Una multitudinaria marcha coronó las actividades previstas en San Pedro por el 8M, Día internacional de la Mujer Trabajadora. La movilización terminó en las puertas del Palacio Municipal con un documento que expuso una serie de reclamos al Estado.

Las organizaciones feministas locales convocaron a un festival que incluyó lecturas, radio abierta y otras actividades en plaza Belgrano, desde las 18.00, luego del acto oficial municipal en el Centro Cultural Abelardo Castillo, en el que fueron reconocidas mujeres destacadas de la comunidad.

A las 20.00, la columna se organizó para partir desde plaza Belgrano hacia la Municipalidad. Antes de llegar pasaron por la sede de las fiscalías locales, donde dejaron mensajes relacionados con el cumplimiento de leyes vigentes y con el reclamo respecto de una Justicia con perpsectiva de género.

Ya en Palacio, donde aguardaban funcionarios del gabinete de Ramón Salazar como el secretario de Gobierno, Pablo Vlaeminck; el de Seguridad, Diego Solana; y la de Género, Laura Monfasani, las organizaciones leyeron un documento elaborado en conjunto.

Allí reclamaron por políticas económicas nacionales que contemplen la situación de las mujeres y las disidencias; la inclusión del colectivo trans en la actividad económica sin discriminación; y la necesidad de que se resuelvan cuestiones relacionadas con las diferencias en los ámbitos laborales que aparecen para el colectivo femenino respecto de los hombres.

Además, reforzaron el reclamo contra lo que denominaron una “Justicia patriarcal” y exigieron una “reforma judicial feminista”, lema que fue eje de la marcha del año pasado y que ahora volvió a tener protagonismo relevante en el discurso.

A la Municipalidad le exigieron el cumplimiento de la ley Micael, que dispone formación en perspectiva de género para el personal del Estado local; y la difusión plena de los términos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que dispuso el aborto legal, gratuito y seguro.

Además, hicieron un planteo respecto de la necesidad de reformular el sistema de refugio para mujeres víctimas de violencias de género, puesto que, expusieron, muchas veces las propias damnificadas desisten de hacer uso de ese lugar como manera de resguardo ante un hecho violento.

Con el recuerdo de Florencia Cresta, Natalia Duarte, Mariela Figueroa y Marías Esperanza Fernández, con familiares de ellas, víctimas de femicidio, y la presencia de víctimas de intento de femicidio, de violencias de género y abusos, la marcha fue representativa de las problemáticas que afectan a mujeres y disidencias en el distrito.

A continuación, el documento completo que leyeron tras la multitudinaria marcha, en las puertas de la Municipalidad:

“El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la Mujer Trabajadora y es además el día en que las mujeres decidimos parar, marchar, hacer escuchar nuestras voces y nuestros reclamos, en estas calles en las que sabemos se juega todos los días el escenario político de la militancia.

Después de las consecuencias y el empobrecimiento de nuestro país y su gente con la aplicación de las políticas neoliberales del macrismo y la pandemia que afectó seriamente y principalmente a las y los más vulnerables, salir a la calle a expresar la enorme preocupación que nos genera la inflación existente, es una necesidad.

Día a día vemos cómo, pese a la reactivación económica que señalan ciertos índices, los precios aumentan, aumentan los alimentos y bienes básicos, y disminuye el acceso de las clases populares a los bienes de consumo siendo siempre, los sectores más vulnerados pero sobre todo las mujeres de estos sectores, las más perjudicadas. Las redes de la economía popular y el trabajo organizado en los barrios permiten, a duras penas, sostener a las compañeras que día a día deben ingeniárselas para garantizar un techo y un plato de comida caliente para sus pibes.

Necesitamos el desarrollo de políticas que permitan y garanticen la inserción laboral de las compañeras en marcos de legalidad: decimos basta al trabajo precarizado al que son sometidas las mujeres, y especialmente las de bajos recursos económicos, a lo largo y ancho de nuestro país.

Exigimos el cumplimiento del cupo laboral trans por parte de todos los niveles del estado, pero también exigimos del Estado que diagrame políticas públicas que incentiven al sector privado a trabajar en la inclusión de las compañeras trans y travestis que, pese al avance en materias de derechos formales, son excluidas y discriminadas por el mercado laboral y les empleadores.

Las resistencias de la sociedad y el sector privado a las identidades trans y travestis no pueden ser toleradas. El sistema heteronormado solo acepta la espectacularización del cuerpo trans/travesti. Seamos nosotres agentes e impulsores del cambio, del cambio real, del que garantice que las compañeras trans y travestis puedan llevar un plato de comida a su casa, el que garantice que la casa exista, el que les asegure el pleno acceso a una cobertura de salud.

Celebramos en San Pedro la creación de los consultorios amigables, pero los reclamos de la identidades travestis/trans no se agotan allí ni se agotan en las responsabilidades del Estado. El cambio real es social, es de todes y es con todes.
Queremos un estado que garantice tierra, techo y trabajo para todas las que siempre hemos sido postergadas.

Necesitamos programas de viviendas que den cumplimiento a una de nuestras necesidades básicas. Demandamos que los programas de acompañamiento a las mujeres y especialmente a quienes se encuentran en situación de violencia de género lleguen, sean recursos reales con los que podemos contar y no simples anuncios que luego se pierden en los pasillos burocráticos ministeriales.
En este 2022, insistimos, nos queremos libres y desendeudas, que lo sepan y que se enteren: La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron! Las mujeres y las disidencias claramente tenemos que ser priorizadas ante que cualquier pago de la deuda externa.

