Aguardan el dictamen por la causa del San Francisco
El Fiscal Murray presentará en estos días su dictamen sobre la denuncia del bloque de Concejales Justicialistas, luego del informe pericial de la Corte Suprema de Justicia que señala “incompleto, impreciso e inexacto” el estudio comparativo de precios e indica falencias de construcción. Peiró deslindó responsabilidades y aseguró que “si hay fallas de construcción, la empresa deberá hacerse cargo”. Las imputaciones serían por “defraudación a la administración pública nacional”.
Tras la denuncia presentada ante el Fiscal Federal Juan Patricio Murray por parte del bloque de Concejales Justicialistas, a raíz de un reclamo de los vecinos adjudicatarios del barrio San Francisco, la Corte Suprema de la Nación presentó un informe pericial a cargo del Arquitecto Carlos Eduardo Fuchs, perito tasador oficial, quien fuera designado para obrar sobre las licitaciones públicas bajo las que se construyeron los barrios San Francisco de Asís y Parque Los Andes, en el marco del Plan Federal de viviendas.
El informe detalla diferencias respecto del plan de construcción con la obra que efectivamente fue realizada, faltantes, quitas y modificaciones sustanciales en relación a lo pautado, al punto de que considera que “la calidad de las viviendas en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad”.
El Arquitecto Flavio Peiró, Director de Viviendas de la Municipalidad de San Pedro, recibió en su despacho a La Opinión para dialogar sobre los puntos que presenta el informe de Fuchs, con el que tiene sus diferencias de apreciación. “No deja de ser un informe, la opinión de alguien”, dijo.
Peiró vs. Fuchs
El informe detalla que “las viviendas han sido ejecutadas con una resolución constructiva que no se corresponde con las especificaciones establecidas para el denominado Prototipo Pf4. PB, del Programa Federal de Viviendas, y que difiere sustancialmente del especificado”.
Al respecto, Peiró manifestó: “El sistema constructivo fue modificado. Ezeiza, Pehuajó y dos o tres ciudades más junto con San Pedro, por cuestiones de amplitud térmica, por qué, no lo sé, pero estamos dentro de esa zona. Nación autorizó todos los cambios”.
El perito Fuchs afirma en su informe que no hay relación entre la obra del barrio y las especificaciones del pliego de licitación, a lo que Peiró respondió que desde Nación les comunicaron que “no hicieran modificaciones” en el pliego: “Nos dijeron que dejemos todo como está, lo que es la planilla de certificaciones de obra, para no estar cambiando todo, y que vayamos certificando los puntos tal como están ahí. Claro, si mirás el pliego están todos los puntos que ahora el informe dice que no están. Al cambiar el sistema constructivo cambia toda la obra. Si ve el certificado de obra y lo que está construido, por supuesto que va a encontrar diferencias, pero todos los cambios están en el expediente y otros en órdenes de servicio que le transmitimos a la empresa”.
El informe pericial dice que “las modificaciones se explicitan de forma parcial”, pero que hay “otras modificaciones y quitas” de las que “se ignora cuáles fueron los motivos que originaron los cambios, toda vez que no fue hallada entre la documentación disponible”. El Director de Viviendas, por su parte, explicó: “Algunas cosas están en el expediente y otras son órdenes de pedido que no sé si le llegaron al perito, algunas les saqué fotocopias y creo que le mandé la mayoría”.
A Peiró, el informe de Fuchs le parece “antojadizo”: “Hay cosas que el perito no las vio, o no las quiso ver. Son cosas que él ve desde su percepción y su óptica. Todo esto está autorizado y auditado por la Nación. Fueron certificando sabiendo que había otro sistema de construcción, aprobó los incrementos de costos; que no se condiga con lo que se contrató, es posible, porque se cambió sobre la marcha por muchos motivos”, de los que el arquitecto de la Municipalidad no ofreció mayores detalles.
Peiró vs. Murray
El Fiscal Federal Juan Patricio Murray es quien tiene a su cargo la causa N° 3.223/08, caratulada “Bloque Justicialista de San Pedro formula denuncia” y que solicitó el informe pericial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elaboró el Arquitecto Fuchs.
El Fiscal informó a La Opinión que la causa “avanzó esta semana” y que analiza el informe para “ver contra quién se van a dirigir las imputaciones”. Sin adelantar ningún detalle, Murray aseguró que sólo brindará informaciones “cuando tenga el dictamen”. Aun así, es posible arriesgar que en caso de que haya imputados por “defraudación a la administración pública nacional” –hipótesis en la que trabaja el Fiscal–, los nombres de Peiró, Barbieri, la constructora Giribaldi Hnos. y el Instituto para la vivienda de la provincia de Buenos Aires aparezcan entre los blancos.
