2 millones más para pagar a empleados de la Coopser
Pese a que la Justicia hizo lugar al reclamo de la Coopser, la Asamblea de Delegados, decidió “prevenir” y “pagar” los dos millones que reclaman los empleados de la Cooperativa.
La historia es de larga data y ya tiene muchos caídos en combate. La Asamblea de Delegados de la Coopser, aprobó en menos de 40 minutos, y con la presencia mínima de Delegados, el “arreglo extrajudicial” para abonar a los empleados más de dos millones de pesos que se reclaman desde la famosa aprobación del Decreto 392, firmado por el Presidente Kirchner.
Aquella famosa normativa, obligó a un aumento masivo de sueldos que, como bien plantearon las autoridades y la Asesoría Legal de la entidad, no estaba destinado a empleados de cooperativas, donde los socios son los que soportan el peso del pago.
Para los desmemoriados, hay que apuntar que ese y no otro, fue el motivo principal del despido inmediato del Contador Jorge Génova como Gerente de la Entidad en momentos en que el Consejo de Administración era presidido por la Dra. Adriana Gaido. Tras 20 años de labor, el profesional fue separado de su cargo en medio de un bochornoso cambio de llaves y revisión de documentación, que más tarde terminó en la Justicia.
Génova, había presentado un informe mediante el cual, describía la sitiuación financiera de la entidad, aconsejando la prudencia y el camino judicial para no pagar a los empleados aquel aumento que ponía al borde de la quiebra a la Cooperativa.
La inesperada victoria judicial por parte del Dr. Benito Aldazabal, al obtener la resolución favorable para suspender los efectos del decreto, dejó a la vista el “pacto oculto” que mantenían el Sindicato y las autoridades. Pese a todo y contra todo, decidieron “comenzar a recomponer los sueldos parcialmente” abonando “sumas a cuenta” y dejando pendientes aquellos meses protegidos ahora, por la Suprema Corte de Justicia.
La estrategia
Con Génova fuera de la entidad y el Sindicato al acecho, la Coopser comenzó a mejorar su situación. El ex gerente inició un juicio por centenares de miles de pesos que, terminó hace poco tiempo con un “acuerdo anticipado”, que tuvo como consecuencia el pago “sin chistar” de la indemnización correspondiente y el consecuente silencio, porque la estrategia siempre fue mostrar “los juicios” en conjunto, para que el asociado sienta que es mejor pagar antes que ganar después de pelear en los Tribunales.
“Es mejor un buen arreglo a un exitoso juicio” suelen decir todos aquellos que manejando dinero ajeno, prefieren echar mano a la caja común y no arriesgarse a decisiones que, en el caso de las cooperativas, deberían tener como motivo primordial la defensa del socio.
Así las cosas, y cuando “la traición” del Consejo de Administración anterior se hizo evidente, el Sindicato fue por más y ganó con su lista las elecciones que pemitieron que Emilio Longueira se alzara con la presidencia del Consejo de Administración.
Desde allí en adelante fue muy fácil “meter miedo a los socios” con sumas siderales que se tendrían que pagar por no “haber hecho las cosas bien”.
Durante el último año, todo arrojó excelentes resultados. Los números se equilibraron y nadie cuestionó la decisión de poner nuevamente la mano en el bolsillo de los titulares de medidores, para una cuota de “capitalización” que no está destinada a nuevos emprendimientos, sino a subsanar los sucesivos errores perpetrados por quienes creen que el dinero de la gente puede administrarse a discreción.
Así, en sucesivos pasos, se resolvió el juicio con Génova, se votó la capitalización, se evaluó el pedido de créditos y se abandonó definitivamente el camino de representar la voluntad y la necesidad de los socios, reemplazándola por una cuasi agencia de defensa del bolsillo de los empleados.
Un juicio para Usted
Del mismo modo en que se procede con el Municipio, cada vez que se inicia un reclamo judicial, el que paga es el pueblo. En el caso de la Coopser, un grupo de empleados decidió acudir a la Justicia para reclamar el pago inmediato del Decreto. Aunque la carátula diga, Duarte Oscar y otros contra Cooperativa de servicios, la correcta interpretación, es “contra el Pueblo, o los Socios”.
