Ante la Comisión Investigadora, Guacone dijo: “Estoy harto de que me quieran destituir”

El transporte público ha sido uno de los dolores de cabeza más importantes para el Intendente municipal Pablo Guacone. El tema le valió una interpelación, una causa penal en la Justicia y la crítica constante de los concejales de la oposición. Ahora es materia de un pedido de comisión investigadora, elevado por el bloque Frente de Todos el lunes pasado.
Todo surgió luego de que el Presidente del Concejo Deliberante Martín Pando y el concejal Mario Sánchez Negrete estuvieran en la Secretaría de Transporte de la Nación, donde habían llegado para consultar respecto de la conformación de la tarifa que debe estar incluida en el nuevo pliego de licitación que debate el HCD rumbo a la resolución del conflicto que dejó en emergencia el servicio en la ciudad tras la partida de Jorge Caso.
La comisión investigadora fue solicitada porque del análisis de la prestación y los subsidios otorgados en lo que va del año, que superan los 2 millones de pesos, detectaron que habría irregularidades en el cálculo producto de la falta de información correcta en Nación respecto de la actualidad del servicio, datos que debería haber aportado el Ejecutivo municipal.

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“Me quieren destituir”
En diálogo con La Opinión, el intendente Pablo Guacone se mostró ofuscado por las reiteradas embestidas del Concejo Deliberante. “Ya lo dijo Cachi Atrip, que lo que quieren es destituirme”, dijo luego de que su exsecretario de gobierno asegurara públicamente que hubo reuniones en las que los concejales de la oposición barajaron esa posibilidad (ver aparte).
“Yo me rompo el culo laburando todo el día; sin ir más lejos, esta mañana (por el lunes) estuve buscando al Gobernador para invitarlo a la fiesta de la ensaimada”, se quejó el Jefe Comunal y apuntó a los ediles: “No tienen otra forma de justificar su laburo, porque no hacen nada. Hay que mirar un poco en la vida de cada uno de ellos, si han fracasado o han sido exitosos”.
De la misma manera, Guacone consideró que “no hay otra ciudad donde jodan tanto al Intendente” y aseguró: “Yo le meto para adelante, y estoy todo el día meta y ponga para ir para adelante por San Pedro”.

Los puntos de la comisión
El proyecto de decreto apunta al intendente porque no habría elevado la información necesaria para que la Secretaría de Transporte de la Nación evalúe cómo y cuánto subsidio otorgar a la empresa Vercelli Hnos. Hablaron de “estafa al Estado nacional” y aseguraron que cuando expusieron cómo era el servicio en San Pedro, en el organismo les dijeron que “van a ir todos presos”.
Del análisis de la documentación obrante en la Secretaría de Transporte surge que el Ejecutivo omitió informar una serie de hechos que hubiesen provocado una importante reducción en el dinero que Vercelli percibe en materia de subsidios, que desde febrero de 2011 a la fecha ascienden a un total de 4.600.000 pesos.
“Ha existido un beneficio millonario a favor de la empresa prestadora del servicio de transporte en perjuicio del Estado Nacional en primer lugar y de los usuarios en segundo lugar”, sostuvieron desde el Frente de Todos.
Esto es así, aseguran, porque la firma nicoleña “cobró subsidios por servicios que no ha prestado”, en referencia a los recorridos urbanos, que funcionan parcialmente.
“Los datos denunciados por la Empresa Vercelli respecto de los kilómetros totales recorridos anualmente para prestar el servicio, no se corresponderían con los que se recorren verdaderamente desde que comenzó a prestar el servicio en nuestra ciudad”, indicaron.
Por otra parte, el cálculo para la tarifa media vigente no sería correcto, en la medida en que ese monto medio estaría contemplando el pasaje urbano de 1,50, cuando ese servicio no se presta. “Al no corresponder la tarifa media vigente, esto afectaría el cálculo de la cantidad de pasajeros denunciado por la empresa, el cual no se correspondería con el número real”, explicaron.
De la misma manera, la cantidad de vehículos afectados al servicio y de trabajadores a cargo del mismo no tendrían correlato con lo que sucede. “Tienen declarados 37 empleados, por planilla hay 17 y la CNRT (Comisión Nacional Reguladora del Transporte) paga subsidios por tres empleados por cada unidad en funcionamiento”, explicaron Pando y Sánchez Negrete.

