Apuntan a Caraballo por incumplimiento de los deberes de funcionario público

El caso Resistiré sigue generando situaciones polémicas que trascienden la ahora muy mala relación entre Karen Battle y Lidia Ubaltón para ingresar en el terreno de la salud pública, el Estado, la política y la Justicia. La Concejal Noemí Bordoy preparó una presentación para la Justicia en la que apunta contra el Subsecretario de Salud Julio Caraballo por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posibilidad de perjuicio para el erario municipal.
La denuncia iba a ser presentada ayer, pero un llamado de último momento desde el bloque del Acuerdo Cívico para “evaluar la conveniencia” desactivó la presencia de Bordoy en la Fiscalía, que misteriosamente se retiró de la oficina de la UFI N° 5 sin hacerla efectiva, para reunirse con sus compañeros de bancada.
Tras esa reunión resolvieron analizar en detalle la tipificación penal que podría caber y la presentación se iba a realizar esta mañana, con el acompañamiento de los concejales Víctor Secchi y Matías Velo, más Damián Mosquera, que también se sumaría. Todos forman parte de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo.
Aún así, La Opinion tuvo acceso a la documentación que maneja la Concejal Bordoy y al documento que iba a presentar ante la Justicia, borrador del que finalmente sería elevado hoy.

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Largas jornadas
La presentación se basa en lo que se desprende de los convenios que la Municipalidad firmó con la Asociación Civil Ante Todo Resistiré, en los que el Estado local se compromete a sostener el pago de los médicos para la atención de los enfermos oncológicos.
Esos médicos son Lidia Ubaltón y Silvio Ejarque, los dueños de la sociedad de hecho URE, el Centro Oncológico Regional, quienes son empleados municipales que deben cumplir 36 horas semanales.
Sin embargo, Bordoy aporta que los médicos trabajaban en la atención en el URE los días miércoles y viernes, desde las 14.00, por lo que para cumplir con la carga horaria por la que el Estado les paga deberían trabajar unas 18 horas cada día, algo que a todas luces no hacen.
Como si fuera poco, un informe solicitado al Jefe a cargo de la División Personal del Hospital Marie Curie, de nombre Fernando López, da cuenta de que Ejarque y Ubaltón se desempeñan en ese centro de salud municipal de la Capital Federal por 35 horas semanales.
Además, la Doctora Ubaltón cubriría reemplazos de guardias en el hospital municipal de la ciudad de Arrecifes.
Esos datos hacen pensar a los concejales que la falta de cumplimiento del horario por el que se les paga encaja perfectamente en un perjuicio patrimonial para el Estado local, en la medida en que continúa abonando por un servicio que en realidad no obtiene.

¿Quién factura?
Una de las cuestiones más complejas en torno a la creación del hospital de día para pacientes oncológicos de carácter privado y en el que además se atendería a aquellos sin cobertura es que el Hospital local dejaría de atender, lo que significa ni más ni menos que dejar de facturar.
Esto es así porque quien tiene obra social y se atendía allí podía pagar, contribuyendo a las arcas públicas, que facturaban por el servicio. Sin embargo, desde la creación del URE, todo aquel que va a atenderse con cobertura de salud termina pagando a la sociedad de hecho que encabezan los médicos Ubaltón y Ejarque, es decir pagan por un servicio privado.
Lo extraño de la situación no es sólo que quien quiera contribuir con el Estado no puede hacerlo a través de su obra social porque la factura un privado, sino que además esa facturación se realizaría siempre en el horario en el que se supone que los médicos atendían para la Municipalidad.
Para los concejales hay allí una situación irregular que el Dr. Caraballo no podría desconocer en la medida en que la evaluación debería haberla realizado él como Subsecretario de Salud a la hora de firmar los convenios correspondientes, contratar a los médicos y permitirles realizar sus tareas en otro espacio físico que no sea el Hospital.
En ese sentido, los concejales ven que el Estado podría estar recaudando fondos por esa vía, que se pierden a favor del centro privado, por lo que consideran que la Subsecretaría de Salud que conduce Caraballo, como órgano de Contralor, tendría responsabilidad directa en el perjuicio económico. Por otra parte, el cálculo es que de los más de 350 pacientes que se atendían en el Centro Oncológico hasta que se desató el conflicto, apenas un diez por ciento no tendría cobertura médica.
Ante ello, la presentación judicial será para solicitar la apertura de una investigación para dilucidar las responsabilidades de Caraballo, en representación del Ejecutivo municipal.

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También
por amenazas
Julio Caraballo tiene una denuncia en la Fiscalía por “amenazas de muerte”, presentada el 23 de marzo pasado por Juan José Godoy, padre del bebé de nueve meses Lisandro Godoy, quien sufría de cataratas congénitas y necesitaba una operación urgente para no perder la vista.
El bebé fue operado al poco tiempo de nacer, pero aún así necesitaba una nueva operación. En el Hospital Garrahan no había turno para su urgencia, por lo que la Dra. Abudi de ese centro de salud extendió un certificado donde daba cuenta de lo urgente del caso, para que el Estado local pudiera aportar los fondos necesarios para realizar la operación en un centro privado.
Tras varias idas y vueltas, la operación se realizó con el aporte de Osprera tras las gestiones de Cecilio Salazar el lunes pasado y el bebé salió airoso y se encuentra en buen estado.
Su padre se dirigió a la Comisión de Salud y Desarrollo Humano del Concejo para pedir ayuda ante la compleja situación. Ello le valió varios contratiempos, ya que como no tenía trabajo pidió ayuda en la Secretaría de Desarrollo, aún a cargo de Gustavo Díaz, donde le ofrecieron trabajo en el Hospital.
En realidad lo que le habrían dado fue una inclusión en el Plan Envión, una propuesta inclusiva de reinserción social lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para chicos de entre 12 y 21 años.
Juan José Godoy tiene 28, nunca tuvo conflictos con la ley penal juvenil ni relación alguna con las adicciones, requisitos de vulnerabilidad para la asistencia que propone el Envión, por lo que llama la atención que le hayan otorgado esa beca.
A pesar de que el Plan Envión se cobra vía tarjeta que envía el Gobierno provincial, Godoy percibe su sueldo con cheques firmados por el Intendente Guacone y el Secretario Díaz, que al principio eran de 800 pesos quincenales por ocho horas diarias y que luego pasaron a ser 500 pesos por cuatro horas, por las tareas de seguridad que realiza en el Hospital desde hace nueve meses.
En su denuncia, Godoy declaró que el 22 de marzo mantuvo una reunión con Caraballo sobre la problemática de su bebé y que allí el Subsecretario de Salud le propinó “agravios, insultos” y una amenaza: “Cuando te vea por la calle te paso por arriba con el auto, total el seguro te paga”, denunció que le dijo Caraballo.
Tras la denuncia, el temor de Godoy es a quedarse sin trabajo, ya que en una conversación que habría mantenido con Díaz cuando éste todavía estaba al frente de Desarrollo Humano, lo habría llamado “traidor” por dirigirse a la oposición en el Concejo.
Godoy señaló que luego de que Díaz le consiguió el trabajo comenzó a participar en Acción por San Pedro, como una forma de “agradecer”. De la misma manera, relató que ya ha trabajado como “puntero político” en varias elecciones, para “Mario Barbieri y Sergio Rosa”, según manifestó.

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