Las autoridades judiciales ingresaron al Palacio municipal escoltados por el Director de Asesoría Letrada José Macchia y se dirigieron en primera instancia a la Secretaría Privada del Intendente Pablo Guacone, en el marco del allanamiento.
La orden llegó desde el Juzgado de Garantías de San Nicolás tras la denuncia presentada por el abogado Benito Aldazabal, en la que pedía esta medida producto de las irregularidades en la facturación de proveedores monotributistas que denunció La Opinión en junio del año pasado y que resurgieron en medio del caso Galati.
La exdirectora del Hospital dijo en su declaración que el administrador del nosocomio, Roberto Borgo, pedía “facturas truchas o por trabajos que no se hacían” al proveedor Pedro Di Mayo, cuyo socio Ariel Franzoia aparece como monotributista clase B, con capacidad de facturación de 24 mil pesos anuales, pero facturó al municipio en 2011 unos $ 394.600, en pleno año electoral.
