Allanamiento en la Municipalidad por irregularidades en el Barrio La Providencia

La mañana del lunes estaba movida en la Secretaría de Obras Públicas. El Secretario Restelli aceleró la anunciada salida de Flavio Peiró de la Dirección de Viviendas y Escuelas. La situación no daba para más: “Se me generaban conflictos a diario”, dijo.
Las viviendas construidas a través de diversos planes acordados con Nación y Provincia son uno de los temas excluyentes respecto de los cuestionamientos a la gestión del arquitecto.
En ese sentido, el tomado barrio San Francisco tiene una causa penal iniciada en el Juzgado Federal de San Nicolás, que instruye el Fiscal Juan Patricio Murray, producto de las sospechas respecto a la desviación de fondos para la construcción de esas unidades habitacionales.
Ese mismo lunes, un patrullero de la Policía Federal Argentina, con dos agentes uniformados y dos de civil, estacionaron frente al Palacio municipal. Mientras los inspectores municipales hacían una asamblea para reclamar por situaciones laborales, los agentes ingresaban por la Secretaría Privada hacia el despacho del Intendente.
El requerimiento, una vez más, era documentación sobre planes de vivienda. Esta vez, el barrio La Providencia, construido por una “cooperativa” del mismo nombre a través de otra “cooperativa de construcción” llamada Acorde, con fondos del Instituto para la Vivienda de la provincia, ubicado detrás de la estación de trenes fue el blanco de la Justicia.
Tras varias horas en el interior del Municipio, junto al Secretario de Gobierno Juan Benseny desfilaban los miembros de la Secretaría de Obras Públicas con cajas que contenían documentación. Dos de ellas fueron secuestradas por el personal de la Policía Federal, que apenas se limitó a decir a la prensa que había una orden emanada del Juzgado Federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo y que estaba enmarcada en la causa del barrio La Providencia.

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Historia de un barrio
“Sea propietario, barrio a estrenar financiado por el Instituto de la Vivienda. Casas a estrenar. Primeras 71 viviendas. Todos los servicios: luz, agua, cloacas, teléfono. Un anticipo en pesos. Con la entrega de su casa, llave en mano, 300 cuotas fijas de $ 215”, decía la publicidad.
Con un anticipo de 15.000 pesos y los mismos requisitos que en otros planes en los que participa el Estado –vivienda única de uso familiar, no tener otra propiedad a su nombre y demostrar capacidad de pago–, los sampedrinos podían tener la posibilidad de sumarse al proyecto.
En la última comunicación que tuvo este medio con el responsable de la cooperativa, Ernesto Iturriaga, dijo: “Hubo otro convenio y quedó en 300 cuotas de 315 pesos mensuales fijos”. Los vecinos desmienten el convenio y reniegan porque, a pesar de las múltiples irregularidades en torno al plan, las chequeras comenzaron a llegar: “Ahora llegaron las cuotas, de 384,40 en 216 meses y es ajustable con aumentos cada tres meses y que no tienen el valor que nosotros le dijimos”, señaló una vecina.
Las primeras 28 casas demoraron varios meses más de lo esperado y fueron entregadas en presencia de las autoridades municipales. El resto tuvo que esperar muchos meses sin respuesta, con protestas en las puertas del local que la cooperativa alquilaba en el Paseo de los Naranjos. Ante el temor de una toma masiva como la ocurrida en el barrio San Francisco, decidieron entrar a las casas que estaban aún sin terminar.
La constructora encargada de levantar las unidades habitacionales es otra cooperativa, de nombre Acorde. Su arquitecto, José Luis Simonetti, había reconocido las irregularidades: “El temor de los beneficiarios a que se las usurparan nos persuadió de aceptar la situación”, explicó.
El problema continuó ya que los adjudicatarios que ingresaron a las viviendas sin terminar comenzaron a hacer los arreglos necesarios para que estén en condiciones de habitabilidad: instalaciones de luz, puertas, ventanas. Habían recibido la promesa de que les sería reintegrado el dinero que gastaran allí. Mientras el arquitecto aseguró que se les pagó lo que correspondía por el convenio, muchos vecinos del lugar afirmaron no haber recibido pago alguno que salde el gasto que tuvieron que afrontar para habitar sus viviendas. “Todo se le va a pagar y a algunos ya se les pagó, pero sólo lo que reconoce el Instituto para la Vivienda, lo que no está contemplado es problema de ellos y tendrán que afrontar el gasto superior”, expuso, por su parte, Iturriaga.
“Ya deberían haber pagado, hubo un error de ellos de no pagar y del Instituto (de la Vivienda) de no reclamar el pago, que no ha ido oportunamente a certificar que los que están en las viviendas son los adjudicatarios”, informó el Presidente de la Cooperativa.