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Por qué contra Guacone
Para ser acreedor de los subsidios, la normativa vigente establece que no debe haber modificaciones tarifarias para los usuarios, algo que en San Pedro sucedió con un incremento del orden del 50 por ciento. De acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Transporte “la autoridad local debe verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos”, por lo que los ediles apuntan al Intendente cuando en realidad es la empresa la que ha cobrado y hasta es probable que sea el propio Guacone el que deba denunciar. Esta posibilidad ni siquiera se pensó como alivio para la agitada situación económica y política que se vive.
En ese sentido, señalaron que el Ejecutivo no notificó a Nación el establecimiento de recorridos de emergencia, la suspensión del servicio dentro del casco urbano de la ciudad ni las modificaciones de frecuencia que sufrieron las localidades.
Todo ello “impacta directamente en la ecuación que tiene como parámetros los kilómetros totales recorridos, el parque móvil afectado, el personal que brinda prestaciones y el combustible utilizado, y en consecuencia impactan sobre el monto de los subsidios”, evaluaron.

Qué dice la empresa
A pesar de que Germán Vercelli reconoció en medio de un encontronazo telefónico que tuvo con Martín Pando en el aire de La Radio que el servicio urbano no se estaría prestando como corresponde, la posición de la empresa es que no hay nada cuestionable en la percepción de subsidios.
Explicaron que la información enviada a la Secretaría de Transporte de la Nación está confeccionada de acuerdo al servicio que prestan y que hay inspecciones de los organismos intervinientes, como la CNRT, que certifican la veracidad de los datos consignados.
De cualquier, manera, también reconocieron que la información ofrecida es la misma que mandó Caso, lo que significa que está acotada a lo que dice el pliego de concesión original, que no sólo no cumple Vercelli en términos de prestación sino que tampoco lo cumplía a pie juntillas la empresa anterior.
“Está todo legal y podemos demostrarlo”, afirman desde la compañía nicoleña, cuyo apoderado legal Hugo Lima es el mismo que acompañó a Guacone cuando tuvo que asistir a la Fiscalía en el marco de la denuncia penal que hicieron los concejales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

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La comisión y la ley
El jueves el Concejo Deliberante votará el pedido de conformación de la Comisión Investigadora contra Guacone. Para ello debe reunir los votos de dos terceras partes de los miembros del cuerpo, esto es para San Pedro: doce de los dieciocho ediles.
La Ley orgánica de las municipalidades establece que la Comisión Investigadora “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte” de los integrantes, con representación de todos los bloques. Su tarea es “reunir los antecedentes y elementos de pruebas necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos”, lo que debe hacer en 30 días de plazo.
Luego, el Intendente “podrá efectuar descargos y aportar pruebas, a cuyo fin se le otorgará un plazo de diez días”, tras lo cual la comisión tiene 15 días más para elevar el informe, que luego será tratado en sesión especial.
Allí puede disponerse la suspensión preventiva, con el voto de las dos terceras partes del total de miembros. El paso que sigue a la suspensión es la destitución, para lo que también debe haber una instancia de defensa por parte del Jefe Comunal y el voto de doce del total de dieciocho concejales.

