Analizan sancionar a Cablevisión por intimar a los abonados a pagar una deuda

partir de abril, Cablevisión comenzó a presionar a sus abonados para que paguen la diferencia que existe entre el precio estipulado por ellos y el que estableció la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, de acuerdo a la fórmula vigente.
Lo hacen a través de la empresa “Recsa cobranza”, que desde principios de este mes envía “cartas documentadas con vencimiento” a los clientes que decidieron acoger la medida cautelar dispuesta por la Justicia, que resolvió que hasta tanto no haya una decisión respecto al tema de fondo –cuánto es el precio del abono–, pueden pagar lo que dispuso Guillermo Moreno.
Las denuncias en la Oficina de Defensa del Consumidor (Omic) que funciona en el Concejo Deliberante no tardaron en llegar. Lo llamativo es que no sólo se quejaron abonados que recibieron esa “carta documentada”, sino que además hubo quienes relataron que los llamaron por teléfono con un mensaje grabado o con una operadora, a otros les enviaron mensajes de texto –inclusive a familiares con el mismo apellido– y hasta enviaron mails a clientes de Fibertel, servicio de internet de Cablevisión.
Este comportamiento abusivo de la empresa, que intima a los usuarios a través de una acción que es contraria a derecho porque no puede ir por sobre la decisión de la Justicia, que no resolvió la cuestión de fondo, incluye un aviso que amenaza: “De no regularizar su cuenta, se procederá al corte del servicio a partir del 17 de abril”.
Hasta ahora no hubo corte alguno y trascendió que a las oficinas locales no habría llegado aún orden alguna para hacer efectiva esa advertencia, lo que al menos pone al resguardo al personal sampedrino, que frente a decisiones abusivas de este tipo que toman en la casa central les toca ser la cara visible ante el enojo de los abonados.

Los pasos a seguir
Desde la Omic, su titular Sabrina Utreras Montes explicó que los caminos hacia adelante son los mismos que para cualquier otro caso que llega a la oficina, con la excepción de que ya recibieron muchas denuncias y es probable que haya más. La abogada señaló que “mucha gente llega informada, conocen las resoluciones del Gobierno y las medidas judiciales”.
En ese sentido, esta mañana habrá una audiencia informal con el Gerente local y el Presidente del HCD, a los fines de evacuar algunas dudas y manifestar la inquietud generada por el tema. Luego llegarán los pasos formales para “discutir la legitimidad de ese reclamo y de la deuda”.
Eso se hará trabajando caso por caso, por lo que cada usuario debe ir hasta las oficinas ubicadas en el Concejo Deliberante, exponer su caso, iniciar el expediente y llenar el formulario de denuncia. De allí vendrá la fijación de audiencia formal con la empresa.
Como sucede con compañías de esta característica en general, es probable que esa instancia fracase por ausencia o por decisión de no acatar la queja de los usuarios. Para ello existe el paso siguiente, que es ni más ni menos el de establecer sanciones, fijar multas.
Como bien señala la ordenanza de creación de la Omic local, eso es atribución del Juzgado de Faltas, que deberá establecer la sanción pecuniaria que corresponda.
Si acaso hubiera corte de servicio, la Omic puede dictar una resolución cautelar administrativa que obligue a la restitución del servicio, de acuerdo a lo que indica la Resolución N° 2/2012 de la Secretaría de Comercio Interior, mediante la que el Gobierno establece un plazo máximo de 24 horas.

Al Congreso también
El Diputado nacional Mario Barbieri está reuniendo los elementos necesarios para tomar intervención activa en el caso. Desde su equipo de asesores, confirmaron a La Opinión que el legislador sampedrino va a citar a los directivos de Cablevisión cuando obtenga la documentación.
La idea es interpelar a la compañía y pedir las explicaciones pertinentes frente a la situación desatada por los reclamos realizados a través de Recsa cobranzas.
Barbieri preside la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, donde se canalizan estos reclamos. Por ejemplo, en la actualidad trabajan con el caso Movistar, que dejó sin servicio a buena parte de sus abonados, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires. La comisión tiene un peso político de relevancia, en la medida en que hay representantes de todos los bloques y un consenso importante a la hora de tratar los temas.