Ahora son dos los proyectos de ordenanza por el hipermercado mayorista Maxiconsumo

En septiembre de 2011 La Opinión publicó en exclusiva la operación inmobiliaria mediante la que Maxiconsumo adquirió a Depot el predio donde funcionó la fábrica Tupperware, con la intención de instalar allí un parque logístico y un hipermercado mayorista para abastecer a los comercios de toda la zona.
Dos meses después, la empresa elevó al Concejo Deliberante un pedido de excepción a la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la famosa San Pedro 2000, puesto que ese lugar es parte de una zona industrial que no acepta el desarrollo de actividades comerciales.
El opositor Frente de Todos presentó un proyecto para que se produzca una reforma parcial y no una excepción, de manera tal de evitar la lógica que primó hasta ahora con respecto a esa ordenanza y los nuevos emprendimientos, lógica que indicaba la votación específica de un proyecto hecho a medida de los empresarios, bajo la consigna de “fomentar la creación de puestos de trabajo y el desarrollo”.
Con buen tino, la propuesta establece la modificación del cuadro de usos. Bajo el concepto de “quien puede lo más puede lo menos”, entienden que el uso comercial es de menor impacto que la actividad industrial por lo que si la segunda es aceptada bien podría serlo la primera. Pero para toda la zona industrial y ya no sólo para este emprendimiento en particular.
Sin embargo, en la última sesión del Concejo Deliberante, seis meses después de la nota elevada por Maxiconsumo, ingresó un extraño proyecto firmado por el Ejecutivo sobre el tema, basado exclusivamente en esa empresa y con imperativos que resultan poco provechosos para alguien que compró un predio y que cuenta con la estructura suficiente como para decidir cambiar de destino.
El proyecto en cuestión no tiene en cuenta el presentado con anterioridad y propone modificar la zonificación excluyendo ese terreno en particular del distrito industrial I1, incorporándolo al denominado I2, donde sí podría funcionar el emprendimiento.
Pero la modificación no es gratis. El proyecto señala que la empresa queda obligada a realizar reformas de acceso vehicular al predio de su propiedad, de acuerdo a lo que la Municipalidad disponga, para asegurar la “transitabilidad fluida de la ruta”.
Además, establece un plazo perentorio de un año desde la sanción para el desarrollo de la obra y también obliga a dejar “en reserva” y afectar “el predio posterior no ocupado actualmente por edificaciones, a los efectos de que el Municipio evalúe la factibilidad técnico-económica de implantar un polo logístico industrial”.
Traducido, el Gobierno local quiere que el emprendimiento se instale pero a cambio le pide que destine parte de su propiedad a lo que desea el Ejecutivo y obliga a la empresa a realizar obras dentro del terreno que compraron.
“El Ejecutivo puede tener buenas intenciones, pero no me parece sólido desde el punto de vista jurídico y tiende a legislar sobre lo particular y no sobre lo general”, opinó el Concejal Martín Pando, impulsor del otro proyecto.
Ahora, los dos expedientes están en las comisiones de Peticiones y Planeamiento, ambas bajo la presidencia del Frente para la Victoria, y la empresa analiza la posibilidad de trasladar el proyecto a otra ciudad donde las dificultades sean menores y la legislación vigente les permita desarrollar el emprendimiento.
La queja por el volumen de tránsito que implicaría el hipermercado mayorista fue planteada en el marco del Consejo Consultivo, donde se debatió respecto a las dificultades que existen para que la Provincia garantice el buen estado de la Ruta 1001.

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