Alerta por los “vende humo” que cobran “para liberar presos”
Entre historias de pasillo de Tribunales, Fiscalía y Defensoría, hay una denuncia contra un prestigioso estudio jurídico. Tras el caso en el que un detenido acusó a un secretario del Fiscal de pedirle dinero, una familia asegura que le cobraron por una tarea que habían hecho los funcionarios públicos.
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Los mitos sobre abogados que se aprovechan de familias que tienen un ser querido en problemas con la Justicia penal podrían alimentar cientos de charlas. Hasta que un día llega una denuncia.
En la jerga se los llama los “vende humo”. No porque, como se extendió en los últimos años, sean personas capaces de convencer con fábulas, sino porque, tal como castigaba el derecho romano, aseguran que pueden “adornar” al Poder Judicial.
El “venditio fumi” se refiere al cobro de un dinero, por parte de un abogado a su cliente, destinado a pagar favores de un funcionario público pero que nunca se concreta. Es decir, una estafa.
Un engaño sobre el que conviene estar advertidos
En los departamentos judiciales que cubren vasto territorio y mucha población los funcionarios judiciales, sobre todo jueces pero también fiscales, tienen poco contacto con los protagonistas de los hechos que investigan y es más fácil engañar a familiares de un detenido acerca de que con cierta cantidad de dinero se puede comprar su firma en un expediente.
La semana pasada resonaron las palabras del abogado Juan Luciano, defensor particular de Ulises Fernández, cuando reveló la acusación a un secretario del Fiscal Manso que habría pedido 150 mil pesos para desvincularlo de la causa, lo que fue desmentido por el funcionario.
Ahora, trascendió en las oficinas del Poder Judicial una denuncia que involucra a un reconocido estudio jurídico que se dedica a cuestiones penales –incluso con cierta fama de “sacapresos”– por el presunto cobro de una suma de dinero para lograr la excarcelación de un detenido, aunque su liberación ya estaba decidida desde antes y por la acción de la Defensoría Pública.
“La modalidad es habitual en algunos lugares. Sobre todo si tienen contactos adentro, en la Justicia o en la Policía. Alguien les avisa que van a liberar a un detenido y entonces buscan a la familia. Les venden humo y la gente agarra viaje. A las pocas horas, el preso aparece en la casa”, contó un conocedor de ese mundo.
Una liberación por 20 mil pesos
Los más renombrados estudios jurídicos penalistas del país tienen una fama nunca comprobada que alimenta el mito de que el alto costo de sus servicios está más relacionado a la capacidad de dejar “sobres” en los despachos que a sus dotes profesionales.
En cada enclave judicial del territorio bonaerense, el Ministerio Público de la Defensa tiene a atentos funcionarios que procuran evitar que los “vende humo” se aprovechen de aquellos que, en medio de la desesperación por tener un familiar acusado de un delito, pueden ser engañados ypagar grandes sumas para que los liberen.
Eso aseguran haber hecho los familiares de un joven sampedrino acusado de un delito, quienes tras ir a consultar en Defensoría se enteraron que la liberación había sido producto del accionar de los funcionarios públicos y no de los abogados particulares que creían haber contratado y por cuyos servicios dicen haber pagado alrededor de 12 mil pesos, aunque nunca obtuvieron recibo alguno.
Denunciaron en Fiscalía que una mañana estaban en la Comisaríaporque el joven iba a ser trasladado a San Nicolás para declarar. Como demoraban, se fueron a su casa, donde horas más tarde llegó un hombre, conocido por su tarea en un estudio jurídico, a ofrecerles el servicio de asesoramiento legal.
Les aseguró que “en tres horas máximo” liberarían al joven, pero que les iba a costar 20 mil pesos, y que la mitad del dinero lo tenían que entregar al mediodía.
Ese día, la familia logró reunir 3.000 pesos. El enviado del estudio jurídico recibió los billetes y salió a hacer una llamada telefónica. Volvió y anunció que el joven estaba libre.
Desde entonces, iba a diario por la deuda. En las oficinas, al detenido ya liberado le dijeron que tenían que “presentar un habeas corpus” y que para eso era el resto del dinero que faltaba abonar.
La familia hizo de todo para pagar: vendieron una moto, un caballo y hasta pidieron un crédito. Cuando ya habían pagado 12 mil pesos, pidieron un recibo y nunca se los dieron.
Hubo discusiones. Por eso decidieron ir hasta la sede de Defensoría, donde les explicaron que la excarcelación la habían pedido ellos y que no había ningún “hábeas corpus” que hacer. “Estaba todo ahí en la computadora”, dijeron en la denuncia.
Mitos y realidades
Consultado para esta página, un renombrado abogado penalista dijo que “muchas veces el cliente cree que con la excarcelación se termina todo, pero las causas siguen”. En ese sentido, señaló que es habitual que tras la excarcelación la familia de los liberados prefiera dejar de pagar los servicios legales, aun cuando reste mucho en el proceso judicial en marcha.
