerto público, ya que consideraban que la cantidad de camiones areneros declarados en el sistema no era el mismo que podía verse a diario salir de las empresas Arenera del Puerto S. A. y Silos San Pedro S.R.L., que operan allí.
Sin embargo, Manso consideró que “no existen datos objetivos que permitan determinar” la “cantidad de camiones diarios que ingresan y egresan del puerto y qué tonelaje mueven por viaje”, por lo que no puede “tenerse por acreditada la materialidad del ilícito denunciado y su consecuente responsabilidad penal”.
Aunque lo que contaron los porteros que testimoniaron en la causa, ente ellos Fernando Negrete, ahora funcionario del gobierno de Cecilio Salazar, indica que el movimiento de camiones es mayor al que aparece en las planillas, sus estimaciones no fueron coincidentes, por lo que el fiscal consideró que carecen de contundencia.
Respecto de la cantidad de arena cargada —la ley dice que no pueden llevar más de 30 toneladas, pero la sobrecarga siempre fue habitual—, ninguno de los testigos que declaró dijo tener manera de saber cuál era el peso, ya que el Consorcio no tenía balanza propia.
Tampoco se encontraron pruebas respecto de la denunciada maniobra defraudatoria relacionada con la cantidad de toques de barcaza de arena en el Puerto, control que tiene a cargo Prefectura y en cuyos libros, incautados para la causa, no aparece “anormalidad alguna”, según señala la resolución judicial, que llega a un año de la solicitud de Gugger.
“No existen elementos objetivos que justifiquen citar a quien resulta imputado”, dice la resolución de Manso, con la que dispuso el archivo de la causa en trámite contra Mariano Veiga. De la misma manera, ordenó devolver la documentación incautada en los allanamientos.
La denuncia destapó diversas aristas relacionadas con el negocio arenero. Una investigación propia de La Opinión permitió sospechar que, en algún punto, hay cosas que no funcionan como corresponde en la cadena de la arena, pero sin que las huellas queden marcadas.
El Consorcio cargaba al sistema lo que decían las planillas, que se alimentaban de lo que las propias empresas declaraban. Así, la Defensa de Veiga siempre planteó que si había un engaño estaba en lo que las areneras informaban.
Testimonios recogidos por este medio aseguraron que los barcos que pescan arena no declararían la cantidad real de toneladas que transportan ni todos los viajes desde el puerto a la zona de trabajo. Un análisis de AFIP era necesario para la causa, en la medida en que podría haber establecido si había evasión por parte de las empresas.
El año pasado, La Opinión reveló que de la gestión Veiga a la de Frangi mucho no había cambiado. La comparación del removido de arena entre 2008 y 2017 da cuentas de ello: no hubo cambios significativos en el promedio de toneladas de arena registradas.
En 2008 fueron removidas 606.395 toneladas; en 2009 cayó (de tres areneras que había quedaron dos) a 424.479; en 2010, 368.925 y en 2011, 370.945. Fueron 354.820 en 2012; 313.274 en 2013; y 297.280 en 2014.
En 2015, el año de la denuncia, el registro fue de 349.040 toneladas. En 2016, primer año sin Veiga y con Frangi al frente del Consorcio, la estadística da cuentas de 359.633 toneladas. En 2017 fue de 313.433 toneladas.
Es decir que en 2017 la cantidad de camiones bajó respecto del año anterior —y se ubicó entre las más bajas de los últimos diez— y pasó de casi 12.000 a menos de 10.500. Esto es un promedio de alrededor de 33 camiones diarios, en 312 días de trabajo, cinco menos que el promedio de 2016.
Como lo dejó expresado este medio al año pasado, la cantidad de camiones registrados por el Consorcio de Gestión del Puerto sigue siendo muy baja en relación a lo que Franco y Almada denunciaron en 2015, cuando dijeron que quien se parara a contarlos se encontraría con entre 70 y 100 camiones por día.
La Justicia no pudo configurar delito en la investigación penal contra la gestión de Mariano Veiga. Si la había, a juzgar por las estadísticas oficiales, los dos años de Horacio Frangi también habrían sido objeto de análisis.