Con el resultado de las elecciones en la mano, la administración de Cecilio Salazar tomó varias decisiones respecto del destino que tendrá personal de planta. Muchos empleados lo toman como parte de las reglas del juego en las que los sindicatos juegan un papel que tributa de manera obediente al poder. Otros, aceptan con resignación su destino.

El resto, la mayoría, toma nota de lo que puede llegar a pasarles si no colaboran en la campaña electoral o si sus convicciones no coinciden con el candidato de turno.

Ha sucedido en todas las gestiones y la frase “hay que salir a cazar traidores” acuñada al calor del kirchnerismo más rancio, nunca estuvo más vigente.

Cuando Cecilio Salazar volvió al cargo para el que había sido electo, varios de los aliados a su hijo Ramón fueron desplazados de sus cargos. Era lógico, ocupaban carteras de designación política y allí rodó la cabeza de Marcela Cuñer, uno de los pilares de la gestión que desde 2015 en alianza con el Pro y la UCR y luego con el Frente de Todos, sostuvo en pie la dinámica turística de la ciudad.

Entre los secretarios que “salvaron la ropa” están Javier Silva, responsable junto a Ramón del frustrado sorteo de las 84 viviendas, y el asesor letrado, Ricardo Uguet. Fabián Rodríguez se fue solo y al igual que Cuñer ostentaba su cargo desde que fue nombrado Juez de Faltas a principios de la gestión de Cecilio Salazar. De allí pasó a secretario de Hacienda. Luego, ostracismo.

Como se dijo, los nombrados eran funcionarios de designación política y por ende, absolutamente prescindibles para el timón firme que caracteriza a Cecilio Salazar a la hora de listar a los tibios, los fervientes o los que por conveniencia se van adaptando a su suerte con destinos como el Cementerio municipal o el Corralón. Allí purgan sus actividades los castigados.

Lo supo Adrián De Vito, un estrecho colaborador de Cuñer que es de cuna radical y fue derivado a la necrópolis tras ser director de Comisiones de Fomento. Lo aprendió Fernando Negrete, antecesor en el cargo, cuando tuvo que aprender a cortar pasto en el Puerto. Tomó nota el concejal Matías Franco, acusado de traidor tras las Primarias y los nombres sigue sin que sea necesario que La Opinión confeccione una lista prolija.

“Quién podría estar disconforme con la salida de Luciano Juhant”, se preguntó en Sin Galera tras los desastres que provocó cuando repatrió a una mujer y sus hijos para utilizar como vivienda una escuela rural y así garantizarle los sueldos a una directora y maestros que cobraban sumas jugosas por no tener alumnos y tener que viajar.

Quién podría quejarse de quien como pastor evangélico fue convocado por Mario Barbieri para ocupar una banca de concejal. Quién pelearía por él si a la vuelta de Barbieri armó su propia lista para ser intendente por el Frente de Todos junto a “La Dignidad” de Juancho Correa en las internas de 2019. Un día le duró la fidelidad, porque de allí saltó a obediente militante de Cecilio Salazar y más tarde a delegado de Santa Lucía.

Es cierto, nadie reclamará por quien muda tan rápidamente de ideas y desde Unidos por la Patria se va con Milei, los libertarios y Ramón Salazar. Semejantes vueltas no producen seguidores ni simpatías.

Pese a ello, el hecho objetivo es que la venganza llegó primero bajándolo de su cargo de delegado a chofer de ambulancia y ahora, a pocas horas de terminados los comicios, le avisaron que debía presentarse a trabajar como administrativo en el Corralón municipal.

Casi todos coincidirían con un “se lo merece”, pero cuando con recursos de todos se invierte dinero público en un trabajador sería preferible asignarlo a tareas más acordes a su rendimiento, porque se corre el riesgo de la “licencia psiquiátrica” a la que acuden ciertos personajes que pasan largos períodos cobrando su sueldo sin cumplir tarea alguna.

Un ejemplo claro es el de los sumariados por robar placas y mármoles en el Cementerio. Nunca los echaron, nunca culminó la etapa administrativa con las sanciones, porque si esas personas rompen el silencio ni las tumbas más antiguas resistirían los gritos de los negociados que se perpetran con los muertos.