“Ya te vamos
a terminar la casita”
Josefina Mariño es una de las vecinas que hizo la denuncia penal y que participó activamente en todas las gestiones realizadas para solucionar la problemática del barrio. “Llamamos al Instituto para la Vivienda y nos habían dicho que no había ningún problema. (Flavio) Peiró firmó la finalización de obra, pero las viviendas no se terminaron. ‘Ya te vamos a hacer terminar la casita’, nos dijo. Había un fondo de garantía de 250 mil pesos”.
Los vecinos fueron al Instituto para la Vivienda y mantuvieron una reunión con su titular, Gustavo Aguilera: “Hablamos con él para que terminen las casas que faltan. Nos dijo: ‘Vamos a hacer una cosa, yo les facilito la escritura, es lo único que puedo hacer, después vendrán las cuotas’; bárbaro, dijimos, pero llegaron y no es el monto. Hicimos la denuncia en San Nicolás, en la Fiscalía de Murray, porque nos sentimos estafados. Dijeron que van a venir a analizar los materiales, porque se está cayendo el revoque”.
Tras otra visita de algunos vecinos al Instituto, donde los recibió la Arquitecta Vera María Ponce Betti, Directora de Ejecución, las autoridades de la Provincia enviaron a cuatro arquitectos, que junto con el Director de Viviendas y Escuelas de la Municipalidad, Flavio Peiró, estuvieron en el barrio, reunidos en una casa con algunos vecinos ante quienes habrían asumido “el compromiso de arreglar las viviendas con el fondo de garantías”, según relató uno de los presentes. Aún así, en ese momento Peiró afirmó: “No hay reclamo alguno” en ese barrio y que si lo hay “es un problema de la constructora Acorde, La Providencia y la Provincia, porque lo hicieron ellos a eso”. Sin embargo, el Juzgado ordenó un allanamiento en la Municipalidad y se llevó documentación referida a ese proyecto, lo que implica que, de alguna manera, la Justicia tiene al menos la sospecha de que algo tiene que ver el Ejecutivo local con las situaciones planteadas en la denuncia.

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Penal y civil
Además de la causa penal que tramita el Juzgado de Villafuerte Ruzo, los vecinos comenzaron una querella de tipo civil patrocinados por la abogada Marisa López Bravo. La letrada manifestó: “Enviamos cartas documento al Instituto de la Vivienda y a la cooperativa, porque no se respetaron los montos de las cuotas al momento de la contratación y por los datos emergentes, porque tuvieron que terminar las casas” con dinero propio. En ese sentido, López Bravo señaló que están a la espera de la respuesta que dé el organismo, teniendo en cuenta que los vecinos no saben “si los talonarios tienen el aval del organismo”. La abogada expresó que la situación es compleja en la medida en que “no tienen ningún elemento que diga que son titulares, y que les garantice que van a obtener la escritura”. Hoy los valores que tendrían que pagar por la casa superan los 100 mil pesos “y habían contratado por 75 mil”, dijo la abogada, que señaló que la ley de defensa de consumidor ampara el caso, ya que “en las publicidades decían el monto a pagar y hoy se habla de otros valores”. Como la cooperativa ya no está en el Paseo de los Naranjos, enviaron la carta documento al domicilio que figura en el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria), “pero no existe”, dijo la abogada.

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