Aguardan allanamientos en la Municipalidad por la denuncia sobre el Fondo Educativo
Los consejeros escolares de la oposición denunciaron al Ejecutivo ante el Fiscal Federal Di Lello. Es por la “diferencia de criterios en la aplicación” del dinero afectado a Educación. En el Gobierno sostienen que está todo en regla. Si hay presunción de delito, el paso siguiente de la Justicia será ordenar allanamientos.
Los consejeros escolares Fernando Cajide, Jorge D’Andrea, Mónica Romagnano y Gustavo Lilofff estuvieron el viernes pasado desde las 9.00 de la mañana hasta las 16.00 en la Fiscalía Federal de San Nicolás, donde hicieron una presentación ante el Fiscal Matías Di Lello para que investigue si hubo un uso indebido del Fondo Educativo por parte del Ejecutivo local.
La denuncia penal fue presentada ante el Fiscal que investiga al Intendente de San Nicolás Ismael Passaglia, acusado de malversación de fondos por usar el dinero de esa cuenta para pavimentar calles, en lugar de destinarlo a cuestiones educativas, tal como prescribe la ley nacional que creó ese Fondo.
Los consejeros opositores han reclamado incasablemente por ese dinero. Sobre todo por las decisiones que el Gobierno municipal ha tomado para su ejecución, donde aparecieron serias diferencias respecto a los criterios y prioridades.
Los destinos del Fondo
“Nosotros tenemos un criterio y la municipalidad otro, por tanto necesitamos un agente imparcial como un Juez para que determine a través de una investigación cuál es la verdad del criterio para utilizar la aplicación de esos fondos”, dijo Gustavo Liloff.
El Gobierno municipal afectó el Fondo Educativo a obras de infraestructura, algunas en marcha, otras no tanto; transporte escolar; talleres culturales; y el sueldo de docentes que dependen del Municipio. Lo último fue materia de debate durante el tratamiento del Presupuesto, que incluía más de 5 millones con ese destino. Discusiones incluidas, los concejales aprobaron el proyecto que propuso el Ejecutivo.
Liloff explicó: “Hemos visto lo que sucedió en San Nicolás, también lo que sucede en Ramallo; hay criterios muy dispares en la utilización de los fondos. Nosotros entendemos que debe primar el derecho a la educación”.
Consultado al respecto, el Secretario de Economía ratificó la potestad del Ejecutivo para decidir los destinos del Fondo Educativo y explicó que “en el Tribunal de Cuentas hay muchísimos dictámenes sobre la aplicación”. Recordó que ante una consulta del Gobierno, ese organismo respondió que el dinero “se puede utilizar para sueldos siempre y cuando sea para educación”.
A la espera del allanamiento
En el Gobierno de Guacone confían en que la denuncia de los consejeros no prosperará. “Una denuncia penal implica que hay una sospecha de delito”, señaló Borgo y consideró que los consejeros escolares deberían haber ido primero por las vías administrativas.
Con la presentación en la mano, el Fiscal Matías Di Lello debe ahora definir qué pasos dará. Si acaso considera que la situación amerita la sospecha de que pueda existir algún tipo de delito, lo más probable es que solicite allanamientos en la Municipalidad, tal como hizo en San Nicolás, para secuestrar documentación relacionada con la ejecución del Fondo.
Los consejeros sostienen que las medidas serán tomadas con celeridad. Al menos es lo que les transmitió el Fiscal, de acuerdo a lo que informaron. En el Ejecutivo aseguran que no tienen “nada que ocultar” y que si hay allanamientos pondrán toda la documentación a disposición de la Justicia.
La posición de Di Lello respecto a la aplicación del Fondo Educativo quedó plasmada en el extenso escrito mediante el que pidió la indagatoria al Intendente de San Nicolás. Allí, para fortalecer su acusación, el Fiscal recuerda la “necesidad de focalizar los recursos en las zonas y en los centros educativos de mayor pobreza o indigencia”.
Además, recuerda que la ley nacional que creó esa cuenta sostiene que “no se trata sólo de invertir más recursos, sino también de definir las prioridades en las que se van a aplicar”.
Destaca que el Gobierno nicoleño no se haya hecho eco de los reclamos del Consejo Escolar de esa ciudad y que “no se efecturaon las consultas a los operadores de la comunidad educativa a fin de establecer las necesidades de las mismas”.
Necesidades urgentes
La situación edilicia es harto conocida y hasta rige en el distrito una emergencia declarada en ese sentido. A ello se sumaron la semana pasada las problemáticas de los comedores y del transporte. En ambos casos, la provincia no actualiza los montos que destina a esos efectos y además mantiene deudas con proveedores desde septiembre.
Luego de que los consejeros reclamaran –primero públicamente y luego en una reunión con funcionarios– para que el Municipio use el Fondo Educativo para paliar la situación, el Intendente Guacone pidió una audiencia con el nuevo Ministro de Desarrollo Humano provincial, Eduardo Aparicio, quien tiene buena relación con San Pedro por su cargo anterior al frente de la Secretaría de Espacio Público.
En esa audiencia, el Jefe Comunal llevará la inquietud en busca de que la Provincia haga a San Pedro los favores políticos que suele hacer a los aliados con estos temas: aumentar el cupo asignado, aunque sea ficticio; porque de incrementar los 5 pesos por los que debe darse de comer a cada chico, ni hablar.
Borgo reconoció que es necesario que las partes se pongan de acuerdo para establecer prioridades de aplicación del Fondo Educativo, algo que los responsables de este mismo Gobierno no hicieron durante el año pasado.
“Lo que hay que hacer es reunirnos entre todos y fijar prioridades, para evitar este tipo de discusiones”, sostuvo. Con su llegada y la de Cheyllada, al menos los interlocutores tienen rostros a quien gritarles los reclamos. Eso sí: de allí a las soluciones hay un trecho difícil de sortear.