15 años de reclamo por la apertura de calle Pavón en la esquina de Hernández
Los vecinos volvieron a convocar a los medios la semana pasada para hacer oír su queja por la presencia de un galpón de reciclado de residuos que ocupa la continuidad natural de Pavón pero además tiene materiales sobre la vereda y un acoplado que obstruye media calzada de Hernández. Hay antecedentes en el Concejo Deliberante desde el año 2000. Sin embargo, los tres intendentes que pasaron desde entonces no se hicieron eco del reclamo. En la comisión de Servicios Públicos hay un proyecto desde 2014, que no tiene tratamiento. Historia repetida de un espacio público.
Las ciudades crecen y se pueblan. Donde ayer había descampados, hoy hay barrios, viviendas, familias, comercios. Desde 1987, cuando fue sancionada la ordenanza de uso y ocupación del suelo conocida como “San Pedro 2000”, el pueblo que la semana pasada cumplió 109 años de su declaración legal como ciudad se modificó y mucho. Sin embargo, las autoridades desoyen desde hace décadas el reclamo de algunos vecinos en zonas donde ya no se puede convivir con ciertas actividades.
Eso es lo que sucede en la intersección de José Hernández y Pavón, donde la calle que recuerda la batalla en la que Mitre consolidó el poder porteño sobre Urquiza se corta para continuar una cuadra más adelante, en su intersección con Thorne.
En ese espacio, donde debería estar la continuidad de la calle, había un terreno baldío. Desde 2013, una enorme construcción fue erigida. Se trata de un galpón que creció de manera irregular, sin habilitación de obra, y donde funciona un centro de reciclado de materiales plásticos y cartones, propiedad de una persona que fue identificada en más de un expediente municipal como Diego Melgar, quien tampoco tiene autorización del OPDS ni de la Municipalidad para la actividad que allí desarrolla.
El reclamo de los vecinos no observa cuestiones legales de habilitación, sino que relata vivencias cotidianas en un barrio donde el ruido de las máquinas reina, los camiones rompen las alcantarillas de las calles, la basura ocupa veredas y hasta hay un acoplado que obstruye la mitad de Hernández.
La queja de quienes viven en la zona no es nueva. El pedido para la apertura de la calle, tampoco. La semana pasada, los habitantes de las cuadras de José Hernández entre Caseros e Independencia que sufren la situación volvieron a convocar a los medios para hacer oír su reclamo. Quieren que llegue al intendente Cecilio Salazar, a quien todavía no le plantearon formalmente el tema. Esperan, además, que el Concejo Deliberante trate el último proyecto que ingresó y que duerme en la comisión de Servicios Públicos desde 2014.
“Así no se puede vivir”
Cualquiera que pase por la zona notará que, tal como reclaman casi a los gritos los vecinos del galpón de reciclaje, “así no se puede vivir”. Cartones, plásticos, tanques, maderas, pallets, bolsas, personas que van y vienen, camiones, acoplados, yales… En la intersección de Pavón y Hernández la actividad es la propia de una zona industrial. Pero a cada lado y enfrente viven familias.
“Queremos que limpien”, es el primer reclamo. “Desde 2013 que andamos de reunión en reunión, cuando todavía no era lo que es ahora”, cuentan. En junio de ese año presentaron un expediente con fotos, en las que se veía una gran cantidad de residuos acumulados en el baldío donde debería pasar la calle. En esa época comenzaba la construcción, que nadie detuvo, a pesar de que hubo intimaciones por falta de permiso de obra.
“No se puede transitar libremente por la calle, cuando están trabajando se corta, está lleno de mugre y cuando llueve, ni hablar”, contaron a La Opinión quienes sufren la situación.
“Reventaron la alcantarilla con los camiones, cuando llueve esto es una laguna”, agregó otro vecino, con el dedo que apuntaba al cruce de calles que lleva por Pavón hacia el centro.
“Se arruinó el barrio con todo esto”, dijo otra vecina, que hizo hincapié en que el ruido “es insoportable, sobre todo para los chicos y para las personas discapacitadas” que hay en el barrio.
“Lo bueno hubiera sido que abrieran la calle, la continuidad de la calle Pavón”, dijo otro, que despertó la pregunta acerca de por qué todavía, cuando ya está claro que esa es una zona residencial con una densidad poblacional importante, sigue cerrada una cuadra de una calle paralela a Caseros, una de las vías más transitadas de la ciudad.
Hace mucho que se discute
Los antecedentes que obran en el archivo del Concejo Deliberante dan cuentas de que la necesidad de apertura de esa calle no es nueva ni está relacionada con lo que despertó el reclamo en 2013, la existencia del galpón de reciclado de Diego Melgar, un hermano de quienes litigaron contra el municipio en defensa de una vivienda que impidió la apertura del Boulevard del Centenario sobre calle Perón.
Por el contrario, hace más de 15 años que concejales de diversas extracciones observaron que abrir esa cuadra cerrada sería una opción válida para el desarrollo de la zona.
En el año 2000, la Resolución 111 aprobada por el Concejo a propuesta de los ediles Ester Noat, Nelson Vlaeminck, Roberto Movsessian y Pablo Reynes señaló que “la obstrucción de la calle Pavón entre su intersección con las calles J. B. Thorne y José Hernández no permite una fluida circulación vehicular por esa arteria” y que su apertura permitiría reducir el tránsito de Caseros y hacerla mano única.