No se trata de ir en contra de un derecho que obviamente tienen los trabajadores al reclamar por lo suyo, sino de una pregunta lógica que surge cuando se miran los abultados montos que reciben mensualmente quienes tienen la fortuna de pertenecer al Convenio de Luz y Fuerza, cuyo alcance ya ha sido mencionado varias veces en este medio. Los sueldos en la Coopser, tomando como base el peor momento, ubicaban el promedio más bajo en los 2.300 mensuales, hoy esa cifra parece ridícula frente a lo que se está pagando. Así y todo, ese grupo de empleados decidieron emprenderla contra la entidad como si se tratara de la peor de la empresas privadas.
Ahora, cuando la Justicia homologue el acuerdo, la ciudadanía tendrá por delante 13 cuotas consecutivas que “por buena disposición y comprensión de los demandantes” cobrarán quienes realizan tareas patrocinados por los abogados de Luz y Fuerza que, en un acto de “solidaridad” bajaron sus honorarios a un porcentaje “razonable”, que en el mejor de los casos no superará los 150.000 pesos.
Eso sí, en el colmo del “sincericidio”, existirá una cláusula mediante la cual se puede suspender el pago de la cuota correspondiente `por tres meses como máximo, si acontece un imprevisto financiero importante.
En síntesis, una Asamblea de magra representación, aprobó en cuarenta minutos que cada uno de los ciudadanos/socios, pague sin chistar otros dos millones de pesos por juicios que tal vez, persistiendo podrían algún día ganarse.
Todo para perder
Es evidente que las victorias judiciales pueden ser saboteadas por los propios interesados cuando el doble discurso se apodera de los dirigentes. Así sucedió con los administradores anteriores que se escaparon sin pagar las consecuencias de la torpeza administrativa obligando a todos los representados a solventar primero, el juicio a Jorge Génova, y a los pocos meses, con el mismo moño y papel de regalo, los dos millones que ahora intentan justificar con un “paguemos, por si perdemos”.
Aunque la batalla de los tribunales se pierda, debe haber muchos que leyendo esta noche se preguntarán si no es mejor guardar la plata en depósito judicial y luchar por una victoria cooperativa en el máximo nivel judicial, demostrando que el dinero de la gente, no puede seguir siendo el sustento de las conveniencias de los dirigentes.
La escasa participación de los socios siempre fue el mal mayor de la Coopser. Ahora quedó plenamente demostrado que es el ciudadano que mes a mes necesita imprescindiblemente el servicio de energía en su casa o en su empresa, el que se seguirá desprendiendo a diario del dinero para pagar sueldos del primerísimo primer mundo, en una ciudad donde la indigencia obliga a las conexiones clandestinas.
Repasando el origen
El decreto 392/03, decía textualmente: “Increméntase a partir del 1º de julio de 2003 la remuneración básica, a todos los efectos legales y convencionales, de los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus modificatorias, en la suma de pesos veintiocho ($28.-) por mes, durante el lapso de ocho (8) meses, hasta adicionar a su remuneración vigente al 30 de junio de 2003, un importe total de pesos doscientos veinticuatro ($224.-)”. Con esta disposición comenzó una disputa legal, ante el pedido de los trabajadores del incremento impuesto por el Presidente Kirchner. A raíz de esto, la Cooperativa presentó un recurso de amparo a través de sus abogados, el cual le fue concedido y por tal motivo se exceptuaba de otorgar el incremento salarial argumentando a su favor la mala situación económica que atravesaba. Igualmente los trabajadores realizaron un juicio, al entonces Consejo de administración, que resolvió dejar todo en manos de la justicia.
El Arreglo
Los pasos a seguir para que se efectivice el pago a los trabajadores son dos, por un lado un acuerdo político y por el otro un trámite judicial. El primero implica que las autoridades de la Cooperativa puedan arreglar, mediante un convenio con el gremio, las bases del acuerdo que establezca el monto del pago y una conformidad en la suspensión del mismo en caso de que algún imprevisto, como una tormenta, requiera un gran gasto de fondos e impida abonar alguna cuota. Como segundo paso, el trámite judicial consiste en legalizar este convenio para dar por finalizado el litigio que los trabajadores mantienen con la Cooperativa.