Los votos, concejal por concejal
Para conformar la comisión investigadora se necesita el voto positivo de doce de los dieciocho integrantes del Concejo Deliberante. La composición actual del cuerpo tiene cuatro bloques, con algunas diferencias internas que también deben analizarse, amén de las posiciones que cada uno ha tenido con el tema del transporte en particular, con Guacone en general y últimamente, por cierto.
El Frente de Todos, que pide la comisión, tiene ocho miembros: Pando, Rosa, Sánchez Negrete, Secchi, Almada, Adrover, Miteslky y Bordoy. Los seis primeros votarán contra Guacone, la última no se sabe; tiene distancia con sus compañeros de bloque y suele votar más cerca que lejos del Intendente.
El Frente para la Victoria tiene cinco votos: Monfasani, Macchia, Baraybar, Artenzio y Vázquez. Han tenido duras posiciones contra el Gobierno por el tema transporte, sin embargo se los vio votando con Guacone o absteniéndose en las últimas sesiones, evaluando y cuidándose de no llegar a una situación institucional irreversible.
Algunos de sus miembros saben que el perjuicio en este caso sería contra el Gobierno nacional, al que responden, por lo que creen que deberán darle curso al menos a la investigación. Por otro lado, los vaivenes del guaconismo para con las amistosas conversaciones no cayeron bien en el círculo pequeño de la mesa monfasanista. Al cierre de esta edición, ninguno de sus miembros decía oficialmente cómo votaría.
El bloque Unión Peronista de Casini y Mosquera fue muy crítico respecto a cómo se manejó el Ejecutivo con el transporte público y todo hace prever que irán a favor de la comisión investigadora. Así lo confirmó el titular de esa fuerza, al enterarse de la solicitud elevada por el grupo que conduce Rosa.
El último bloque es el oficialista que integran Sandra Mari, Giovanettoni y Cachi Atrip. La primera ya dijo a La Opinión que votará a favor del Intendente y contra la comisión investigadora. Sus compañeros de agrupación política prefirieron no emitir opinión y están agazapados. Giovanettoni es el primero en la línea de sucesión y ya le hicieron el chiste de que se pruebe el saco y se compre una corbata nueva. Atrip, electo por el oficialismo pero muy cerca de la oposición, probablemente acompañe la conformación de la investigadora.
Con ese panorama, hay diez votos para investigar. Faltan dos. La oposición se entusiasma y dice que los tendrá. El oficialismo juega sus últimas cartas. El jueves será la hora de la verdad.

Destituyentes
La palabra siempre ha estado en boca de dirigentes nacionales y hasta la propia Presidenta se ha referido en esos términos a quienes tienen un modo de pensar distinto.
En San Pedro, fueron “destituyentes” algunos de los concejales que conformaron el primer cuerpo cuando recuperamos la democracia. Habían prometido cobrar un peso “simbólico” de dieta y terminaron acusando a Guillermo Farabollini de “trabajar para la Banca Morgan”. Sí, fue así.
Destituyente fue la comisión investigadora que quiso destronar a Pángaro cuando renovó un nuevo período como Intendente Municipal y lo acusaron ante el público de la desaparición de un millón de pesos, cuando en realidad la denuncia se correspondía con la obligatoriedad de contestar los pedidos de informe que en ese momento el Ejecutivo no respondía. El voto de Domingo Bronce salvó la institucionalidad aunque ello le valió su expulsión del bloque y de su partido, la Unión Cívica Radical.
Destituyente puede ser también este caso, en el que tendría que probarse que Guacone ha colaborado para que la Nación entregue más fondos que los que le corresponden al servicio de transporte que ahora maneja Vercelli y para el que se están elaborando los correctos pliegos de licitación.
El Intendente aún no ha comprendido que “son reglas del juego de la política” pero lo peor de lo peor es lo que les pasa a los ciudadanos que escucharon al Concejal Atrip confesar que han hablado muchas veces de sanciones para el Intendente con intención de destituirlo. En las leyes todo está previsto pero no puede ser una cuestión de mezquindad política la que alimente un serio problema para la ciudad. Si Guacone “gobierna mal” la crítica es saludable. Otra cosa es que esté involucrado en una maniobra para distraer fondos públicos que por lo que se ha podido constatar fueron a la empresa y no al bolsillo del Intendente.
Es necesario que así como se le reclama a la Nación mayor dosis de tolerancia para que quienes piensan distinto se sientan cómodos en su país, ahora se solicite a varios concejales una dosis mayor de conciencia respecto a los destinos que pretenden para una comuna que atraviesa serios problemas financieros y un vacío de contenido político de sus acciones que queda plasmado a cada paso.
Es probable que algún concejal del Frente de Todos no comulgue con la idea de continuar con un mandato que finaliza en 2015 y no en los menos de dos años que permiten un nuevo llamado a elecciones.
Que todos y Guacone le pidan ahora las explicaciones a la empresa y que las responsabilidades políticas las mida el ciudadano cuando vuelva a votar en 2013 la renovación legislativa y en 2015 un nuevo Intendente.

