Amenaza de bomba en escuelas: avanza la investigación por el caso de la Agraria
La Justicia requirió oficialmente la información que detectó la cooperativa telefónica, que registró el número desde el que se produjo la llamada. La causa es por intimidación pública, un delito que tiene penas de entre dos y seis años de prisión.
La Justicia ordenó una serie de diligencias en el marco de la causa que investiga la amenaza de bomba de la que fue objeto la escuela Agraria el 24 de junio pasado, que obligó a evacuar todo el edificio.
Para la investigación, fue requerida oficialmente la información que ofreció la cooperativa telefónica de Río Tala, que registró la llamada y el número de abonado desde el que se hizo.
La amenaza de bomba fue recibida por un preceptor en el teléfono fijo de la escuela. La central de la cooperativa registra las llamadas entrantes a las instituciones públicas, por lo que el número desde que se profirió la amenaza está identificado.
Cumplida la diligencia formal, la Justicia estará en condiciones de proceder como considere: ya sea citando a comparecer al responsable de ese número de teléfono o bien ordenando un allanamiento en su domicilio.
El delito que se investiga es el de intimidación pública, para el que el Código Penal prevé penas de prisión de entre dos y seis años.
El llamado entró alrededor de las 10.30 de la mañana y obligó a activar el protocolo, que implica evacuar el establecimiento y convocar a los padres para que vayan a buscar a los chicos.
Además, hubo que solicitar auxilio a la Brigada Antiexplosivos de la Policía bonaerense, que viajó desde San Nicolás para revisar el edificio y constatar que se trataba de una falsa alarma.
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