Cuando apenas comenzaba la pandemia por el coronavirus en el país, el Ministerio de Salud estableció que las personas con certificado de discapacidad pertenecen al grupo de riesgo y, por ese motivo, debían recibir otro tipo de atención y exceptuarlos a concurrir a sus respectivos trabajos. Sin embargo, en ningún plan de vacunación surge el colectivo de las personas con discapacidad, tal expuso la profesora Elizabeth Aimar en El Cisne, diario que se publica mensualmente y cuya especialidad es el trato de temas relacionados a la discapacidad.

Durante el año pasado, se realizaron diferentes relevamientos que reflejaron que el porcentaje de personas con discapacidad que se infectaban eran susceptiblemente menor que el resto de la sociedad. Pero, el porcentaje de mortalidad de este grupo era superior al del resto de la población, ya que en caso de contagiarse los efectos de la enfermedad podrían ser más graves, dijo Aimar.

Y agregó: “Estas personas se encuentran en una situación desfavorable frente al virus, no sólo por las comorbilidades que puede presentar algún tipo de discapacidad en particular, sino porque la asistencia que requieren- asistentes, auxiliares, familiares en acompañamientos, movimientos de carga y descarga, asistencia en las actividades de la vida diaria (alimentación, higiene, vestimenta)- colocan a la persona en un mayor número de situaciones de contagios y, a su vez, con consecuencias en su salud más riesgosas que el resto de la población”.

Por todo esto, es que resulta acertada su inclusión dentro de los llamados grupos de riesgo. Además, dentro de los trabajadores de la salud se encuentran muchos de quienes interactúan con las personas con discapacidad, por lo que se comenzaba a cubrir una parte de la situación, pero faltaba definir qué se iba a resolver respecto de la persona propiamente dicha.

El artículo tercero de la resolución 627/2020 establece que “las personas con discapacidad deben ingresar en los protocolos de vacunación y no se debe dejar a este sector de la comunidad sin dicha previsión”, explicó la especialista.

“Esto se funda en criterios epidemiológicos y bioéticos, como también en los compromisos internacionales que asumió el Estado al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de brindar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de emergencias humanitarias como lo es la pandemia que estamos viviendo”, manifestó.

En Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, todas con características distintas: visual, auditiva, motora e intelectual. La tasa de letalidad del colectivo es del 7%, casi tres veces superior que el registrado en la población general.

Elizabeth Aimar cerró su publicación de dos páginas con una conclusión respecto de la problemática que planteó: “La ausencia de las personas con discapacidad en dichos protocolos es una cuestión que debe ser rápidamente remediada, resulta una clara vulneración de derechos y desatención por parte del Estado”.

Grupo de Riesgo