Allanado por pornografía infantil tenía un arma sin registrar
La Fiscalía especializada en ese tipo de delitos volvió a San Pedro para allanar la vivienda de un joven de 28 años, desde cuya dirección IP subieron material detectado por una ONG internacional con sede en Estados Unidos con imágenes de menores de edad en actividad sexual explícita. Se llevaron computadoras, más de 150 DVD y secuestraron un arma sin documentación, lo que obligó a la apertura de una nueva causa en contra del joven de 28 años allanado.
Tal como sucedió en noviembre, el jueves pasado hubo un despliegue policial y judicial en un domicilio donde fue detectada actividad ilegal relacionada con la distribución de pornografía infantil.
Tras la alerta de una ONG estadounidense que monitorea cientos de países a través de un protocolo que permite la detección inmediata de este tipo de acciones, de manera tal que la Justicia de cada país miembro de la red pueda intervenir de inmediato.
El Fiscal Jorge Leveratto, titular de la UFI N° 4, tematizada en delitos de pornografía infantil, ordenó el operativo en San Pedro, que encabezó la instructora judicial Alejandra García.
Como sucedió en septiembre, el operativo implicó el allanamiento en la vivienda del sospechoso y la visita a su lugar de trabajo. En la casa secuestraron gran cantidad de material que será sometido a las pericias de rigor para definir los pasos procesales a seguir.
Cuando llegan es porque hay certezas
Como sucedió en la vivienda de José Hernández al 1200, donde funciona una peluquería a cuyo Wi Fi se conectan todos los eventuales clientes, la orden de allanamiento tenía la certeza remitida desde la ONG Ncmec (Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés) de que el delito estaba acreditado.
“Se realizaron diligencias de allanamiento y de secuestro por la comisión del delito de publicación, divulgación y distribución en redes sociales de imágenes de menores de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas”, explicó a La Opinión el Fiscal Leveratto.
“Se incautó material informático a los fines periciales y se establecieron las identidades de las personas vinculadas a la investigación, determinándose luego de las pericias correspondientes el procesamiento de las que correspondan”, detalló el titular de la Fiscalía.
El allanamiento se produjo en una vivienda ubicada en La Laguna 775, donde reside un joven identificado como Rolando Martín Camarasa, quien ese día cumplió 28 años. Allí secuestraron dos notebooks, tres gabinetes de computadora de escritorio, tres tablets y más de 150 DVD.
Luego se dirigieron a una fábrica textil ubicada en Ruta 1001 y Chivilcoy, donde el joven allanado trabaja, sin resultados relevantes.
En la vivienda, además, encontraron un arma de fuego “sin la documentación actualizada y requerida para la tenencia legal, por lo que respecto de la misma se le dio intervención a la fiscal de turno de San Pedro”, de acuerdo a lo informado a este medio por parte del Fiscal Jorge Leveratto.
Un delito cada vez más común
Lamentablemente, el delito de distribución de pornografía infantil creció exponencialmente con la extensión del uso de internet. Desde el año 2000, la ONG Nmec ya denunció más de 62 millones de imágenes en todo el mundo. De ellas, más de 11 mil fueron reportadas en el país.
El artículo 128 del Código Penal pena a quien “publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
El castigo es de cuatro meses a dos años de prisión para quien tenga ese tipo de imágenes con destino de distribución o comercialización, y de un mes a tres años para quien “facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años”.
“El 70 por ciento de los consumidores de pornografía infantil van a intentar concretar un encuentro con un menor”, sostiene el Fiscal platense Fernando Cartasegna, responsable de los casos que son reportados en la jurisdicción de la capital provincial.
