Alquiler irregular de locales de La Providencia

El barrio La Providencia sigue atravesando situaciones polémicas a diez años de la compra de los terrenos por parte de la cooperativa del mismo nombre para la construcción de 190 viviendas que luego fueron 71. Ahora, el cuestionado presidente de la cooperativa Ernesto Iturriaga apareció fugazmente por San Pedro para firmar un comodato con Diego Guerra, de la imprenta homónima, mediante el que cede el uso de uno de los locales que fueron construidos junto con las viviendas en el barrio.
Antes, Iturriaga había firmado un contrato similar con Alberto Santillán, para poner allí un salón de fiestas. Ello fue el 8 de octubre, momento en que los vecinos del barrio levantaron la mano para pedir voz y voto en la cuestión.
Lo que siguió fue la firma de otro comodato con una persona de nombre Cristian Molina, para “efectuar plantaciones de guinea, camote o soja”, con el fin de “evitar posible intrusión de personas, etc.”.
Ante cada uno de ellos, los vecinos elevaron su inquietud a la Municipalidad, en busca de apoyo frente a una situación que no es clara para nadie, menos aún teniendo en cuenta que no hay escrituras sobre el terreno, lo que significa la mayor preocupación para quienes habitan el barrio.
Sobre la instalación de un salón de fiestas los vecinos estaban abroquelados en una sola opinión: la negativa, por cuestiones ligadas a la tranquilidad nocturna del lugar.
Respecto a la imprenta, cuyas tareas ya se desarrollan en el local ubicado en la circunscripción VI, sección b, manzana 51, lote 10 algunos vecinos consideran que no está mal que esos locales sean ocupados por algo productivo, “para evitar usurpaciones o que se transformen en aguantaderos, todos mugrientos”, y otros prefieren que las cosas sean claras para no sentar precedentes ante la complicada situación judicial iniciada en la Justicia Federal.

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¿Quién es el dueño?
Los vecinos blanden una documentación firmada por el Intendente municipal Pablo Guacone y el ex Secretario de Planificación Facundo Vellón, que indica que los locales ubicados al a entrada del barrio, donde en principio estaba proyectado un supermercado, pertenecen a la cooperativa La Providencia. Sostienen que, entonces, les pertenecerían a ellos por ser los adjudicatarios “socios” de la entidad.
Sin embargo, hay varios puntos oscuros que al parecer Ernesto Iturriaga nunca se ocupó de aclarar a quienes pusieron 15.000 pesos para acceder al sueño de la vivienda propia que luego pagarían en cuotas una vez construidas las unidades habitacionales.
En la documentación obrante del caso, que hoy tiene en su poder la Justicia Federal tras allanamientos realizados en la Municipalidad y en el Instituto de la Vivienda, hay una “copia simple de compraventa de inmueble” donde figura el proceso que atravesó el predio.
Allí consta que María Angelina Massini vendió a La Providencia el terreno y que a su vez la cooperativa lo donó al Instituto de la Vivienda, que tras financiar la construcción de las casas procedería a escriturar a nombre de cada uno de los adjudicatarios.
De esa “donación” quedó excluida “la parte del terreno que resulte del plano de mensura y división” y que “corresponde a los lotes uno, dos tres, cuatro, cinco y seis”.
Ello significa que esos seis lotes serán escriturados a nombre de la cooperativa La Providencia, que los vecinos en realidad no integran como socios sino como “adherentes”, según consta en los contratos que cada uno de los adjudicatarios firmó en su momento. Por eso, como presidente de la cooperativa, Iturriaga se tomó la libertad de firmar los comodatos sin consultar a nadie.
Desde la Municipalidad señalaron que solicitaron el “informe de dominio para saber si (los locales) están dentro o son de la cooperativa”. Además, indicaron que “lo que más debe preocupar a los vecinos es que eso todavía está a nombre del vivero Marchi (Susana Marchi de Cucit), no hay subdivisión ni escritura para ellos”.

Pasos en la Justicia
Sobre el barrio La Providencia hay dos causas en trámite. Una de ellas, es Federal y se tramita en el Juzgado N° 2, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, y tiene que ver con sospechas de desviación de fondos para la construcción de las viviendas, ya que los planos aprobados en principio difieren de lo que se encontraron los adjudicatarios cuando llegaron a vivir.
Por otro lado, hay una causa en el fuero civil, en la que los vecinos denunciantes cuentan con el patrocinio de la abogada Marisa López Bravo, quien envió cartas documento a la cooperativa y al Instituto de la Vivienda porque “no se respetaron los montos de las cuotas al momento de la contratación”.
Esas diferencias en los montos surgieron luego de que el titular del Instituto de la Vivienda Gustavo Aguilera se comprometiera a facilitar el proceso de escritura a los vecinos, con el correspondiente arribo al barrio de las chequeras con las cuotas a pagar.
Los vecinos no pagan porque no saben “si los talonarios tienen el aval del organismo” y además no hay elemento alguno que señale que son los titulares de la casa que habitan y que les garantice que tras pagar van a obtener su propiedad definitiva.
Sobre el caso de los locales, un grupo de vecinos hizo una denuncia por usurpación, pero no pueden acreditar que les pertenezcan, por lo que difícilmente prospere.

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“Es como
Bin Laden”
Ernesto Iturriaga es un hombre escurridizo y comunicarse con él no es nada fácil. La Opinión mantuvo una conversación con él en junio de 2009, cuando el arquitecto Simonetti, de la cooperativa de construcción Accorde, había asegurado que construirían 223 viviendas más en esos terrenos.
En esa última charla, Iturriaga aseguró que eso sería efectivamente así, aunque desde entonces nada ocurrió. Desde aquella oportunidad, los intentos de este semanario por comunicarse con él han sido infructuosos.
Lo mismo sucedió esta semana y no sólo a este medio. Desde la Municipalidad informaron que desde que llegó la inquietud de los vecinos sobre los locales intentaron comunicarse con el presidente de la cooperativa sin éxito.
“Este tipo es más difícil que Bin Laden, imposible encontrarlo, y cuando aparece es para firmar algo y se va en el día”, dijo un funcionario que aseguró haberle llenado “la casilla de mensajes de tanto llamarlo”.

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