Como ciudadanes feministas no podemos ni mucho menos queremos mirar para otro lado ante la catástrofe ambiental que implica para nuestra zona pero también para el país y el mundo, la falta de acuerdo y decisión política para ponerle fin a los incendios organizados en nuestra zona de islas, bosques y humedales. Exigimos, en consonancia con los feminismos de todo el país, la inmediata sanción de la Ley de Humedales. Basta de complicidades con las grandes corporaciones y las entidades rurales que defienden a los delincuentes que nos saquean nuestros recursos naturales, priorizando sus bolsillos. Queremos que el Estado nos garantice el presente y el futuro de nuestro ambiente.

Y hablando de leyes y la necesidad de intervención de la justicia, decidimos este año volver a concentrar nuestro reclamo frente a la Fiscalía como símbolo de la continuidad de nuestra demanda sobre la imperiosa necesidad de una reforma judicial feminista. Necesitamos que se escuchen nuestras voces, que dejen de revictimizarnos. Necesitamos juezas y jueces con perspectiva de género, necesitamos que dejen de encubrir a nuestros abusadores y golpeadores. Queremos medidas cautelares que nos protejan, queremos la cárcel para femicidas y violadores. No los queremos más entre nosotres, queremos una justicia que aplique la ley, nada más ni nada menos.

Para ello consideramos indispensable la aplicación sin excusas ni dilaciones de la Ley Micaela para todas y todos las y los agentes del estado. La Justicia también tiene que capacitarse y aggionarse, la justicia también tiene que saber que el feminismo va a vencer y que no vamos a seguir tolerando las prácticas patriarcales a las que están acostumbrados.

En San Pedro también pedimos la inmediata capacitación de todo el personal del Estado en la Ley Micaela, que quedó interrumpida en plena pandemia y no ha vuelto a retomarse por parte de los organismos competentes. Necesitamos gestiones urgentes en este sentido para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes vigentes. Contar con personal capacitado en cuestiones de género permitirá a mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ contar con las respuestas y herramientas correctas.
Meses atrás, las organizaciones en conjunto con la secretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, organizamos una capacitación al personal de los centros de Salud.

Este fue un primer paso imprescindible para garantizar el pleno cumplimiento en nuestra ciudad de la ley sancionada en diciembre de 2020 y que garantiza el acceso de todos los cuerpos gestantes a la posibilidad de interrumpir un embarazo. Nuestra ciudad cuenta con un equipo interdisciplinario que garantiza el cumplimiento de la norma de aborto legal y sabemos también los avances en torno a la plena ejecución de la ley de los 1000 días, otra normativa que garantiza el derecho a la maternidad de los cuerpos gestantes.

Sin embargo consideramos imperioso que el área de Salud, en coordinación con la secretaría de Género, tomen las medidas necesarias para que la información sobre la existencia de estos derechos estén al alcance de todas las mujeres.

Necesitamos campañas de comunicación en medios locales, difusión de las leyes. Necesitamos llegar con respuestas a cada mujer de nuestro partido. La información y el conocimiento de las opciones existentes es lo que permite a las mujeres y cuerpos gestantes tener plena soberanía sobre nuestros cuerpos.

Para esto también consideramos parte indispensable el trabajo de la jefatura distrital de Educación en garantizar el cumplimiento del dictado de la ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del partido. Es indispensable que en todos los niveles educativos se trabaje en el respeto de las identidades, el consentimiento y el pleno conocimiento de nuestros derechos.

Exigimos que la Ley de Parto Respetado, promulgada en 2015 y que defiende los derechos de las madres y las y los recién nacides y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto, sea respetada y aplicada tal como corresponde en los hospitales públicos y clínicas privadas de nuestra ciudad. Basta de naturalizar la violencia obstétrica a la que son sometidas las compañeras a la hora de parir.

Por último, queremos referirnos a un tema que se encuentra en agenda de las organizaciones convocantes, y que hace referencia al refugio, herramienta que permite el resguardo de compañeras en situación de violencia de género. Si bien entendemos la necesidad de garantizar la integridad de las denunciantes y sus familias, las características del régimen y el tipo de refugio con el que contamos en nuestra ciudad, dificulta que las mujeres y les niñes lo elijan como alternativa y esto poco contribuye a alivianar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Necesitamos pensar en alternativas para dar respuestas habitacionales al menos momentáneas a quienes lo soliciten, mientras se aguardan por las medidas de fondo de la Justicia. Necesitamos el diseño de un proyecto y la gestión de los recursos ante los organismos estatales correspondientes para poder dejar hablar de refugios y hablar de espacios para el alojamiento y acompañamiento de mujeres en situación de violencias de género.

En asambleas, las mujeres y diversidades del territorio nos organizamos y hoy hacemos públicos nuestros reclamos. Pero también, en estos mismos encuentros, reafirmamos nuestro compromiso de seguir en las calles, de seguir peleando por y junto a todas las compañeras.

Por Florencia, por Natalia, por Mariela y por María Esperanza. Por todas. Vivas y libres nos queremos”.