Acumulan causas contra el abogado Federico Cardoso
Su estudio fue allanado la semana pasada para secuestrarle documentación vinculada a un caso en cuyo marco sospechan que pidió dinero a una eventual cliente para “arreglar” con el Fiscal Manso, quien encabezó el procedimiento. El profesional recibido en la UBA dijo que no estafó a nadie, que nunca solicitó efectivo y que no entiende por qué sucedió todo. La Opinión dio con una gran cantidad de personas que aseguran haber sido víctimas de sus engaños y que lo denunciaron tanto en la Justicia como en el Colegio de Abogados, donde sostienen que su matrícula está suspendida.
Un intercambio de mensajes por WhatsApp fue el detonante para que el Fiscal Marcelo Manso allanara el estudio jurídico y el domicilio del abogado Federico Cardoso en el marco de una causa que investiga la presunta estafa por parte del letrado a la familia de un detenido a quienes, según se desprende de los mensajes y de la acusación judicial, les habría pedido dinero para “coimear” al titular de la UFI 5 e impedir de esa manera que el preso “se coma cinco años” de cárcel.
El allanamiento del jueves sorprendió a muchos, pero no a todos. De inmediato, una gran cantidad de personas empezó a comunicarse con La Opinión para contar historias similares a la que la hermana y la pareja del joven detenido por venta de drogas en diciembre había llevado a la Fiscalía.
Cardoso ya había sido denunciado en el Colegio de Abogados de San Nicolás por cobrar honorarios para “mover expedientes” que no pasaron de la mera presentación ante los estrados correspondientes.
El sábado estuvo en la redacción de este semanario para contar su versión en el aire de Sin Galera, donde negó las acusaciones. Mientras hablaba, otras presuntas víctimas de su accionar llamaban para narrar sus padecimientos.
Un “adorno” para el Fiscal
A estas alturas, de acuerdo a las denuncias que obran en Fiscalía y a los relatos que recogió este medio, pareciera que la modalidad de actuación del abogado Federico Cardoso es recurrente.
La situación que llevó a la Justicia a golpearle la puerta para secuestrarle el celular y documentación es la que denunciaron los familiares del detenido, quienes fueron a verlo en busca de un abogado que patrocinara al reo, imputado por venta de drogas.
“Yo lo manejo con Manso, quédate tranquila”, dice uno de los mensajes por WhatsApp. “Hablé con Manso. Me espera el jueves a las once. Sino, manda todo al juez, fijate por favor”, dice otro, en respuesta a uno de la mujer que señalaba que no llegaba con el dinero. “Si no es ahora, se come como cinco años, ¿Sabés? Quiero que me entiendas eso y sería una lástima”, agrega.
Manso imputó a Cardoso por estafa y tuvo que apartarse de la instrucción de la causa porque el objeto del presunto soborno es él mismo, según los mensajes, y además se considera “damnificado”. El propio Cardoso dijo que era llamativo, ya que, si tenía que “negociar” algo con alguien “no lo haría con el Fiscal, sino con el Juez”, que es por cierto quien toma las decisiones.
“Esto tiene un nombre típico en la doctrina que es ‘venta de humo’”, dijo Manso, quien consideró que “este tipo de maniobras son excepcionales” y que “la mayoría de los letrados son profesionales serios”, aunque hay quienes no opinan lo mismo (ver recuadro).
Hay que destacar que en el allanamiento lograron recuperar la documentación correspondiente al trámite de posesión veinteañal del Complejo Migliozzi de Baradero que había entregado la pareja del acusado en circunstancias como mínimo, confusas.
Uno, dos, diez casos más
Un joven comerciante local tuvo un accidente y quería cambiar al abogado que tenía en Buenos Aires. Un amigo de su padre le recomendó a Cardoso. “Me sacó 40 lucas”, contó. En noviembre pasado empezó a sospechar porque su expediente no se movía. “Todo el tiempo me decía que le dé plata y le empecé a pedir comprobantes de pago; nunca me los dio”, recordó.
En ese momento, desde el Colegio de Abogados le dijeron lo mismo que dijo Manso la semana pasada: Federico Cardoso tiene la matrícula suspendida desde febrero de 2014.
En La Opinión, el abogado mostró una credencial del Colegio con fecha de inscripción 13 de julio de 2015. En el padrón actualizado, su nombre no figura.
