Antigüedad nada honorable
Los miembros del Honorable Concejo Deliberante cobrarían en los próximos días el plus por antigüedad que dispuso una ley en Enero pasado. Desde el Ejecutivo esperan una solicitud formal, aunque confiesan que no quedaría otra que pagar. Representan 120.000 extra que no fueron presupuestados.
Ser Concejal tiene sus ventajas. Nadie los obliga a dejar sus trabajos particulares, no quedan libres por inasistencia ni se les descuenta el presentismo, no los sancionan si se duermen en sesión ni los reprueban si pasan cuatro años sin esgrimir argumento alguno que justifique el abultado fajo de billetes que les ingresa por mes, producto de su propia iniciativa al decidir cobrar la dieta más elevada de las posibles: tres sueldos y medio de un empleado municipal.
Tampoco se los interpela demasiado para que por lo menos hagan “como que” ejercen un cargo que representa una de las instituciones más importantes que tiene la democracia liberal representativa cuando se toma en cuenta la urgente necesidad de reforzar la importancia de revalorizar las acciones locales en su expresión más plena: los municipios.
A esta lista —conformada a ojo rápido de cronista y para nada exhaustiva— se le sumó una nueva ventaja: los concejales cobrarán mensualmente un plus por antigüedad retroactivo al mes de Enero que contempla toda actividad desempeñada en el Estado.
Una reforma en el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dio fin a la discusión sobre si había que liquidar o no esa antigüedad y dispuso efectivizarla. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial Enero de este año, pero los presupuestos se aprobaron en Diciembre, por lo que habrá que hacer una nueva adecuación. En los casos donde no alcance con el dinero propio del Concejo, el Ejecutivo deberá recurrir a sus arcas para “reparar tamaña injusticia”. La parte más cruel de esta noticia no reside en el dinero que la sociedad destinará a un dudoso beneficio que ha sido pensado para los trabajadores sino en que la repercusión que ganó en los medios de comunicación obedece a un reclamo de los concejales que se desempeñan en la actividad privada y sienten que se viola su derecho a percibir una remuneración que, paradójicamente, premia la perpetuidad en un cargo. El concepto de “dieta o indemnización” que se utilizaba en otros tiempos, ahora es: remuneración. En castellano básico: la función honorable de representar al pueblo deja de ser una tarea en la que se compensa con dinero el tiempo que cada edil le resta a su labor particular para transformarse en un antecedente que sentará jurisprudencia más que suficiente como para que alguno acuda a la justicia a solicitar lo que no percibió.
Facundo Vellón, Secretario de Coordinación y Gestión según su cargo, “Primer Ministro” según sus funciones, manifestó a La Opinión que existen “decretos remitidos desde el Concejo Deliberante que indican que al menos dos concejales enviaron la información sobre su antigüedad” y que esperan un pedido formal por parte de quienes quieran ese beneficio. Hay que recordar que la Presidenta del Cuerpo sólo se limitó a solicitar a los ediles que documenten su situación laboral como si se tratara de una opción presentarla. Todos los que tengan antigüedad tarde o temprano cobrarán.
Uno de los más favorecidos es el ex Intendente Provisional Rodolfo “Titín” Trelles, que no sólo lleva muchos años como concejal, sino que ostenta casi tres décadas en el sistema educativo, cargo por el que también se le computará antigüedad. Trelles comenzó en la docencia como celador en un Instituto privado subvencionado por el Estado. Allí también enseñó en algunas materias relacionadas con la industrialización de productos agrícolas. También fue Coordinador —máximo responsable directivo— de una EGB. Otros que poseen antigüedad en la función pública son Abel González, como ex Secretario de Gobierno durante dos gestiones, Javier Sualdea, que es médico del Hospital y ex Director de Centros de Salud, Laura Vázquez —docente desde hace más de 25 años— y Sandra Mari, de larga trayectoria como empleada municipal, quien adelantó que vería la posibilidad de renunciar al beneficio.
Abonar los montos por antigüedad a concejales implicará un gasto de 120.000 pesos anuales que no estaban previstos. En el Ejecutivo se preocupan, pues el Tribunal de Cuentas confirmó que hay que pagarlos sí o sí y los recursos no se están ejecutando de la manera esperada, es decir no están ingresando al erario las sumas que estaban previstas. Teniendo en cuenta que el presupuesto del Concejo no alcanzará para afrontar este gasto, parece que el Municipio deberá dejar de utilizar dinero en otras cosas para pagar las antiguallas deliberantes.
Una opción nada despreciable sería que los miembros del Concejo honraran el “Honorable” que lleva el nombre del cuerpo que integran y se hicieran eco de una de las posibilidades que se prevén para solucionar esta situación legal que obliga a aumentarles el sueldo. Se trata, nada menos, que de bajar el monto de la dieta que cobran, de manera tal que el plus por antigüedad también baje y la suma total no exceda lo presupuestado en 2008.
Lamentablemente, nuestros representantes no se destacan por poner el tesoro público por sobre sus propios bolsillos. Un concejal pro peronista, consultado sobre el tema, minimizó la situación: “Igual, nadie va a superar los 10.000 pesos acá”.
Los proyectos más relevantes ingresados en el HCD
Trabajo “arduo”
Ayuda a la policía
Mediante un proyecto de ordenanza, el interbloque UCR – Acción por San Pedro solicita se instruya a personal policial a actuar “de oficio en el caso de leyes que los designan como autoridad de aplicación e informen trasgresiones o actos prohibidos mediante Ordenanzas vigentes”. Los considerandos del proyecto rezan sobre las “ingentes sumas de dinero” que la Municipalidad aporta a la fuerza policial.
Todo ello equivale a una solicitud del Municipio para que la policía realice tareas que le competen a Inspección General a modo de contraprestación por el dinero que se le aporta para que los agentes no estén en “absoluta indefensión” para cumplir con su cometido.
Las tareas para las que se exige colaboración mediante el proyecto de ordenanza son, entre otras, Control de: “terrenos baldíos sin cercar y con yuyos sin mantener”; “animales sueltos”; “uso de casco”; “depósito de basura en lugares prohibidos”; “obstrucción de veredas”.
El proyecto llega justo después de que se realizara la compra de seis vehículos nuevos por parte de la Municipalidad.
Aumento en los gastos
El Ejecutivo pidió al Concejo una readecuación del presupuesto de gastos por cerca de 3.500.000 pesos. El considerando dice que “se encuentran suficientemente financiadas las partidas presupuestarias que se proponen compensar”. La mayoría de esos gastos nuevos obedecen a recomposiciones salariales, equipamiento y varios ítems con el rótulo “otros”.
El proyecto llega en la misma semana en que el Tribunal de Cuentas informó que deben liquidarse las sumas correspondientes a la antigüedad de los concejales y cuando el Ejecutivo abrió el paraguas antes la imposibilidad de afrontar ese gasto.
Informe dengue
El bloque Justicialista elevó un proyecto de comunicación para solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal si tiene previstas acciones para contrarrestar la posible llegada de dengue a nuestra ciudad. Piden saber si se han implementado controles, si está prevista la entrega gratuita de repelentes y las fumigaciones. Además, aconsejan clarificar por los medios de difusión, “especialmente la prensa escrita”, las actividades preventivas realizadas hasta la fecha. El proyecto ingresó un día antes de la conferencia de prensa ofrecida por Desarrollo Humano al respecto.