Abuso en un hotel céntrico: quién es y quién decía ser el detenido, presunto empresario millonario
Se llama Adrián Gonzalo Ávila, tiene 30 años y aunque decía ser de Capital es de Monte Grande, al sur del conurbano. A empresarios de la noche les dijo que era hijo de funcionarios del Poder Judicial y Legislativo, pero todo indica que no. Aseguraba ser accionista de una petrolera y en sus redes sociales comparte una página web de plantilla gratuita con algunos datos falsos, otros incomprobables y otros que directamente mueven a risa en la que aparece como "vicepresidente" de un presunto grupo empresario.
El relato del joven de 17 años que denunció haber sido abusado por un hombre de 30 años en el hotel Eser tras compartir la noche junto a otros amigos reveló detalles respecto de quién es o quién decía ser el imputado.
Se llama Adrián Gonzalo Ávila. Aunque el viernes fue la segunda vez que J., el denunciante, lo vio, diversas fuentes coinciden en señalar que solía venir a la ciudad bastante seguido. Siempre a los bares y boliches. Siempre para gastar mucho dinero e invitar a todos los que compartían la noche con él, sobre todo adolescentes.
“Es un señor mayor, empresario, que viene de Capital. No es la primera vez que viene, ha venido en otras ocasiones”, dijo J. Otras personas que tuvieron trato con él coincidieron: empresario, de Capital Federal, capaz de gastar mucho dinero, con aires de persona importante.
Tras haber sido denunciado, está detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El lunes prestó declaración indagatoria ante la fiscala Viviani. Allí no dijo que era “empresario” sino estudiante y que en la actualidad no tiene trabajo alguno.

J. dijo a La Opinión que cuando lo conoció, Gonzalo Ávila les dijo a él y a sus amigos que era empresario, que tenía acciones en empresas petroleras, que poseía viviendas en Buenos Aires, Estados Unidos y Alemania, que se codeaba con ricos y famosos, que mostraba tarjetas de crédito tipo black aunque siempre pegaba en efectivo. Hablaba de viajes y de negocios, siempre con ostentación.
Los empresarios de la noche, titulares o responsables de bares a los que solía ir, coincidieron: se mostraba como alguien importante, pagaba rondas de champagne a las otras mesas, gastaba mucho dinero y pagaba en efectivo, hablaba de hacer negocios.
Alguna vez hasta ofreció a uno de ellos que tenía que hacer un viaje fuera de San Pedro si quería hacerlo en su “jet privado”. Incluso hasta mantuvo una conversación telefónica que, dijo, era con el propio expresidente Mauricio Macri. También les dijo que sus padres eran ella senadora y él juez, aunque sus nombres —que La Opinión logró obtener— no coinciden con legisladora o magistrado alguno.
En sus redes sociales aparece fotografiado dentro de un avión y se presenta, tal como les decía a todos los que lo conocieron en San Pedro, como “vicepresidente en GMW Corporation”. En Twitter y en Instagram tiene un link a la página web de su presunto grupo empresario. Quien la recorra no podrá menos que sospechar que su relato de millonario es un castillo de naipes.

Como quedó asentado ante la Justicia, Gonzálo Ávila no es empresario sino desempleado. Su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) revela que es una persona física, que no es empleador, que no tiene impuestos activos y su actividad, registrada en 2017, esa la de “servicios de call center”.
Además, su domicilio no es en Capital sino en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, al sur del conurbano, en la calle Rosario, en un típico barrio de casas bajas de familias trabajadoras donde la gente anda en bicicleta, conduce autos de gama media y baja, y donde las calles de tierra se mezclan con antiguos hormigonados sobre cuyos cordones corre el agua de alguna zanja próxima.

Pero en la página web, creada de manera gratuita en Webnode, uno de los tantos servicios para utilizar plantillas prestablecidas de manera no profesional, casi un juego de la internet que nadie tomaría en serio como de una megacorporación, él es el vicepresidente de una “empresa líder multinacional energética y petroquímica”.
El logo de GMW Corporation es exactamente el mismo que el de 4K Fondo Inmobiliario, una firma venezolana especializada en proyectos inmobiliarios de lujo con sede en Caracas. La web de la presunta empresa de Gonzalo Ávila dice que opera en 37 países y comercializa en 90, con un equipo de 25 mil personas de 84 nacionalidades y una inversión de 350 millones de euros en los últimos cuatro años.

La sede de GMW Corporation está, según esa misma página web, en Río Gallegos. Aunque en el domicilio declarado allí, en avenida José de San Martín 1250 de la capital de la provincia de Santa Cruz, hay una estación de servicios YPF. por cierto, el número que figura también es de esa expendedora de combustibles.
GMW Corporation dice haber sido fundada en 1987. Gonzalo Ávila nació el 25 de febrero de 1992, por lo que al momento de la fundación de esta megacompañía de la que llegó a vicepresidente tenía 5 años. Más sorprendente que los delirios de grandeza que expone la presencia internacional de esta multinacional petroquímica cuya cuenta de Twitter dice haber estado involucrada en 2017 en inversiones en Vaca Muerta, son los “socios”.

Gonzalo Ávila figura como vicepresidente. El presidente, Josu Jon Imaz: nada menos que el consejero delegado de Repsol. El director general de vicepresidencia, Pedro Araujo, cuyo nombre coincide con el de varios empresarios y CEOs de compañías de diversos países.
El “accionista principal”, Antonio Brufau: presidente de Repsol; y como fundador figura Miguel Primo de Rivera, que bien podría se el dictador español, su hijo funcionario del gobierno de Franco o su sobrino, que fue legislador constituyente en la transición democrática de España y responsable de diversos bancos y empresas.
El caso recuerda a Max Higgins y sus delirios de megaempresario que no eran más que una fachada. Otros lo compararon con “el estafador de Tinder”. En ambos había un componente relacionado con la obtención de dinero.
Hasta ahora, en el caso Gonzalo Ávila sólo aparece la denuncia por abuso sexual y las referencias que la Justicia deberá investigar y que señalan que habría hecho ofrecimientos de dinero a cambio de fotos íntimas o “servicios sexuales” a adolescentes.
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