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La confesión desestabilizadora
Norberto “Cachi” Atrip es un animal político como pocos. El más experimentado, el más arriesgado y hoy el que menos mide lo que va a decir en términos de las consecuencias políticas que puede tener lo que vaya a enunciar.
“Las pasiones son parte de la condición humana”, repite cada vez que le toca hacer uso de la palabra públicamente. Con esa pasión, confesó lo que ninguno de sus compañeros concejales hubiese confesado: las charlas privadas que desean la destitución de Guacone.
“Jamás, salvo tres o cuatro decisiones duras, se le puso al gobierno una traba, aunque hayamos hablado de pensar en decir ‘le haremos una interpelación al señor Intendente’; hemos hablado de suspender al intendente, mil cosas, en privado, lo cierto es que el paso no se ha dado, porque se ha razonado sobre la desmesura que es tomar ese tipo de medidas y lo injusto que sería para la ciudadanía”, dijo Atrip.
Sin embargo, la “desmesura” llegó pocos días después y el pedido de comisión investigadora está en marcha. “El Deliberativo está limitado, sino haría un gobierno desde las sombras”, opinó el exfuncionario del gobierno.
Tras escuchar esa “confesión”, Guacone dijo: “No me cabe ninguna duda, fue totalmente sincero, obviamente es el deseo de algunos concejales: que me vaya a otro lado y no esté como intendente, pero con las ganas de trabajar que tengo les va a ser muy difícil que eso se concrete”.
“A algunos se les caería la baba porque San Pedro esté prendido fuego, entonces Guacone raja, se tiene que ir y asume otro que se quedó con las ganas en octubre del año pasado, no se puede tener la cabeza tan pervertida”, finalizó el Intendente.

Cronología
Julio 2010: Caso anuncia su retiro del servicio y dice públicamente que está dispuesto a entregar los colectivos a la municipalidad.

Noviembre 2010: Caso se retira. Guacone firma un acta acuerdo sin permitir la participación de los concejales, carente de experiencia frente a los Geoghegan y los Aldazabal.

Febrero 2011: Guacone firmó un decreto y declaró la emergencia que habilitó el contrato con Vercelli. El HCD lo interpeló, luego de rechazar todos los pasos anteriores y dejarlos sin valor legal.

Julio 2011: Vercelli comenzó a pedir aumento, tras advertir que “no dan los costos”.

Noviembre 2011: Venció el contrato precario. Sin acuerdo, Guacone tuvo que extenderlo sólo con la firma del Ejecutivo.

Abril 2012: El Tribunal de Cuentas exigió toda la documentación existente para analizar el tema. Luego de ello, llegó la denuncia penal de la oposición contra Guacone.

Junio 2012: El Gobierno autorizó un aumento del 50% de la tarifa. Otra vez sin acuerdo del HCD, que consideró todos los pasos anteriores como “irregulares”.

Agosto 2012: Concejales estuvieron en la Secretaría de Transporte de la Nación. Tras analizar subsidios/prestaciones, decidieron pedir comisión investigadora para Guacone.