Un empleado de Coplac lo denunció el año pasado ante los representantes de los abogados. En 2011 lo contrató para hacer la sucesión de los bienes de sus padres fallecidos. “Cobré un seguro de vida de mi mamá al fallecer, me dijo ‘buenísimo, me vas entregando y vamos haciendo el tema’. Ni le pedí recibo, qué sabía yo que era jodido”, relató.
Un buen día empezó a consultarlo sobre la actualidad del trámite. “Me empezó a decir que en La Plata era un despelote, que no sé qué, y en 2014 fui al estudio, ahí me dijo que la jueza lo apretaba y que se había enojado con él, porque no había plata”.
El cliente dijo que se enojó, insultó a todo el Poder Judicial desde la Corte hasta el último auxiliar, pero aun así fue al banco y pidió un préstamo. Un buen día decidió ir al Juzgado de Paz a preguntar por su expediente. “Me dijeron que empezó los trámites, pero nada más; no hizo nada”, contó. Tras denunciarlo en el Colegio, hizo lo propio en Fiscalía.
Una maestra y su madre que también lo contrataron para hacer una sucesión se llevaron una de las peores partes de esta historia. Al día de hoy, Cardoso y su familia viven en la casa que les pertenecía a ellas.
El domingo a la noche se reunieron con el abogado para exigirles que les devuelva la vivienda o les pague, como habían quedado hace cinco años, cuando tras unos seis desde el comienzo de la sucesión les dijo que cobraría sus honorarios quedándose con la casa y les pagaría la diferencia. Por suerte, todavía el inmueble está a nombre de los fallecidos padres de dos hermanas que quedan con vida.
A una viuda que contó su historia entre lágrimas le hizo comprar un automóvil Volkswagen Bora que en 2009 era 0 kilómetro, como parte de pago de sus honorarios, aunque ante la consulta de este medio dijo que tenía una “autorización de manejo”. Se trata de un vehículo que apareció incendiado frente a la casa donde vive Cardoso. Esa misma mujer es la que tiene más avanzado el trámite de acusación contra el letrado que le fue pidiendo más de medio millón de pesos en efectivo tras trabar una estrecha relación que incluso le costó estar separada de sus dos hijos y poner en riesgo el patrimonio que había cimentado su marido.
En otro caso una mujer separada indicó que el abogado se habría quedado varios meses con el dinero correspondiente a salarios familiares y cuotas alimentarias de sus hijos, ya que como representante del padre de los niños le habría retenido el monto correspondiente, pero sin entregárselo a la madre.
Ficción, realidad y corporación
La Opinión dialogó de manera informal con varios abogados sampedrinos sobre el tema. En la confianza de la reserva del off the record, algunos coincidieron en contradecir las palabras de Manso acerca de que la acusación contra Cardoso es una “excepcionalidad”.
“Manso lo prendió fuego, eso no se hace”, consideró un letrado. La reflexión que varios tuvieron, palabras más o menos, fue que lo que hizo Cardoso implicó, en efecto, “vender humo” a sus clientes, pero para decirles “lo que querían escuchar”.
“Querían ficción, les dio ficción”, dijo otro conocedor de los pasillos de Tribunales. Hay quienes sostienen que “Cardoso se cebó” y que “se le fue de las manos” porque “no quiso esperar el tiempo de la profesión” para “acomodarse económicamente”.
“La realidad más cruda es que, con el mercado deprimido que hay en San Pedro, y con más de 120 profesionales dando vuelta, vamos a terminar todos como él”, bromeó otro abogado.
Para casi todos, las acusaciones contra Cardoso no prosperarán en la Justicia. Creen que será muy difícil probar el intento de comisión de un delito. “Estamos mirando muchas películas, muchas series. La gente parece creer de verdad que se puede comprar al Poder Judicial”, dijo un viejo lobo del mar judicial. “¿No se puede?”, preguntó La Opinión. “¿Por esas chirolas?”, fue la respuesta a la que le siguió una larga carcajada.
Un reclamo colectivo
Varios de los que aseguran haber sido damnificados por Cardoso consultaron a la misma abogada en San Nicolás. Se trata de Inés Bonetti, quien atendió el llamado de este semanario el martes para señalar que no haría declaraciones sobre el tema, por lo pronto.
“Las últimas denuncias no las conozco; la causa está en proceso y no quisiera que se desvirtúen mis opiniones”, dijo la abogada a La Opinión. Señaló que su estudio “está analizando” la posibilidad de iniciar una demanda colectiva contra el letrado sampedrino.
