Alejandro Monjo quedó al frente de la concesión del predio del Howard Johnson
El Concejo Deliberante aprobó la transferencia del contrato desde la empresa San Pedro Resort S. A., cuyo titular es el hijo del empresario, hacia Costa San Pedro, que Monjo integra con su esposa. Concejales que el año pasado pusieron el grito en el cielo contra el proyecto, ahora levantaron la mano. Sergio Rosa fue el más sincero: habló contra el expediente, pero lo votó para “creer”. Quienes el año pasado defendieron el tema, destacaron que lo aprobado es lo mismo que en aquel entonces.
Lo que el año pasado costó una semana de sesión suspendida, debates, cruces, chicanas y hasta veladas acusaciones que despertaron sospechas en diversos ámbitos, la semana pasada fue un mero trámite. La transferencia de firma de la concesión del predio donde funciona el Howard Johnson Marinas fue aprobada por 14 votos a favor contra cuatro que se opusieron.
El año pasado, muchos de los que ahora votaron a favor protagonizaron una bochornosa sesión, que incluyó el envío de la fuerza pública para conminarlos a dar quórum.
Sin embargo, la semana pasada impulsaron el dictamen del expediente y su aprobación. Los ediles Iván Paz, Elisa Ferraro y Sergio Rosa expusieron del lado de los que cambiaron de opinión. Ramanzini y Rocca se los recordaron. Los tres del FpV votaron en contra. Américo Quintana, que el año pasado estaba de licencia, también.
En el recinto estuvo presente el empresario Alejandro Monjo, titular de la firma Costa San Pedro S. A., padre del presidente de San Pedo Resort y cara visible del hotel, cuyo contrato pasó de la segunda empresa a la primera, en los mismos términos en los que fue firmado en 2006.
La sesión fue acalorada, no por los términos del expediente a debatir –quienes votaron en contra no tuvieron argumentos de peso para ello, más allá de algunas consideraciones políticas– sino porque el fantasma de la escandalosa sesión del año pasado estuvo presente.
Paz y Ferraro se refirieron a su tiempo de los meses que tuvieron para analizar y debatir el expediente, así como la relevancia que tuvo para el tratamiento el dictamen no vinculante de la Asesoría General de Gobierno, que no tenía objeciones para cambiar una ordenanza por otra.
Sergio Rosa, quien el año pasado firmó junto al ahora Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete un severo dictamen contra el proyecto, dijo que los argumentos eran “pobres y débiles”, y cuestionó el hecho de que el Estado, a través del Ejecutivo y el Deliberativo, tuviera que intervenir porque una empresa entiende que “creció mucho y tiene mucho gasto”.
Aun así, votó a favor, con argumentos que, para analizar en sus propios términos, también pueden ser calificados de “débiles”, puesto que no son más que una expresión de deseo: “En base a la inversión, apostando a creer y crecer, vamos a votar por la positiva”, dijo.
Ramanzini, convertido en la principal voz crítica del Gobierno de Salazar, se despachó. Dijo que el año pasado “eran las mismas condiciones que ahora” que “los concejales hoy oficialistas paseaban por todos los medios hablando del tema, con todas mentiras que hoy quedan en claro”.
Patricia Rocca, ya integrada al bloque de Dalmy Butti, contó en sesión que el año pasado “en una discusión, porque no se sabía por qué Sánchez Negrete no quería acompañar, él nos dijo ‘después de noviembre lo votamos’, entonces le dije que era una cuestión política y me dijo que sí”.
Al terminar la sesión, Monjo mostró a periodistas que cubrían la sesión una carpeta donde constan el pago de 270 mil pesos de IVA y las cargas sociales al día. En ese marco, se refirió a las versiones de coima que surgieron el año pasado, entre otros a través de un tuit del consejero escolar hoy oficialista Fernando Cajide, quien dijo que los que estaban a favor tenían “100 mil razones” para hacerlo.
“Ni en el tratamiento anterior ni en este tuve alguna persona que se me haya acercado del concejo deliberante o el municipio a ofrecerme o pedirme algo, una coima. Si hubiese sucedido, lo hubiese denunciado”, aseguró Monjo.
“Nos han tocado el culo”
No estaba previsto tratar el tema en sesión, pero un debate acerca de construcciones hizo que Américo “Cacho” Quintana pusiera el grito en el cielo por la publicación de La Opinión acerca de la multa por 300 mil pesos al propietario de un edificio cuya altura superó en 6 metros lo permitido por el Concejo Deliberante.
“Nos han tocado el culo, perdóneme la expresión, a los concejales”, disparó Quintana en el recinto y acusó al Juez de Faltas de “tomar atribuciones que no tiene”.
“Las excepciones se hacen pura y exclusivamente por el Concejo Deliberante, el Juez de Faltas no es quien para tomar esta decisión y obligar a que se aprueben los planos”, se quejó el edil, quien advirtió que el tema podría terminar en la Justicia.
En los pasillos del HCD, miembros del bloque de Cambiemos trinaron a su vez cuando supieron acerca de la multa, ya que ellos mismos impulsaron rechazar una nueva excepción para favorecer al empresario dueño del edificio.
Un embargo por culpa de Guacone
El HCD tiene para su tratamiento la autorización para que el Ejecutivo solucione por la vía extrajudicial una deuda que Guacone le dejó al Municipio con un transportista, que fue a la Justicia para cobrar.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de San Nicolás libró orden de ejecución y embargo contra la Municipalidad de San Pedro por una deuda que 86 mil pesos, casualmente el mismo monto que reclama Guacone por vacaciones que no se tomó.
El Municipio le debe 11 facturas fechadas entre 2012 y 2014 al transportista Hugo Eduardo Gallini por el traslado de escoria desde las plantas de Siderar y Acindar al Corralón municipal, y el acuerdo extrajudicial incluye unos 45 mil pesos más “para responder a intereses, costos y costas de la ejecución” de embargo planteada por la Jueza Amalia Fernández Balbis.