10.1 C
San Pedro
jueves, septiembre 23, 2021
- Publicidad -
- Publicidad -

Amenazan, expulsan y usurpan

Como sucedía en Hermano Indio, la modalidad se extendió a otros barrios: jóvenes armados que pugnan por dominar territorio en los barrios periféricos toman viviendas sin importarles las consecuencias. En algunos casos llegan a echar a los moradores a punta de pistola. La policía llega con el hecho consumado y la irregularidad de los títulos de propiedad impide actuar a la Justicia.

spot_img

 

El fenómeno de la toma de viviendas tiene larga data en San Pedro. Son varios los barrios que fueron creados producto de la necesidad de familias sin techo, con el barrio Obrero que el Gobierno de Juan Domingo Perón no pudo terminar por la irrupción de la Dictadura de 1955 como uno de los primeros; con los casos del San Francisco, El Argentino y los pocos terrenos que quedaban en la zona del CIC como los últimos.
Sin embargo, además de esa problemática social desatendida que generó tomas masivas en las que la trama política nunca dejó de ser ajena, la ciudad asiste desde hace algunos años a otro fenómeno relacionado con las usurpaciones y que tiene que ver directamente con bandas de delincuentes que hacen de la compra venta de precarias viviendas su modo de ganar dinero fácil.
Son incontables los casos de familias que, en la desesperación de hallarse en la calle o viviendo hacinados con parientes, de prestado o imposibilitados de pagar el alquiler, ponen el poco dinero que tienen en manos de quienes se ocupan de usurpar terrenos y casas, para luego ser víctimas ellos mismos de una modalidad que a diario crece: la expulsión a mano armada.
El barrio Hermano Indio fue paradigma de caos relacionados con este tipo de delito. La pugna por el territorio protagonizada por dos bandos representados por familias de reconocidos delincuentes, con muertes incluidas, derivó en la usurpación violenta de muchas casas.
Familias que al regresar de su trabajo se encontraban con los muebles en la calle y jóvenes armados dentro de una precaria vivienda por la que pagaron pero de la que no pueden mostrar documentación alguna que avale propiedad y cuya denuncia duerme el sueño de los imposibles en algún cajón judicial.

Publicidad

Fuego y adiós
La semana pasada, una pareja se acercó a La Opinión tras ser amenazada de muerte por los que le usurparon la vivienda. Se trata de una mujer, un hombre y su pequeña hijita que consiguieron un empleo como cuidadores de una quinta, por lo que dejaron la casa de los padres de él, ubicada cerca de esa “zona de tormenta”, en Benefactoras Sampedrinas al 450.
Estaban trabajando en el campo cuando les avisaron que su casa ardía en llamas. Al llegar, se encontraron con dos roperos reducidos a ceniza y parte del techo de una habitación incendiado. Tuvieron que volver a trabajar, por lo que tardaron dos días más en retornar a limpiar. Al pasar otros dos días, volvieron y se encontraron con la casa tomada.
Más de diez personas, la mayoría hombres pero también una mujer y dos niños. Con un joven alcanzaron a dialogar, quien les dijo que había “cambiado” la vivienda a otra persona “por una motocicleta y algo de dinero en efectivo”. Dentro de la casa se veían muebles. También vieron armas, con las que los amenazaron.

Desalojados y desalojadores
Mónica alquiló una casa en Pavón y Chivilcoy. En la parte de atrás hay otra vivienda, ocupada por un grupo de personas que fueron denunciados por usurpación y que recibieron una orden de desalojo. El jueves de la semana pasada, casi la desalojan a ella.
“Me tengo que ir, porque me amenazaron de muerte”, dijo desesperada a La Opinión tras hacer la denuncia y mientras la policía custodiaba el lugar. La mujer relató que los ocupantes de la casa de atrás “no se quieren ir”. Pero no sólo eso: “Me quieren usurpar a mí, me apuntaron con el arma, me dispararon en la puerta y todo”, aseguró.
Otro caso ilustra cómo operan estas bandas de usurpadores: una familia tiene una casa tomada desde hace tiempo, por la que han hecho la denuncia y han presentado la documentación pertinente ante la Fiscalía, de manera tal que el Juzgado de Garantías evalúa la posibilidad de emitir una orden de desalojo para restituir la propiedad como medida cautelar mientras dure el proceso de fondo.
La Justicia tiene sus tiempos, por lo que a diario ven cómo su casa se deteriora, producto de un grupo de delincuentes que, armados e incluso sospechados de vender drogas, amedrentan a todo el barrio.
Una tarde, uno de los integrantes de la familia, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor, recibió una extraña visita. Un joven de la zona de la casa usurpada se acercó a ofrecerle sus “servicios” para restituirle la casa. “Me dijo que ellos podían devolvérmela”, contó a La Opinión la víctima.
“Me dijo que él tenía un grupo de amigos que sabía quiénes eran los que me habían usurpado la casa y que podían hacer algo para que la recupere. Cuando les pregunté cómo harían me contó que como ellos estaban enfrentados con la otra banda, no tenían problemas en ir y ‘sacarlos a tiros’, así me dijo”, contó el usurpado.
Sin embargo, eso no fue todo: “Lo peor es que me dijo que me iban cobrar un dinero por hacer ese trabajito. Como les dije que no, que prefería esperar que actúe la Justicia me amenazó y me dijo que ellos iban a ir a los tiros igual, y que si no les pago se la van a quedar ellos a la casa”, relató.

Si el Gobierno no cumple
En San Pedro rige desde hace algunos años una ordenanza que impulsaron en el Concejo Deliberante Carlos Casini y Damián Mosquera. Obliga al Ejecutivo a relevar la información para la constitución de un Banco de Tierras. Con buen tino, le dieron una herramienta al Gobierno para que conozca qué hay y desarrolle políticas en ese sentido.
“La información existente en la Oficina de Catastro de nuestro Municipio arroja que en nuestro Partido existen más de un millón de metros cuadrados de tierras municipales y casi tres millones de metros cuadrados de tierras provinciales”, afirmaron desde Unión Peronista, aunque aclararon que esa información está desactualizada.
El Estado local no sabe ni parece querer saber qué tierras tiene disponibles y cuáles puede reclamar como propias. Como si fuera poco, los vecinos que alguna vez han sido beneficiados con viviendas sociales también están vulnerables.
Fue durante 2011 que al barrio 104 Viviendas, que empezó Sánchez y terminó Pángaro, llegaron las escrituras. Lo mismo sucedió con el barrio Arco Iris. En otros, aún ni noticias, lo que expone a los vecinos al riesgo de lo que fue relatado en esa nota: bandas de delincuentes que a punta de pistola desalojan familias que después no cuentan con nada que acredite que son los legítimos propietarios.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Lo Último

Lo Más Leído

- Publicidad -
- Publicidad -

Otras noticias