En sus considerandos, además, exponía la preocupación de los vecinos por los accidentes registrados y el “el riesgo que corren los niños del lugar”. Gobernaba entonces Mario Barbieri, cuyo Ejecutivo no se hizo eco de la solicitud del HCD.
Cuatro años más tarde, otra composición del bloque Justicialista insistió con el tema, cuando Barbieri anunció un programa de pavimentación para 2004.
Recordaban la demanda de los vecinos de calle Caseros para que haya una alternativa que alivie el tránsito “dado la peligrosidad que significa” la doble mano, algo que este año volvió a plantear el concejal Mosquera, ya que la complicación es mayor desde que el club Mitre inauguró sus instalaciones en la zona.
“El Ejecutivo no puede dejar de poner atención a las demandas de los vecinos, principalmente si se pone en riesgo la vida de las personas”, decían los ediles peronistas en aquel entonces. En ese momento, otra vez, el Gobierno de turno no actuó en el tema. Para el 2007, ya había comenzado la discusión con otros miembros de la misma familia por los terrenos que están sobre las barrancas en los que ahora hay una casa de familia de material, cimientos para otras construcciones y ocupación de una manzana cuya titularidad fue parte de la demanda que impidió, como se dice más arriba, la apertura de la avenida costera.
La problemática de la planta recicladora de Diego Melgar se discutió en 2013 en el Concejo, pero con atención en la que tenía a pocas cuadras de la ubicación actual, en Laprida y Noseda, que el año pasado sufrió un incendio de importantes dimensiones cuyo humo se extendió a toda la zona, con riesgo para los automovilistas.
Fueron los concejales Daniel Monfasani y Cecilia Vázquez los que plantearon el tema. En los considerandos, expusieron algunos aspectos que permiten conocer la actividad de Melgar, cuyo galpón pedían mudar.
Señalaban allí que el propietario “se forjó con trabajo y sacrificio desde muy pequeño”, que “tiene como único sustento de vida para mantener a su familia la actividadque desarrolla en ese predio” y que debería buscarse una alternativa para que pudiera seguir con su tarea.
Lo más importante es que allí queda expresado el peligro que significa una actividad de este tipo en la zona urbana. Porque ese terreno, al igual que el de Pavón y Hernández, estaba “desbordado de materiales reciclables, depositados hasta en las veredas y parte de las dos calles”, con un “acoplado que está sin señalización correspondiente, estacionado casi permanente” sobre la calle y “convirtiéndose en una gran amenaza para los vehículos que circulan por esa zona”.
Además, esa resolución, también aprobada, indicaba que una vez trasladado el depósito el municipio debería “efectuar la limpieza y desratización del terreno en cuestión, en pos de proteger la salud de los vecinos”.
En Pavón y Hernández, como se dijo, la situación es exactamente la misma, por lo que los riesgos para quienes viven en la zona son evidentes. En ese momento gobernaba Guacone, quien tampoco se hizo eco del asunto.
En 2014, los vecinos volvieron a remitir un expediente y la concejala Patricia Rocca redactó un proyecto que al llegar a sesión fue enviado a la comisión de Servicios Públicos a raíz de la inquietud de un concejal barbierista que supo ocupar cargos en su gobierno.
Además de todas las problemáticas relatadas en esta página respecto de lo que significa para los vecinos la existencia de ese galpón de reciclaje, señalaban allí que el acopio incluye “chatarra, pallets, garrafas”, que se produce “quema de azufre”, con la toxicidad que ello provoca, y que hay una “invasión de roedores en todos los hogares lindantes”.
Ese proyecto de resolución que fue presentado hace dos años y todavía no tiene dictamen a favor o en contra en la comisión que presidía hasta diciembre Juan Almada y que desde entonces conduce Gerardo Pelletier tiene dos artículos: el primero pide el desalojo del centro de reciclado; el segundo, la apertura de calle Pavón.
Un terreno con historia
Producto de la disputa judicial que mantienen con el municipio por un lado y con la empresa fantasma Construvic por el otro, en la familia Melgar tienen un vasto conocimiento del catastro sampedrino, lo que incluye antiguos planos de geodesia que los hermanos Fabián y Sandro mostraron en diversas oportunidades a La Opinión.
Cuando Patricia Rocca presentó el proyecto que hoy está en comisión, Diego Melgar fue a verla para explicarle que en los planos “la calle no figura abierta”. Además, llevó un boleto de compra venta y aseguró que había “pagado por el terreno”.
Aunque le advirtieron que estaba construyendo sobre la continuidad de una calle, el reciclador siguió, sin autorización municipal, amparado en sus “derechos posesorios” sobre el terreno.
En el barrio hay muchas versiones acerca de lo que sucedió en las últimas décadas con lo que los más viejos llaman “la quinta de Maneiro”. Señalan a algunas personas como las que “vendieron” esos terrenos aún a sabiendas de que ocupaban una calle.
Incluso cuentan historias que vinculan a un hombre de las fuerzas de seguridad que compró en cuotas y nunca pagó, a cuya expareja habrían “apretado” para que se fuera, y en cuyo boleto de compra venta figura un terreno que no es el que adquirió y donde vivió, sino otro cercano.
Como en tantas otras historias de terrenos fiscales y privadas que pasaron de mano en mano, algunos apellidos se repiten. No en vano el líder piquetero Raúl Castells, que apoyó el reclamo de los Melgar del boulevard, definió a San Pedro como la “capital nacional de la delincuencia inmobiliaria”.