Acusan a Juhant de ofrecer de manera irregular lotes de un plan de viviendas en Santa Lucía
Un pedido de informe aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante puso bajo sospecha al delegado de la localidad. La concejala Sánchez expuso que el funcionario habría ofrecido una parcela de un plan de viviendas municipal a una mujer que tiene un conflicto con inquilinos que no le devolvieron la casa que les alquiló. La edila acompañó a la protagonista a la Defensoría del Pueblo y advirtió que podría ir a la Justicia por el caso.
El delegado de la localidad de Santa Lucía, Luciano Juhant, quedó envuelto en un escándalo que podría derivar en una denuncia penal en su contra y que motivó un pedido de informe que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este jueves.
El funcionario fue señalado por el presunto ofrecimiento de un lote de un plan de viviendas municipal a desarrollarse en Santa Lucía a una mujer que tiene un conflicto con inquilinos que no le pagaron el alquiler y no le reintegran el inmueble.
La situación fue expuesta en sesión por la concejala Florencia Sánchez, quien presentó el pedido de informe que fue acompañado por todos los concejales, incluso por los oficialistas, que aprobaron el proyecto sin hacer uso de la palabra en el recinto.
Sánchez advirtió que esperará la respuesta del Ejecutivo para luego concurrir, si lo considera necesario, a la Justicia, puesto que podrían estar ante la sospecha de la comisión de un delito. Durante la sesión, la concejala Paola Basso consideró “muy grave” lo expuesto por la edila del Frente de Todos Convicción y Coherencia.
Sánchez contó en el recinto que fue contactada por un hecho que en principio le pareció “dudoso” y reveló que todo estaba relacionado con “una situación particular de un incumplimiento de contrato que debe ser resuelta por la Justicia en el fuero civil, pero en el cual el delegado tomó parte ofreciéndole a la persona que no podía tomar posesión de su inmueble un lote de un plan de viviendas municipal que se va a desarrollar en la localidad de Santa Lucía”.
La concejala le sugirió a quien le contó lo ocurrido que pida asesoramiento en la Defensoría del Pueblo, donde incluso la acompañó. “Hay una situación particular, que el Estado municipal debe aconsejar que se resuelva en la Justicia, que es un incumplimiento de contrato, que debe intimarse por carta documento y que lo resolverá la Justicia civil”, explicó Sánchez.
“por qué el delegado municipal le ofrece cambiar la titularidad de las parcelas de un plan de vivienda”, se preguntó Sánchez.
La edila planteó: “Esto me hace pensar cómo se otorgan los planes de viviendas en las localidades, cuál es el mecanismo de inscripción para acceder, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que pone el Estado, cómo se adjudica”.
“Quiero conocer cómo se otorgaron las parcelas, por qué toma intervención en este caso que es particular de la persona, por qué el Asesor Letrado municipal le redactó una carta documento y hasta fijó domicilio legal en su estudio particular. Estas son cuestiones que al menos generan dudas”, dijo.
Desde el bloque Juntos, la concejala Paola Basso, abogada que fue directora de Asesoría Letrada durante la gestión Barbieri y subsecretaria Legal y Técnica de Cecilio Salazar, consideró “muy grave lo que denuncia la concejala Sánchez”.
“Llama la atención que otra vez se ciernen oscuros nubarrones sobre el delegado de Santa Lucía. Hace dos meses se discutió en este mismo recinto su participación en la instalación irregular de una familia en la escuela de La Bolsa, ahora estamos hablando de irregularidades en la entrega de terrenos de viviendas municipales”, cuestionó.
“Parece que no es tan transparente a veces el sorteo. Cabe la pregunta de cómo es que se llevan adelante las adjudicaciones, parece que no todos están conscientes de la importancia que tiene el cuidado de los recursos, que hay que dejar de lado los favoritismos y las demostraciones de poder para hacer lo que realmente necesita la gente”, dijo Basso en la sesión.
El pedido de informes procura saber cuál fue la actuación de Luciano Juhant en este caso, “para determinar si ha incurrido en omisión de sus deberes de funcionario público”, lo que podría generar una denuncia penal en su contra.
El proyecto aprobado exige al Gobierno de Ramón Salazar que informe los mecanismos de inscripción y los requisitos para el plan de viviendas en Santa Lucía; los criterios de selección de los beneficiarios; y la actuación de Juhant “ofreciendo lotes de manera informal sin utilizar los mecanismos administrativos correspondientes, cambiando titularidad de beneficiarios y beneficiarias”.
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