Ahora, la fila de “condenados” corre con distinta suerte. Sucedió con Mauro de Rosa, que se lleva el premio mayor desde que dejó su lugar de chofer de Ramón para pasar a empleado raso y ahora a primer concejal electo por la lista de La Libertad Avanza.

Es como acertar los cuatro números a la quiniela o un pleno en el casino. Tiene cuatro años para representar las ideas libertarias junto a Viviana Riquelme, que se postuló en segundo lugar.

A un castigado camillero del Hospital que ya había sido condenado al Cementerio lo mandaron al Pasillo Público N° 2, sin escalas. Javier Sierra es desde el lunes “el empleado sin baño”, porque en el lugar los sanitarios no funcionan y hay que cruzar al Tiro Federal para encontrar un inodoro.

A Gustavo Franco, el exdirector de Obras durante el mandato de Ramón lo asignaron nuevamente a su función inicial en Parques y Jardines. Este empleado al que el pueblo sampedrino le pagó su sueldo durante todo este tiempo, tomó licencia.

A Sergio Ríos, un estrecho colaborador de Marcela Cuñer y sumamente capacitado en el área de Turismo, lo enviaron sin retorno al Corralón. Es el único que pudo renunciar e irse al sector privado sin tener que mendigar una defensa de sus derechos como trabajador.

Hay muchas caritas nuevas en varios sectores, premiados con los tristes decretos que nunca garantizan estabilidad. Esta lección que aprendieron muy bien las chicas superpoderosas que tenían más de 60 millones de pesos asignados en el presupuesto 2023 y se cansaron de vociferar que el intendente es misógino, violento y maltratador, devenidas ahora en repartidoras de boletas con poses cuasi obscenas de obediencia debida al mandato del patriarca.

Es antipático, pero es real. ¿Serán medidas con la misma vara que los empleados que no tienen quién se preocupe por su destino?

La lista sigue con los integrantes de una familia bastante particular. Allí anidan los que son destinados al Centro de Monitoreo, al sector administrativo o de mucamas del Hospital e incluso a despachos más cómodos que los habituales.

Tal es el caso de la concejal Soledad Llul, que pasó de ferviente guerrera a subsecretaria legislativa primero y a un un hermoso cuarto lugar en la lista de ediles que tributa al intendente después. Otros beneficiarios son los que ya integran la lista de aspirantes a formar parte de la planta permanente.

En agosto por ejemplo se concretaron algunos nombramientos que estaban “en el aire”. Una activa y conflictiva empleada del Hospital que tuvo a maltraer a varios compañeros se enojó el fin de semana cuando se dio a conocer el decreto que le otorga una relación de dependencia estable pese a tener mucha menos antigüedad que otras conocidas operadoras de campaña en redes sociales.

Su sola mención provocó una velada amenaza y el método del “escrache” habitual que desmiente publicaciones periodísticas. Se trata de Rosalía Piernabieja cuya designación es muy similar a la que logró con mucha rapidez el joven Kieven Chiarella Ocampo en el lugar donde se revisan las cámaras de seguridad. Todo lo que aquí se expresa está entre los decretos que deben ser publicados en el Boletín Oficial.

El decreto 948 del 28 de junio de 2023 no es novedad porque siempre en su Anexo I exhibe un largo listado de nombres y apellidos cuya estabilidad pende del delgado hilo que sostiene a los “temporarios”, una modalidad que desde más de una década mantiene en la cuerda floja tanto a meritorios —como el personal de la carrera médica profesional— como a los acomodados.

En esa lista eran casi 250 los que revisten esa condición y entre ellos estaba hasta el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio.

Así como durante la gestión de Pablo Guacone fue menester comenzar a analizar las cuentas y las decisiones, conviene hacer saber que esta no es una misión que sólo le corresponde a la prensa. Es el Concejo Deliberante el que debe velar por todo tipo de cuestiones administrativas y por el efectivo cumplimiento de la normativa que obliga a la apertura de datos públicos que en la mayoría de los municipios se cumple.

empleados temporarios