El domingo 21 de abril fue un día diferente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Privado Sadiv. Por primera vez desde su inauguración, el Jefe de ese servicio activó el protocolo para la puesta en marcha del operativo de certificación, ablación y traslado de órganos de una donante que falleció ese fin de semana.

Desde hace tiempo, La Opinión & Sin Galera aguardaban la oportunidad de asesorar y brindar precisiones a las familias sobre los derechos que le asisten en casos en los que los fallecidos reúnen las condiciones para salvar otra vida.

Ha sucedido en ocasiones de accidentes fatales que protagonizan personas jóvenes que sus familias manifiestan la voluntad de donar, pero el protocolo no puede cumplirse por el tiempo que suelen demorar las pericias judiciales.

“El protocolo generalmente se activa ante un paciente que presenta una lesión neurológica gravísima, y que a medida que pasan las horas, o a veces pueden ser los días, va presentando signos de encontrarse con un diagnóstico que se llama muerte encefálica, que es uno de los criterios que uno tiene para declarar fallecida una persona”, indicó el médico Valentín Torres (MP 65531) cuando fue consultado por este medio días después de la ablación que se practicó en uno de los quirófanos del sanatorio.

“Cuando uno detecta un paciente que tiene signos clínicos de muerte encefálica, se pone en contacto con la agencia provincial de procuración de órganos. En el caso de Provincia de Buenos Aires, es el Cucaiba y a nivel nacional está el Incucai”, explicó Torres tras aclarar que también se aborda la situación con los familiares.

El procedimiento que se cumplió en esta primera llegada del equipo del Cucaiba a la ciudad tiene prevista la participación obligatoria de más de un profesional para certificar el deceso y las condiciones en las que se encuentra el donante.

Cuando el profesional concluye todas las pruebas, se ponen en marcha todos los pasos que tiene previstos la normativa y que requiere de la consulta a la familia para conocer si existe algún tipo de objeción o si en vida a manifestado su oposición a constituirse en donante.

"Uno puede haber dejado su voluntad previa, si bien todos por ley somos donantes, la realidad es que nadie le va a sacar los órganos a un familiar fallecido sin el consentimiento de la familia. Eso es algún miedo que por ahí existe en la población habitualmente, pero esto no es así. Muchas veces la gente sabe y dice, no, a mi papá, mamá, hermano, tío, le hubiera gustado poder ayudar a otra persona, relató el profesional.

Una vez que se cumple el protocolo, es el listado de espera del Incucai el que define para quién puede ser compatible ese órgano. “Ellos van determinando si los órganos que se encuentran disponibles son implantables en sus pacientes que están a la espera de un órgano”, explicó el médico.

En el caso de este operativo, se trataba de una mujer mayor de 70 años y los profesionales llegaron vía terrestre porque el destino no requería de un traslado aéreo, como suele suceder en otras ocasiones.

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