Este sábado, la fiscal María del Valle Viviani que tiene a su cargo la investigación sobre la situación que investiga la ocupación de las casas de los preadjudicatarios de las 84 Viviendas, habló con Lilí Berardi para informar cómo continúa la causa.

Caratulada como “Averiguación de ilícito”, la funcionaria admitió que la acción no puede ser catalogada como usurpación porque no hubo un medio comisivo violento, por lo que en un principio sólo ordenó que se identificara a todas las personas y además cursó un oficio a la Municipalidad para que le informe quienes eran los preadjudicatarios de las viviendas.

“Esto es lo que hay por el momento”, afirmó y agregó: “Después si hay otras consecuencias derivadas de los pasos que se siguieron por parte de la Municipalidad que ha entregado o han adjudicado a estos preadjudicatarios. Eso se dilucidará en la cuestión civil si tiene o no consecuencias penales”.

“Si hay algún delito que determine que tenga que intervenir la Justicia Penal, se tomarán las medidas correspondientes”.

Esto último está relacionado con la información que solicitará al fuero Civil en el que se tramita la demanda de Arcor contra el Municipio por haber dispuesto de terrenos cuyo destino era la reubicación de familias que residen en el Bajo Puerto y cuyos datos están registrados en otro listado. Se trata de personas que quedaron al margen de la primer tanda del Barrio Arcor que se construyó durante el mandato de Mario Barbieri.

En esa misma línea, Viviani tomará nota de la manda judicial que declaró la nulidad del sorteo que organizó la gestión de Ramón Salazar pese a las advertencias que se le habían notificado con anticipación.

Al momento de responder sobre si las familias están o no acusadas de algún delito, Viviani dijo que no se puede hablar de una usurpación ya que las personas que se encuentran en las casas no ingresaron utilizando la fuerza ni ningún medio violento.

“Por eso a mi la Ley no me habilita a pedir un desalojo, no en este momento porque no se dan los elementos intrusivos del delito”, indicó.

Por otro lado, debido a que las casas se encuentran en condiciones deplorables, ya que la obra a cargo de cooperativa Alfa quedó parada, muchos fueron los que con cortinas, aberturas y diversos muebles protegieron sus viviendas. Respecto a si eso agrava la situación, la fiscala aconsejó a las familias consultar con la Municipalidad.

Si los preadjudicatarios deberán o no declarar, la fiscala expresó que debe aguardar a que se le informe la resolución de la justicia civil sobre el estado del conflicto entre Arcor y la Municipalidad por los terrenos. A partir de allí determinará qué hacer y qué medidas tomar.

Municipalidad de San Pepdro