Aplicaron el decreto del fin de las bonificaciones pero hay “excepciones”
El Gobierno comenzó a aplicó el fin de las bonificaciones que consideraba “mal otorgadas”, aunque revisó otras en la última liquidación. Hubo diferencias de criterio en el gabinete sobre el tema. Los afectados prometen batalla judicial. Además, la norma que puso el 20 por ciento como tope de retenciones a los empleados tiene algunas “excepciones”.
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Las palabras del intendente Cecilio Salazar acerca de que en su gabinete “no hay desavenencias” resuena en los pasillos de Palacio, donde algunas disputas sordas conviven con el “festival de la alegría” que algunos buscan imponer no sólo hacia afuera sino también puertas adentro tras el desdoblamiento de la Secretaría de Obras Públicas de Jorge Ponzio y la flamante de Planificación de Alfredo Camilletti.
Los decretos de retención del 20 por ciento y del fin del “festival de bonificaciones” forman parte de ello. Sobre el primero, un acuerdo con los sindicatos permite borrar con el codo lo que se escribió con una mano mientras con la otra alzaban la Constitución Nacional “en defensa de los trabajadores”. Sobre el segundo, las diferencias que hubo entre al menos dos abogados del equipo siguen vigentes.
El Secretario Legal y Técnico Ramón Salazar habría sido uno de los que pujó para que las cosas fueran de otra manera y no al estilo que impuso Mario Sánchez Negrete que no hizo ni más ni menos que cumplir una promesa de campaña.
Tras la liquidación de este mes, hay quienes dicen que venció la postura de uno y otro, aunque a juzgar por lo que sucedió cada cual llevó su parte, porque los descuentos se aplicaron aunque no a todos los que figuraban en el decreto original.
Empezó el recorte del festival
Cuando La Opinión reveló los alcances del decreto municipal 389, que llegaba para poner fin al denominado “Festival de Bonificaciones”, muchos celebraron la medida y otros lamentaron porque verían reducidos sus salarios ya que el Gobierno de Cecilio Salazar consideraba que más de 70 empleados tenían asignados plus que no les correspondía.
Desde el 31 de mayo, fecha del decreto, pasaron tres liquidaciones sin que haya habido novedades al respecto. La mayoría de los que aparecen en el listado no habían sufrido descuento alguno. Pero este mes, sí.
El Gobierno comenzó a aplicar el decreto 389 y algunos nombres “prominentes”, sobre todo los vinculados a sindicatos que ya no son considerados como tales, recibieron el recorte de las bonificaciones que alguna vez gozaron.
Si bien algunos casos se revieron y se mantuvieron, otros quedaron en pie y el recorte comenzó. Aun así, en el gabinete continuarán el análisis caso por caso, porque las diferencias de criterio existen en el equipo de gestión y algunas bonificaciones pueden volver, aunque otras que todavía persisten podrían desaparecer.
“Algunos se van a encontrar con sorpresas”, aseguró un hombre que estuvo cerca de la tarea. En la Dirección de Personal que conduce Augusto Ramos aplicaron los descuentos de bonificaciones incluso a personas que escapaban de la firma de la notificación, ya que a pesar de no haber firmado se los consideró advertidos.
Los que preparaban una estrategia judicial para defenderse, tarea que comenzaron tras enterarse por La Opinión primero y por el Boletín Oficial después, y quedaron a la espera de la comunicación oficial para interponer un recurso en el Juzgado y evitar que les descuenten, ya planifican los pasos a seguir.
En el Gobierno decían que sí, pero no. Hablaban de un “proceso de adecuación” para explicar que no habían terminado de notificar a todos los que aparecen en el listado, algo que el propio decreto preveía para hacer efectiva una reducción en beneficios que durante la gestión anterior resultaban inexplicables y cuestionados por la oposición.
Ayer martes depositaban el salario de los empleados. Hubo apuros para algunas cosas y demoras para otras, de manera tal que apareció la liquidación con descuento, lo que provocó el enojo de algunos hombres y mujeres que no habían firmado la notificación.
