A 50 años del Golpe de Estado, las historias locales no son anécdotas
La profesora de Historia e investigadora Carla Diamante repasa en este artículo cómo San Pedro fue atravesada por el accionar represivo, con especial hincapié en el rol que tuvo la Comisaría, señalada en 2015 como sitio de memoria por haber sido espacio destinado a la detención ilegal de personas.
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Por Carla Diamante, profesora de Historia
El 24 de marzo de 1976, Argentina vivió un nuevo y violento golpe de Estado, el
quinto y último del siglo XX, que estableció el “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) y usurpó el poder hasta 1983.
La crisis política, social y económica que aquejaba al país desde los últimos años del gobierno peronista (1973-1976), sumada a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en a represión y un contexto internacional favorable a las doctrinas contrainsurgentes promovidas por Estados Unidos, fueron factores determinantes para este trágico acontecimiento.
El PRN instauró un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones, implementado de manera articulada y centralizada a nivel nacional, aunque con un accionar descentralizado en lo local y regional. Así, el “Terrorismo de Estado” se acompañó de profundas medidas económicas, políticas y socio-culturales.
La ciudad de San Pedro no fue ajena a este oscuro capítulo de la historia argentina. Desde marzo de 1975, se integró a lo que las fuerzas represivas denominaron la “Zona Roja del Paraná”, que abarcaba desde Villa Constitución hasta Campana.
Este territorio fue el escenario del operativo represivo denominado “Serpiente Roja del Paraná”, que dio pie a que las fuerzas represivas comenzaran a realizar allanamientos y requisas en San Pedro, en busca de material considerado “subversivo”.
Inicialmente esporádicas, estas intervenciones se volvieron constantes a finales de 1975 en el marco de la “lucha contra la subversión” aplicado en todo el país. En consecuencia, los agentes represivos realizaron secuestros ilegales de personas, tanto en la vía pública como en sus domicilios, a plena luz del día.
Asimismo, la Comisaría de San Pedro, bajo las órdenes de los jefes militares asentados en San Nicolás (sede del Área Militar 132), asumió tareas de inteligencia y control social.
Tras el golpe del 24 de marzo, la Comisaría se transformó en un centro de detención clandestina, y el accionar represivo en la ciudad alcanzó su cenit.
Grupos operativos, armados y vestidos de civil, empezaron a secuestrar a “sospechosos” días antes del golpe y continuaron hasta agosto de 1976.
Uno de los casos más trágicos fue el de Rubén Darío Reynoso, secuestrado en el domicilio de su padre y posteriormente trasladado, bajo tortura, a distintos centros de detención, siendo finalmente víctima de uno de los “vuelos de la muerte”.
Tras un breve periodo de “relativa calma” –en el que si bien las patotas no estaban activas, se mantuvo un “estado policial” para controlar a la población- comenzaron nuevamente los operativos de secuestro en San Pedro.
El objetivo de estas acciones eran, nuevamente, trabajadores rurales, obreros, médicos, periodistas, docentes, empleados públicos, etc., independientemente de su grado de militancia política. Estos detenidos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde sufrieron interrogatorios bajo tortura.
Un pilar del aparato represivo en San Pedro fue la propia Comisaría. No solo se encargó de recopilar información que debía ser elevada a jefes militares, sino que también mantuvo en clandestinidad a detenidos en sus calabozos.
Las víctimas permanecían entre 24 y 48 horas en condición de detenidos-desaparecidos, incomunicados e interrogados bajo torturas, antes de ser trasladadas a otros centros de reclusión del Área Militar 132.
A pesar de su función represiva, la Comisaría continuó con sus actividades habituales, lo que evidenció la doble cara de la institución policial.
En 2015, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, enmarcados en la mega causa Saint Amant II (que se realizaron el año previo), la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria (Ley 26.691), colocó una placa en el frente de la Comisaría de San Pedro.
Amurada al edificio, que representó el terror en la ciudad durante la última dictadura militar, simboliza, en el presente, la lucha por la Memoria. Allí puesta, recuerda que, en ese lugar donde hoy muchos ciudadanos transitamos a diario, se mantuvo cautiva a personas de manera ilegal.
A 50 años del Golpe de Estado, es fundamental no olvidar, mantener viva la memoria, exigir justicia y luchar por la verdad.
La historia local no es mera anécdota. Su reconstrucción es un compromiso con las víctimas y un llamado a la sociedad.
Develar las verdades que recorren las memorias de una ciudad, que se ocultan en la normalización de los silencios, nos va a ayudar a convivir mejor con nuestro pasado y a imaginarnos una comunidad Sampedrina que no sea sólo una anécdota, si no una ciudad presente y futuro.
NUNCA MÁS.
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