La jueza en lo Correccional Luciana Díaz Bancalari hizo lugar a un hábeas corpus solicitado por la Defensoría General que ordena, entre otros puntos, el inmediato traslado a una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Nicolás Rivero, uno de los dos detenidos por el Caso Andreani que tiene prisión preventiva, el único que queda en San Pedro.

El imputado todavía está alojado en un calabozo de la dependencia local, pero el fallo de la jueza obliga a que el SPB tome medidas de carácter urgente para disponer su traslado, aunque claro que para eso debe generarse el cupo en una unidad penal, algo que no ocurre con la premura que pretendería el fallo.

Durante la audiencia en la que comparecieron los detenidos alojados en la comisaría el martes pasado, antes del fallo que excarceló a cinco de los siet detenidos por el caso Andreani, la Justicia constató que “el cupo se encuentra excedido en tres personas, que las viandas de alimento no llegan en tiempo oportuno y que son de mala calidad” y que hubo quejas respecto del régimen de visitas y las requisas a los presos.

El hábeas corpus dispuso, además del traslado de Rivero, que en la Comisaría no haya detenidos en el calabozo para preventores —aunque está clausurado, habían alojado allí a los contagiados con COVID-19, por prevención—, y ordenó la “prohibición absoluta de las requisas personales que no guarden los estándares establecidos”.

Sobre las visitas, pidió que se acondicione un espacio que permita el contacto con los familiares y un mínimo de privacidad sin que por ello implique no tomar resguardos de seguridad pertinentes al respecto.

También hubo, otra vez, un llamado de atención respecto del comercio donde se compran las viandas para los detenidos. La jueza exigió que se implemente un libro rubricado sobre la entrega de viandas a cada detenido y que se deje constancia si ellos se niegan a recibirlo, al tiempo que remitieron copias a Fiscalía General para que investigue “la posible comisión de delitos de acción pública” respecto del servicio de comida.

Además, en ese sentido, dispusieron la remisión de una copia del fallo a la Municipalidad para que ordene una inspección bromatológica en el comercio “Mira que no”, ubicado en Libertad al 1560, propiedad de Analía Lorena Sánchez, quien en su momento, ante un cuestionamiento similar, contó en el aire de Sin Galera cómo funcionaba el servicio de viandas que le contrata la Comisaría.

El Juzgado volvió a recordar que el Ministerio de Seguridad fue emplazado a cumplir con un expediente de obra en el que quedó establecida la necesidad de refacciones integrales en la dependencia policial local, para lo que el Gobierno provincial debe disponer los recursos correspondientes y ejecutar las tareas previstas.

Defensoría general