Al límite de la justicia por mano propia

A más de un mes desde que la ciudad amaneciera con la sorpresa de que cientos de familias ocuparon irregularmente cuatro terrenos privados y uno municipal, la situación sigue igual, excepto para los damnificados por la usurpación, que han llegado hasta a abandonar su vivienda y demolerla frente a la imposibilidad de permanecer allí.
Tal es el caso de la familia de Juan Carlos Oilher, propietario de uno de los terrenos usurpados, donde hoy se erige el barrio denominado El Argentino, en alusión a las banderas que desde el primer día instalaron allí quienes tomaron el predio.
La semana pasada, Oilher fue internado con lesiones por quemaduras sufridas luego de que en la madrugada le fuera incendiado su vehículo Ford Falcon en el garage de la casa que habita en Bozzano al 1100, en el propio terreno donde fueron emplazadas las precarias viviendas de los usurpadores.
El incendio fue precedido por constantes hostigamientos a la familia, con piedrazos en el techo y en los vidrios, lo que tenía atemorizado a Oilher, que vivía en esa casa junto a su hija menor. Vivía. Porque el jueves, junto a su familia, decidió derrumbarla. “No nos quedó otra”, dijo su hija antes de afirmar: “Estamos felices de haber salido de ahí. Es un alivio”.
La decisión fue tomada luego de que el jueves por la noche escucharan un murmullo afuera: “Mi hermana escuchaba que de afuera decían que iban a entrar y la iban a matar”, dijo Nadia Oilher y agregó: “Me llamó desesperada”.
Antes de realizar la mudanza y demolición, consultaron con el abogado Nicolás Macchia, quien los patrocina en la causa penal iniciada por el delito de usurpación, que tiene un fallo de primera instancia dictado por la Jueza de Garantías Laura Vázquez, que desestimó el desalojo. Por recomendación suya, hicieron una exposición civil para dejar constancia respecto de la situación y sumar a la causa iniciada, a la que también agregaron la denuncia correspondiente tras el incendio.
“Don Oilher estaba asustado ya unos días antes de que le usurparan. Las soluciones a eso son muy difíciles, uno no le puede recomendar que se pare en la puerta con un arma para defender que no le usurpen el terreno”, señaló Macchia y opinó sobre el fallo de la Dra. Vázquez: “Demostrado el delito de usurpación, se tienen que ir. Llama la atención el fallo de la Jueza. Pensando en el futuro y en establecer reglas para la población”.
En ese sentido, el abogado recordó que “si uno permite la usurpación masiva en todos lados, en cinco o seis terrenos a la vez, el precedente es grave” y consideró: “Un fallo judicial debería ser favorable a mantener reglas de conducta en una sociedad civilizada”.
El fallo de la Dra. Vázquez fue apelado por el Fiscal y los abogados de las familias propietarias de los terrenos usurpados y aguarda ahora la resolución de la Cámara, que deberá expedirse al respecto en las próximas semanas.
La tendencia en este tipo de casos suele ser la ambigüedad, como cada vez que la Justicia debe actuar frente a usurpaciones masivas de terrenos por parte de personas en riesgo habitacional, lo que implica una responsabilidad de los Departamentos Ejecutivos de los distritos donde ocurrieron los hechos, a quienes se solicita una intervención que no siempre están en condiciones de cumplir.

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Van y vienen
En el caso local, el Gobierno aún no parece haber tomado real dimensión de lo que sucede y de cuáles son las tareas que le incumben en ese sentido, teniendo en cuenta que desde el principio y por boca del propio Intendente municipal manifestaron que era un problema de los privados que debía resolver la Justicia.
Mientras los dueños de los terrenos miran resignados la creación de asentamientos irregulares en su propiedad, las familias en situación de toma sólo reciben la promesa de ser relevadas para ver el estado sanitario de los niños que habitan allí.
Aun así, ese relevamiento, de hacerse, se encontrará con dificultades tales como diferencias entre los que habitaban originalmente en los primeros días de la usurpación y los que lo hacen hoy.
Existen casos en los que un grupo tomó una serie de lotes y los vendió a familias necesitadas a las que una vivienda de lonas y chapas le aparece como la mejor posibilidad de obtener un techo frente a la propia precariedad de la que eran víctimas en los lugares donde habitaban antes.
Vender, comprar, cambiar son moneda corriente en el lugar. El “negocio inmobiliario” de unos pocos vivos se reproduce también entre los que menos tienen, y lo que sucedió en el barrio San Francisco se reproduce aquí, en algunos casos con los mismos actores que usurpan y luego venden.
Muchos otros permanecen sólo durante algunas horas del día en el terreno y regresan al lugar donde vivían antes de la toma, por lo que muchas de las precarias viviendas permanecen en soledad durante la noche.

Desalojo para el
Profesor Mario
Desde el Gobierno manifestaron que aguardan también la decisión de la Cámara de Apelaciones y que la causa iniciada por la toma de un terreno municipal frente al CIC será desestimada ya que fue devuelto por quienes habían intrusionado el lugar.
Aun así, señalaron que se conformará una causa aparte por la presunta instigación en la que aparecen dos concejales y un empleado municipal denunciados.
Además, desde Asesoría Letrada municipal informaron que están prontos a solicitar el llamado a declaración indagatoria en carácter de imputados a quienes hoy habitan el terreno donde se iba a erigir el denominado barrio Profesor Mario, ya que consideran que una vez que se haya tomado esa declaración tal vez el Juzgado de Garantías pueda tomar una decisión distinta a la que resolvió en el caso de los terrenos privados y dictaminar la restitución del bien vía desalojo.

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Sesión
especial
Los movimientos “Volver” de la U.C.R. y “Espacio Abierto”, liderados por Eduardo Polimante, propusieron públicamente la realización de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante con participación del Ejecutivo para abordar la situación. “No para leer una nota ya previamente redactada y terminar elevándola a la Provincia y/o Nación, (tirando la pelota afuera), sino para consensuar distintas medidas que se pueden ejercer desde el Municipio”, señalaron en clara alusión a la convocatoria municipal para “defender el Estado de Derecho”, realizada a pocas semanas de las usurpaciones.
En ese sentido, destacaron la necesidad de adherir a la Policía Comunal, “cosa que por diferencias políticas con la provincia no se quiso implementar antes y que hoy podría ser una herramienta necesaria” y consideraron que la vivienda digna a la que todo ciudadano tiene derecho no puede tener lugar en “el patio de la casa de otro vecino”.

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