El Concejo Deliberante aprobó la semana pasada que la empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA) continúe al frente del servicio de cobro de la tasa de cartelería en la vía pública.

Los concejales se tomaron su tiempo para tratar el expediente: el convenio de prórroga fue firmado en marzo de 2020; con un año de demora, el Gobierno envió el expediente para su tratamiento en abril; y recién lo aprobaron n la última sesión ordinaria del año.

Fue por unanimidad. En silencio. Sin miembro informante de la comisión de Presupuesto que preside Martín Pando —que alguna vez esbozó un plan para modificar el gravamen— que diera explicaciones respecto de por qué votaban una nueva prórroga con siete meses de demora en el tratamiento del expediente y a punto de que venza.

Tipsa llegó a San Pedro en 2010. Ese año entró en vigencia la ordenanza que establece que todos y cada uno de los carteles publicitarios deben pagar tributo si están expuestos en la vía pública. Desde multinacionales a empresas nacionales de renombre pasando por las locales, todo el que esté exhibido debe pagar. En 2020, las firmas radicadas en el distrito no pagaron, por la pandemia.

El contrato original venció en 2014 y desde entonces lo prorrogaron varias veces. Cada vez, con la excusa de que llamarían a licitación para evitar la precariedad de una prórroga como esta, aprobada en noviembre de 2021 para convalidar la firma de un convenio establecido en marzo del año pasado por 22 meses y que vence ya, en diciembre.

La prórroga anterior había sido aprobada en 2019 y venció a fines de febrero del año pasado. Así, en 2020, Tipsa hizo el relevamiento para el cobro de la tasa sin tener situación formal regular. Este año casi pasa lo mismo, pero el Concejo se acordó antes de terminar su tarea ordinaria anual y convalidó el acuerdo.

En el proyecto de ordenanza, el Gobierno reconoció que el Tribunal de Cuentas le llamó la atención por el tema, porque observó que los ingresos por este tributo no estaban siendo registrados en la cuenta de Recursos Ordinarios, como corresponde, en lugar de ir a la cuenta “de Terceros”, como hasta ahora.

La contratación de Tipsa fue polémica desde el primer día. Por un lado, porque el propio gravamen es polémico y provocó desde reclamos administrativos y judiciales a que muchos decidieran sacar los carteles de sus negocios.

Mario Sánchez Negrete y Sergio Rosa, aliados de Salazar en su primer mandato, fueron críticos. El fallecido secretario de Economía quería municipalizar el servicio pero luego reconocieron que no podían hacer frente con recursos propios a la tarea.

Cuando los concejales de la UCR, PRO y Fe que respondían a Salazar aprobaron su primera prórroga, en 2019, Rosa cuestionó la tarea de Tipsa y pidió “discutir si los valores que cobra son aceptables”. La empresa se lleva el 22 por ciento de la recaudación.

Ahora, el Gobierno de Salazar, recostado en el Frente de Todos, consiguió una nueva prórroga para el contrato de Tipsa, que a esta altura del año suele desarrollar su relevamiento para cobrar la tasa de publicidad y propaganda y el canon por estructura de soportes de antenas.

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