Un edificio en busca de otra excepción
Los constructores de un condominio de departamentos se excedieron en seis metros de lo habilitado y ahora piden una reformulación de aquella ordenanza de excepción que los favoreció en 2007. El Concejo Deliberante tiene el expediente y no hay muchas posibilidades de que prospere. El control de las obras en construcción en la mira.
En el año 2007, el arquitecto Leonardo Uguet se vio favorecido con una excepción a la ordenanza de uso y ocupación del suelo (la llamada “San Pedro 2000”) para la construcción de un edificio de 18 metros en calle Uruguay, entre Las Heras y San Martín. Seis años después, el edificio está terminado pero se pasó seis metros de lo autorizado.
De ello da cuentas un expediente que ingresó al Concejo Deliberante antes de que finalizara el período ordinario y que presentó el propio Departamento Ejecutivo, como quien reconoce el pecado y pide una redención ante la imposibilidad de retrotraer el mal hecho.
El texto en cuestión dice que “de acuerdo a plano conforme a obra presentado en Expediente Municipal Nro. 4107/7357/2011 por el arquitecto a cargo, la construcción final del edificio ha alcanzado una altura de 23,90 metros”.
El Gobierno de Pablo Guacone entiende que para la aprobación definitiva de esta obra “resulta indispensable modificar el artículo 1°” de la ordenanza original, para autorizar la nueva altura, que el constructor alcanzó en clara violación a la norma vigente.
“La altura superada no se visualiza sobre la línea municipal, por lo cual no impacta directamente sobre calle Uruguay”, justificó el Ejecutivo en los considerandos del proyecto, donde aclara que “de no producirse la modificación indicada, no sería posible regularizar la obra en cuestión ya concluida, generando un eterno problema para todos los condóminos del edificio”.
Ello significa, ni más ni menos, que quienes compraron los departamentos que conforman ese edificio no pueden escriturar, ya que el plano no está aprobado. Si el Concejo no da el visto bueno a la propuesta de modificación de la ordenanza original, algo que por el momento es muy probable, ya que nadie quiere quedar “pegado” con la validación de una irregularidad flagrante.
El problema son los juicios. Un camino que tienen los propietarios que compraron sus departamentos es recurrir a la Justicia, ya que su adquisición fue de buena fe y hoy sufren las consecuencias de la violación de la legislación en la que incurrieron los constructores.
Un problema recurrente
El caso de este edificio es una arraigada costumbre sampedrina. El año pasado, un informe del Frente de Todos contabilizó unas cien obras, de ellas 70 de envergadura, sin el cartel correspondiente, lo que hacía suponer a priori que si no eran clandestinas por lo menos estaban violando la ordenanza que obliga a tener visible responsable y número de expediente municipal que autoriza la construcción.
Como este, varias obras han ido a pedir una reformulación de plano. El problema es que esto es excesivo, porque se trata de un edificio en altura beneficiado nada menos que con una de las tantas y polémicas excepciones a la San Pedro 2000 bajo la mentirosa excusa de “aportar solución a la demanda generada por el déficit habitacional que padecemos en estos tiempos” (eso dice, textualmente, el proyecto original).
Hay otros. Varios parados. El cambio en obras públicas generó algunos movimientos. Aunque, claro, con un inspector y un chofer, difícilmente puedan controlarse todas las irregularidades en una ciudad en la que, como tantas otras del boom sojero, el ahorro de los que se beneficiaron con los buenos precios está en ladrillos.
El otro problema es que muchos de los constructores y empresas a cargo de las obras tienen no sólo una flexibilidad moral relacionada con las ordenanzas vigentes, sino que además no vacilan en advertirle a quien ose controlarlos respecto a la posibilidad de irse y dejar a los trabajadores en la calle o acaso “pinchar” a los obreros para que encabecen manifestaciones “en defensa de los puestos de trabajo”.
Hay de todo. Otros procuran cumplir con las leyes. Otros van a la municipalidad, abren un expediente para construir dos viviendas de trece habitaciones y ponen un hotel, construyen dos pisos más y nadie les dice nada. Nunca les clausuraron la obra. Ni siquiera el emprendimiento turístico, que todos los fines de semana está lleno, a pesar de no contar con la habilitación correspondiente, algo que La Opinión denunció en una investigación de 2009 –sí, hace más de cuatro años–, cuando puso en evidencia el gran circuito que opera en negro en materia de prestadores de esa actividad.
Un expediente
con destino de cajón
En el Concejo Deliberante recibieron con sorpresa el expediente en el que el Ejecutivo solicita la modificación para la excepción. Mario Sánchez Negrete, el autor del informe sobre el boom de obras clandestinas, dijo en su momento que le parecía “una locura” la propuesta del Gobierno.
El expediente duerme en la Comisión de Planeamiento. Hasta que no vuelva el periodo ordinario de sesiones, en abril del año que viene, ni lo leerán. Pero dentro del HCD saben que firmar un dictamen favorable es casi una condena.
Es que el pedido de modificación resulta incómodo para el propio Gobierno de Guacone, que legitimó con él su falta de control. El reconocimiento de esa irregularidad podría provocar una victoria en la Justicia del constructor que pide que le autoricen lo que sabe que hizo de manera ilegal. Pero es cierto: si lo hizo, es porque nadie lo controló; y difícilmente un Juez obligue una demolición.