Archivaron la causa por el robo a la familia Oneto en Pueblo Doyle, con empleados municipales acusados
Al no acreditarse la participación en el hecho, seis de los siete acusados quedaron al margen de la investigación. El otro sospechoso sigue imputado porque fue reconocido por las víctimas pero no tiene ninguna relación con los demás. El abogado Hugo Lima anticipó que el paso siguiente "debería ser el sobreseimiento" y desvinculación total.
A poco más de un mes de cumplirse un año del violento asalto que sufrió la familia Oneto en Pueblo Doyle, la Justicia decidió archivar la causa, lo que implica que los imputados, entre ellos tres empleados municipales, están cerca del sobreseimiento y desvinculación total del caso.
La medida alcanza a seis de los siete implicados, ya que no se pudieron obtener las pruebas necesarias para responsabilizarlos del hecho y continuar con la investigación. Uno de los sospechosos tiene su situación un tanto más comprometida, en la medida en que fue identificado por las víctimas en la rueda de reconocimiento.
En su momento el fiscal Marcelo Manso, que instruyó el comienzo de la causa antes de que pase a Grande por tener trabajadores del Estado involucrados, había adelantado a La Opinión que no le sobraban las pruebas para sostener la imputación de todos los involucrados. Efectivamente, no alcanzó y quedaron a un paso del sobreseimiento.
“Si bien no fueron sobreseídos, todavía, es el principio del fin. En la causa no hay nada más que investigar”, dijo en El Reporte de la Tarde el abogado Hugo Lima, representante legal de los acusados.
Al verse involucrados tres trabajadores municipales, dos de San Pedro y uno de Santa Lucía, el titular de la UFI 5 tuvo que derivar el caso a la Fiscalía de Hernán Granda en Baradero, que fu quien resolvió dejar de lado la acusación en un expediente caratulado como robo agravado.
La medida alcanza a Claudio Alé, Fernando Betancourt, Rodolfo Cáceres, Daniel Domínguez, Sebastián Méndez y Eduardo Miño, y según consta en el acta, de “las diligencias probatorias realizadas, tales como allanamientos, declaraciones testimoniales, entre otras, no se ha podido establecer la participación en el hecho”.
Lo particular que tuvo la causa fue que la imputación de las personas domiciliadas en San Pedro se dio luego de que uno de los sospechados, que vive en Santa Lucía, los nombró como “amigos con los que había ido a pescar”. Lo único que logró fue que todos quedaran bajo sospecha cuando la realidad era que se conocían muy poco y prácticamente no tenían relación.
Lima destacó que “el próximo paso es el sobreseimiento” y sostuvo, además, que debería suceder lo mismo que el hombre que quedó imputado porque, consideró, su identificación está “medio agarrada de los pelos”.
La familia Oneto fue asaltada el 29 de abril del año. Alrededor de las 20.00, cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda violentando a patadas una puerta trasera. El matrimonio y su hija fueron maniatados y arrojados al suelo mientras los ladrones revolvían todo.
Tras alrededor de media hora en la casa, huyeron del lugar con dinero en efectivo y otras pertenencias menores a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa que observaron los vecinos, que desconocían lo que había sucedido.
A pesar de que evidentemente siempre se estuvo muy lejos de dar con los autores del hecho, hoy, con las cartas ya jugadas, la modalidad esgrimida por la banda fue muy similar a la utilizada en otros hechos resonantes cometidos desde aquellos días en adelante,
Esa zona cercana a la ruta 191 fue una de las más damnificadas, principalmente por las bandas lideradas por Pablo Salomón y “Mangacho” Campodónico, ambos detenidos por diversos delitos con características muy parecidas a la que sufrió la familia Oneto.
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