Peiró opinó que “defraudación” es una palabra “un poco fuerte” y que “el control de la obra lo tienen la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, Instituto de la Vivienda de provincia y el Municipio. Nosotros hacemos certificaciones de obra, inspecciones del Instituto de Vivienda constatan que lo que está hecho es lo que está certificado y eso se manda a Nación para que se pague, ellos mandan sus técnicos a controlar que lo que están pagando esté hecho. Entonces, defraudación de qué; que haya defectos constructivos, puede ser, la empresa los tendrá que arreglar; pero defraudación, por qué”.
La pregunta que el arquitecto esperaba y que pulula por las conversaciones en toda la ciudad sobre el tema refiere a los destinos del dinero que estaría faltando según el informe pericial: “Si no, los cuatro organismos (Nación, Municipio, Provincia, empresa) nos robamos la plata, y no es así; si Nación auditó y aprobó es porque estaba bien, tendrá sus errores y defectos, pero están terminadas, la plata está puesta en el barrio”, dijo el Director de Viviendas.
Sobre el futuro de la causa que tiene el Fiscal Murray, el representante del Municipio manifestó que están a la espera: “Ahora veremos cómo sigue esto en la Fiscalía, qué nos piden, si nos llaman a declarar, cómo sigue la causa”.
Peiró vs. los vecinos
Los vecinos adjudicatarios del barrio, organizados en una Comisión de Fomento, aguardan con impaciencia los caminos de una causa que se inició por su reclamo, que fue elevado a todos los bloques de Concejales, siendo receptado sólo por el Justicialismo.
El sábado se reunieron en la sede de la ONG Tercer Sector –una organización que estuvo involucrada en la construcción del barrio desde el principio y cuyo titular Adrian Jury supo tener muy buena relación con el Municipio– para conocer los detalles del informe. Más de cincuenta personas escucharon con atención, asintiendo ante cada descripción sobre las falencias de construcción de los hogares que habitan.
En la reunión estuvo presente la abogada Mirta Cardoso, quien se acercó luego de que le solicitaran colaboración, teniendo en cuenta que Murray les comunicó a estos vecinos la necesidad de que se procuraran un representante legal.
Cardoso escuchó el informe, a los vecinos y se interiorizó de la problemática. “Hay una pericia hecha por un perito experto que determinó todas las irregularidades. El paso siguiente es ver cómo está el expediente y que los vecinos puedan intervenir como particulares damnificados”, manifestó la abogada, que resolverá en estos días si representa a los vecinos.
Los sin techo
La toma masiva del San Francisco se produjo en las primeras semanas de octubre de 2007. Las viviendas tomadas, según consta en documentación oficial de la Municipalidad, eran “133 entre a construir y construidas sin adjudicar”, del total de 288 proyectadas en el barrio. Entre las viviendas tomadas, unas 24 tenían adjudicatarios. Son los que aguardan en la calle que aparezca una solución que les devuelva el derecho a la vivienda que el Estado Municipal les había garantizado al incluirlos en este plan.
En la reunión del sábado, hubo vecinos adjudicatarios “sin techo” que antes de que se leyera el informe pericial reclamaron se tratara su problemática, que no avanza luego de que fuera apelada la sentencia de la Jueza de Garantías María Laura Vázquez, que ordenaba el desalojo de las unidades adjudicadas.
Mirta Cardoso evalúa la posibilidad de representar legalmente también a estos vecinos, cuya causa está en la Justicia Ordinaria, con el Municipio como parte, bajo la representación del penalista Xavier López, a quien se contrató vía Concejo Deliberante luego de que la Asesora Letrada oficial Paola Basso se excusara.
López cobra mensualmente 2.000 pesos por representar al Municipio. La sentencia de Vázquez fue dictada en febrero de 2008 y apelada en mayo de ese año. Desde entonces, la causa no ha tenido mayores avances, los 24 sin techo siguen en la misma condición y López cobrando.
“Estoy totalmente sorprendida con esto; le están pagando 2.000 pesos por mes a este abogado, que no se en calidad de qué fue contratado, porque nunca le vieron la cara los vecinos y ni ha tenido una reunión con ellos. El Concejo ha asumido esa irresponsabilidad de designar un abogado que ni siquiera se reunió con los vecinos”, opinó Cardoso, quien sobre el devenir de la causa analizó: “Hay que ver qué pruebas ofreció el Municipio para que se haya tomado la decisión de revocar la sentencia. Si realmente queda firme que no existió usurpación y no se dieron todas la pruebas posibles, serán responsables no sólo el Ejecutivo sino cada Concejal que votó la designación de este abogado”.