Por la cantidad de personas identificadas el hecho fue considerado menor pero el procedimiento poco habitual en esa localidad llamó la atención. Ahora el Juez Villafuerte Ruzo deberá evaluar la responsabilidad de los organizadores a quienes se los acusará de facilitar la propagación del coronavirus.

El operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen organizado de San Nicolás y se puso en marcha a raíz de múltiples publicaciones en redes sociales que hablaban de una convocatoria a fiestas en un boliche bailable y en la vía pública.

Ante esas versiones se puso en conocimiento al Juzgado Federal desde donde se dispuso la intervención de los agentes para que se les indique a los organizadores que desactiven los encuentros para dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto que basado en el artículo 205 del Código Penal, impone las sanciones.

La fiesta que se había organizado en la calle ya contaba con antecedentes porque en Navidad habían convocado a una gran cantidad de público. Según informó la propia policía, los coordinadores desistieron de volver a realizarla. No fue la misma la actitud de la propietaria del local nocturno ubicado en las calles Fray Cayetano Rodríguez y San Martín denominado “New Tekila”.

La dueña del comercio esgrimió en su favor que contaba con todas las habilitaciones correspondientes y cumplía con los protocolos que se exigen. Además indicó que tenía al día el pago de tasas municipales y que el evento estaba previsto en el patio de su establecimiento.

De inmediato quienes daban cumplimiento a la orden judicial se comunicaron con los Bomberos de Policía de San Nicolás para que informen sobre el lugar y la superficie habilitada y como respuesta se supo que “el patio en mención no se encuentra y jamás se encontró habilitado, como tampoco obra en el legajo que posee bomberos un plano de mencionado patio”.

De allí en más, el personal de Drogas Ilícitas decidió una nueva comunicación con el juzgado desde donde ordenaron “realizar operativo orientado al local bailable, ya que los propietarios del mismo se volvieron a mostrar desinteresados a obedecer las notificaciones impuestas por el juzgado de intervención”.

Así fue como a las 04.35 horas del primer día de 2021 el personal que había arribado desde San Nicolás en conjunto con la Patrulla Rural de San Pedro y del Destacamento Policial de Santa Lucía, para cancelar la fiesta programada.

Una vez que sortearon a una persona que vigilaba la llegada de los móviles policiales y que había sido contratado por los organizadores “los propietarios del lugar abren el portón del patio trasero que se encuentra situado sobre la calle San Martín y hacen salir en forma rápida a los concurrentes que estaban en su interior como método de evitar que el personal policial llegara hasta el portón de salida”, casi como si se tratase de una fuga lograron demorar a un total de 14 mayores de edad y una joven menor que fueron trasladados al destacamento policial para notificarles la infracción. Mientras tanto en el local bailable la música cesó, se cerró el portón y ante la requisitoria de las autoridades “para que abrieran, los mismos nos responderían desde el interior, apagando las luces, por tal motivo se labraron las correspondientes actuaciones judiciales”, señala el parte de prensa al que accedió La Opinión.

Los jóvenes fueron identificados y trasladados al destacamento para ser notficados de la apertura de una causa en la Justicia Federal.

En las actuaciones se dejó constancia que “de los 15 infractores solo dos poseían elementos de bioseguridad (barbijo), los restantes se les fueron colocados mientras aguardaban ser notificados por lo que se requirió al hospital local de Santa Lucía que provea de los mismos”.

Tras labrar las actuaciones correspondientes los asistentes pudieron regresar a sus domicilios y los dueños del boliche afrontarán ahora el proceso en la Justicia Federal.

fiesta clandestina en Santa Lucía