“Notifíquese en la forma de estilo a cada uno de los agentes municipales”, dice el decreto. Hubo quienes no se dejaron notificar porque desconocieron al “mensajero” o directamente le dijeron que no firmarían.
“Ando disparando”, dijo un hombre de la mesa chica de un sindicato, y bromeó: “Cuando me descuenten, voy a tener que disparar a los que me fiaron”.
Entre los sindicalistas hay quienes conocen al dedillo la legislación que ampara sus derechos y sostienen que hasta que no hubiera notificación fehaciente no aparecerán los descuentos. “Incurrirían en un abuso de autoridad gravísimo”, consideraron. Son los que preparaban con sus abogados el escrito para presentar apenas les apareciera el descuento.
El “notificador”, en muchos casos, era el Director de Personal Augusto Ramos, quien en los primeros días de revolución del decreto recibió una reprimenda del Secretario Legal y Técnico Ramón Salazar, luego de haber notificado al personal del área. “No me alborotes a la gente”, le dijo en serio tono en ese momento el hijo del intendente al licenciado en Recursos Humanos, frente a un periodista de La Opinión.
Del 20 al 40 hay una diferencia
Los concejales Mosquera, Sánchez (FpV) y Quintana (Doctrina y Convicción Peronista) consultaron al Secretario de Economía Mário Sánchez Negrete acerca de la novedad relacionada con la decisión del Ejecutivo de no aplicar el decreto que impuso el 20 por ciento como tope máximo de retención sobre los salarios de los trabajadores.
Es que a pesar de haber señalado que “el Ejecutivo no puede cercenar el principio protectorio consagrado en el artículo 39 de la Constitución Provincial” y que “existe un importante universo de beneficiarios que, luego de deducidos los descuentos, ven comprometidos sus haberes con retenciones no obligatorias que exceden los límites establecidos en la normativa de fondo”, hubo un acuerdo para descontar el 40 a un grupo de empleados.
Según señalaron los concejales en consulta elevada al Secretario Legal y Técnico Ramón Salazar, Sánchez Negrete les dijo que “el porcentaje a descontar en los próximos meses por parte del empleador a un número aproximado de entre 12 y 14 agentes municipales será del 40 por ciento” y que “así ha sido solicitado en forma voluntaria por los propios trabajadores mediante nota firmada”.
Los ediles señalan en su nota elevada a Ramón Salazar que le preguntaron a Sánchez Negrete sobre la “legalidad de la medida” y que su respuesta fue que había hecho “consultas al Tribunal de Cuentas”. Luego indican que en ese organismo no había registro alguno sobre el tema, y sugirieron la consulta a la Secretaría Legal y Técnica, para elevar la respuesta al Tribunal, quien se expedirá sobre el tema.
Ante la consulta de La Opinión, desde el Sindicato que conduce Juan Cruz Acosta –el único que aprobó el último incremento salarial– informaron que “algunos empleados firman en conformidad que le descuenten el 40 % para salir más rápido de la deuda” y que sus afiliados en esa situación serían “7 u 8”.
El decreto implicaba poner fin a una dependencia de los empleados respecto de los sindicatos y la entrega de su sueldo en mano para que decidiera por sí qué deudas afrontar, sin que la retención fuera compulsiva. Sin embargo, algo pasó y el Gobierno accedió al “pedido” de un grupo para que le sigan descontando a favor de los sindicatos, a pesar de lo que dice el decreto.
Una bonificación que sí
La semana pasada los sindicatos acordaron una bonificación del 20 por ciento para quienes trabajan en el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad. El acuerdo, según explicaron desde el Sindicato que conduce Juan Cruz Acosta, incluye la “garantía salarial” para los cuatro empleados que gozaban de un plus del 35 por ciento por esa tarea.
La puja fue, una vez más, con el Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete, a quien el intendente dice “pedir permiso” para planificar los gastos. En reuniones previas con esos trabajadores, Ramón Salazar habría sido crítico con su compañero de gabinete.
