El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Defensora General Celina Berterame por las condiciones de detención de 14 presos que estaban alojados en una oficina con rejas de la Jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado que conduce el comisario Gabriel Saldaña, que no contaba con autorización para tener detenidos.

Los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano consideraron acreditado el agravamiento de las condiciones de detención de 11 varones y 3 mujeres, entre ellos varios sampedrinos, que compartían la misma “celda”, que en realidad era una oficina a la que el jefe de la DDA le colocó, por su cuenta y sin autorización alguna, una reja para convertirla en calabozo.

El fallo judicial obligó a remitir a los detenidos a la Unidad Penal 3 de manera urgente al tiempo que dispuso prohibir el alojamiento de personas en la Jefatura que conduce Saldaña y retirar dentro de los 15 días las rejas ilegales que dispuso, “bajo apercibimiento de formar causa por desobediencia”.

Todo comenzó cuando la Defensora General habló por teléfono con Romina Balenzuela, detenida por venta de drogas, oriunda de Río Tala, donde la conocen como “La Chinguda”, aunque su familia sostiene que ninguno de sus allegados la llama por ese apodo. En esa comunicación, la presa le informó a Berterame las condiciones de detención en las que estaba.

Tres funcionarios de Defensoría se presentaron en la dependencia que conduce Saldaña para constatar lo que parecía un insólito relato por parte de Romina Balenzuela. Para su sopresa, todo era cierto: en una oficina de aproximadamente tres metros por dos, sin ventilación, sin agua corriente y sin baño había 14 personas.

Los detenidos informaron que a partir de las 23.00 tenían que “hacer sus necesidades en un balde o una botella hasta las 8.00 del día siguiente”.

En su descargo, según obra en el fallo al que tuvo acceso La Opinión, Saldaña dijo que “cuando comenzaron a recibir personas detenidas las mantenían esposadas en un banco, hasta que en el año 2019 comenzaron a recibir muchas personas detenidas por lo que decidieron colocar rejas en dos oficinas diferentes, situación que se mantiene hasta el día de la fecha”.

En una audiencia del 18 de marzo, el comisario Abiel Saldaña reconoció que su dependencia no está habilitadoa para alojar detenidos y que “improvisó” de “forma provisoria” un calabozo, para lo que colocó rejas en una oficina “para no tener a una persona esposada en un banco por 45 días”. En ese mismo acto, el jefe de la ex DDA dijo que había informado de la situación al Juzgado de Garantías.

Cuando le preguntaron de dónde salieron los recursos para colocar esos barrotes, informó que los había pagado de su bolsillo.

La jefatura que conduce Saldaña es una Unidad Investigativa creada para el traslado de detenidos pero en tránsito hacia su lugar de alojamiento. Ya en 2018 habían informado a Garantías que no había personal ni calabozos ni sanitarios disponibles para tener presos.

Ni siquiera hay partida asignada para alimentos o elementos de limpieza e higiene personal. Saldaña dijo que hasta dispuso una heladera de su propiedad para que los reos guardaran comida.

En su descargo, el comisario de la policía de investigación de drogas dijo que las dependencias de la Jefatura Departamental de Seguridad no admitían a los detenidos provenientes de las causas en las que su área intervenía, por eso, también, se vio en esta situación ahora denunciada.

Al otro día de la audiencia hubo una pelea en al improvisado y clandestino calabozo. Romina Balenzuela se peleó con las otras dos mujeres que estaban allí, rompió un vidrio y amenazó con cortarse. Tuvo que presentarse un defensor oficial para dialogar con ella.

Saldaña y el titular de la Defensoría 3, Joaquín Castro, lograron calmarla. La detenida por venta de drogas dijo que se sentía mal por estar encerrado en ese pequeño espacio, reconoció que el trato con el personal policial era bueno pero expresó su deseo de ser trasladada al anexo femenino de la UP 3.

La Defensora General consideró que en la dependencia en cuestión había 14 personas “sometidas ante un agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención”.

El Tribunal entendió lo mismo y destacó que no hay autorización para alojar presos en ese lugar, puesto que nunca tuvo calabozos. Para los jueces, la situación implica una “emergencia de la seguridad en el Departamento Judicial de San Nicolás” y “no puede sostenerse un día más”.

López y Baquedano ordenaron notificar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acerca del fallo. “Sin desconocer la estructura jerárquica de la fuerza policial, la orden de mando no debe ser cumplida cuando la misma es a todas luces ilegítima”, recordaron en la resolución, que también tiene como destinatario al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses.

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