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domingo, septiembre 26, 2021
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Allanan el municipio por el dinero del Hospital utilizado para la campaña

El abogado Benito Aldazabal presentó una denuncia por malversación de caudales públicos tras la declaración de Galati, que provocó el destape de la facturación irregular de monotributistas en el Municipio. Había pedido “el secuestro de toda la documentación vinculada con ingresos y egresos del Hospital”, lo que se hizo efectivo el viernes. Borgo se defendió y apuntó a Esperante.

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El escándalo de los proveedores irregulares que advirtió La Opinión en junio de 2012 llegó casi un año después a la Justicia, producto de la declaración indagatoria de la exdirectora del Hospital Marina Galati, que acusó a Borgo de “pedir facturas truchas o por trabajos que no se hacían” con destino a “la campaña del Intendente Pablo Guacone”.
El abogado Benito Aldazábal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, en la que pidió el inicio de una investigación por el delito de “malversación de caudales públicos” contra los funcionarios municipales que puedan tener relación con los hechos que este semanario volvió a enumerar la semana pasada respecto a proveedores monotributistas que excedieron ampliamente su capacidad de facturación, según las órdenes de pago cargadas al sistema Rafam del Municipio.
“Es fácil colegir que habría existido una maniobra delictiva entre los suministradores de servicios y el funcionario que les abonó los mismos, toda vez que se ignora si esos servicios o ventas realmente han existido”, señaló Aldazábal en la presentación.
Para el abogado, se trata de malversación de caudales públicos o una estafa genérica, delitos de los que habrían participado quienes entregaron los fondos y quienes tenían a su cargo la obligación de ejercer control.
De la misma manera, sostuvo que es un “escándalo” porque “significa haber utilizado dinero del Hospital de San Pedro para fines espurios, o simplemente para hurtarlos, dejando a dicho nosocomio en la situación de escasez de elementos de sanidad que actualmente padece” y aseguró “estamos ante un hecho de corrupción y obviamente delictivo, que pone en riesgo de vida a los ciudadanos”.

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Allanamiento en el municipio
Personal policial de la DDI y de la Fiscalía N° 8, con el ayudante del Fiscal Granda Norbeto Masciarelli a la cabeza, arribó el viernes por la mañana para secuestrar documentación de Contaduría y la oficina de compras, de acuerdo a la orden emanada del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Laura Vázquez.
Las autoridades judiciales ingresaron al Palacio municipal escoltados por el Director de Asesoría Letrada José Macchia y se dirigieron en primera instancia a la Secretaría Privada del Intendente Pablo Guacone, en el marco del allanamiento.
Macchia explicó a La Opinión que “la figura jurídica es una orden de presentación” y que en ese marco, los funcionarios llegaron al Municipio para “hacer la compulsa de la documentación pedida por la Jueza”. El abogado confirmó que secuestraron “muchos elementos” y señaló: “Pusimos todo a disposición para que la Jueza continúe con la investigación”. Prefirió no detallar de qué se trata la documentación secuestrada, aunque indicó que corresponden “al área contable e informática”.
La denuncia de Aldazábal había solicitado esas acciones por parte del Juzgado de Garantías interviniente y asegura que la ciudadanía “celebraría con verdadera euforia un actuar rápido y ejemplar”.
“Estamos en presencia de una malversación de caudales públicos, vamos a tener funcionarios procesados”, aseguró el denunciante a La Opinión y explicó que “ante la publicación de esto el año pasado, el Fiscal tendría que haber actuado de oficio”.

Borgo se defiende y ataca
El administrador del Hospital, señalado por Galati como “el recaudador” para la campaña de Guacone, desestimó los dichos de la odontóloga y aseguró que en todo caso, ella deberá aportar las pruebas necesarias para que su denuncia tenga destino.
Sostuvo que no hay facturas que no coincidan con las obras realizadas y puso en duda “que se haya pagado algo que no haya sido consultado con Afip”, aunque aclaró que él no era responsable de controlar y cargar al Rafam, por lo que apuntó a la Secretaría de Economía.
“Yo soy responsable de las obras que contraté, de las que no tuve ninguna observación por parte de Compras y Contaduría, a mí no me corresponde el control”, se defendió.
“Lo que plantea Galati es que hay facturas que no coinciden con lo que teóricamente se facturaba, es cuestión de que se vea lo que está hecho en el Hospital”, sostuvo y señaló: “Todos los expedientes están en Obras Públicas, con todo lo que se realizó, con la certificación de obra y han sido vistos por el Tribunal de Cuentas, porque son de ejercicios vencidos”.
“Yo en ningún momento cargué presupuestos por más de 24 mil pesos a esos proveedores”, sostuvo Borgo, y señaló que los controles pasan por otras áreas que dependen directamente de la Secretaría de Economía, que en ese momento estaba a cargo de Oscar Esperante y probablemente a la de Obras Públicas que dirigía Pedro Restelli.

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