2,5 millones para “vulnerables” y “punteros”

La semana pasada, La Opinión publicó la rectificación de información solicitada por la Secretaria de Desarrollo Humano mediante carta documento. Allí se informó que el militante social Juan Ricardo “Juancho” Correa fue incorporado al Programa Municipal de Inclusión Social (PMIS) con contraprestación de servicios, por el que percibe un monto de dinero a cambio de la tarea de abordaje territorial en barrios de nuestra ciudad.
El PMIS es una política de Estado que el municipio lleva adelante con dinero provincial, que llega por transferencias del Ministerio de Economía para el desarrollo de ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad. En 2013, el Gobierno de Daniel Scioli envió en concepto de Fondo de Inclusión Social (FIS) un total de 2.891.495.
Los datos que figuran en Rafam para la Rendición de Cuentas del año pasado que ya lleva adelante el Concejo Deliberante, señalan que las imputaciones por ese concepto para el ejercicio anterior son 1.223, por 2.594.805,27 pesos. Ello significa que quedaron casi 300 mil pesos sin ejecutar. Un superávit dentro del gobierno más deficitario de la historia.

Dónde va la plata
El Fondo de Inclusión Social tiene una normativa lo suficientemente laxa como para que la imputación de recursos tenga cierta permisividad respecto a los destinos del dinero que envía la provincia.
Entre las más de mil imputaciones del Estado local en 2013 hay ayudas directas y urgentes a personas en efectivo, en mercaderías, materiales, indumentaria, ayudas a comedores, programas de formación que implican el pago a profesionales, y también los famosos “decretos” de contraprestación de servicios, que en algunos casos constituyen una contratación encubierta.
Así lo relató alguna vez en el aire de La Radio, Gabriel Leiva, uno de los monotributistas que prestó facturas que terminaron en una causa penal por presunto desvío de fondos para la campaña 2011. En su oportunidad, Leiva fue “contratado” a través de uno de estos decretos con el fin de “no hablar”, según él mismo contó después, del caso de préstamos de facturas en las que se vio envuelto a cambio de contratos de trabajo en el Municipio.
En la revisión de los decretos de 2013 –año electoral, por cierto–, habría muchos que fueron premiados por sus tareas punteriles, más allá de su propia situación de vulnerabilidad social o su tarea al frente de intervenciones para la inclusión de personas con esa problemática.
Hay de todo: personas en conflicto con la ley penal cuya inclusión no dio muchos resultados, teniendo en cuenta que varios de ellos sufrieron detenciones y están imputados en causas de robo calificado y hasta de venta de drogas, que cobraban entre 1.200 y 2.200 pesos.
Algunos no se sabe a quién se le pagaron. Al menos hasta ahora, ya que en las imputaciones figura el nombre del Tesorero municipal, que es quien debe pagarlo por ventanilla. Suman más de 40 mil pesos, cuyos destinatarios se develarán recién cuando haya noticias de los decretos que respaldan esas imputaciones.

Los ayudaditos
Entre los favorecidos por los decretos del Programa de Inclusión Social con contraprestación de servicios hay nombres conocidos, de esos que se repiten cada dos años en las campañas electorales, en las reuniones barriales y en las disputas punteriles por territorio y votos.
Pero no sólo eso. También hay casos que en 2013 fueron “ayudados” y luego de las elecciones pasaron a ser empleados municipales. Muchos de ellos recalaron en el hospital.
Como en la canción de Mario Millán Medina, por ejemplo, hubo tres hermanas que lograron el pase a planta. También hubo quienes encabezaron manifestaciones, fundaron un comedor con el aval del exsecretario de Gobierno Javier Silva, fueron beneficiadas con el decreto y hoy ocupan un lugar, también en el hospital, donde hay camilleros contratados vía decreto.
Otros trabajan en el depósito de mercaderías del Municipio, desde donde se destinan ayudas sociales urgentes de ese tipo, gestionadas en esas interminables esperas en Oliveira Cézar 280. Los hay que trabajan como mantenimiento en el Balneario y, por las fechas, lo habrían hecho durante el período en que el predio fue concesionado a Bomberos.
Muchos otros no trabajan ni trabajaron nunca. Algunos de ellos sólo aparecieron en dependencias municipales cuando la policía los buscaba, al punto de que a uno lo metieron preso en una de ellas, donde habría ido a buscar resguardo.
Todos aguardan un pronto pase a planta y confían en que sus nombres ocuparán lugares de privilegio a la hora de plantear la posibilidad de incorporación temporaria, jornalizada o acaso permanente. Es que consideran que la contratación vía decreto de Desarrollo Humano les genera algún tipo de derecho adquirido.
Si no lo hacen desde el punto de vista legal sí desde la óptica política. Como la mayoría son favores de campaña –muchos de esos nombres son referentes barriales que trabajaron activamente para que el exsecretario Dalmy Butti llegue al Concejo– y el año que viene habrá elecciones, ya se sabe: favor con favor se paga.